Correo basura
La publicidad no deseada sigue llegando como una avalancha a las cuentas de correo electrónico y se ha convertido ya en uno de los problemas más graves de Internet. La mitad de los e-mail que hoy se envían en el mundo, más de mil millones diarios, contienen esa publicidad pirata que nos ofrece desde un fin de semana en una casa rural hasta un timo nigeriano y que se conoce como spam, recordando una marca de carne enlatada del grupo Hormel Foods inmortalizada por los Monty Python en una escena en un restaurante donde sólo se servía esa carne y no había forma de pedir otro plato. Para poner una barrera a la invasión de correo basura la Unión Europea alumbró la Directiva Vida Privada y Comunicaciones Electrónicas, en vigor desde el 31 de octubre pasado, que se apunta al sistema denominado opt-in y obliga a contar con el consentimiento expreso previo del usuario. La norma se aplica también a los mensajes cortos a través de teléfonos móviles. Hace un año que esa prohibición se transpuso en España con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conocida como Ley de Internet, en la que se censuró el spam de raíz ignorando que acabar con él es imposible, ya que siempre puede remitirse desde países ajenos al ámbito de la UE utilizando listas compradas o robadas.
El Gobierno acertó al transponer la directiva comunitaria y estaba en su derecho de reforzar su cumplimiento, prohibiendo las comunicaciones publicitarias que no hubieran sido solicitadas o autorizadas, pero para el colectivo que utiliza el correo electrónico con fines comerciales y de marketing esas limitaciones eran excesivas y ahora ha logrado que se levante la prohibición al correo comercial no solicitado en el caso de que exista relación contractual. Utilizando el paraguas de la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor el 5 de noviembre, se ha modificado mediante una disposición final el artículo 21 de la Ley de Internet y se liga el envío de publicidad electrónica a una compra previa, ignorándose la aprobación del cliente. Sin su consentimiento, las empresas pueden enviarle propuestas siempre que sean sobre productos o servicios similares a los que fueron objeto de contratación, y que le ofrezcan un procedimiento sencillo y gratuito para oponerse al uso de sus datos con fines promocionales, lo que obliga a consultar las llamadas listas robinson donde se apuntan los que no quieren recibir anuncios. Un cambio indeseable y que además es tildado de insuficiente por los defensores del marketing electrónico. En España hay muchas empresas con millones de clientes y usuarios que van a recibir un correo invasivo para el que no han dado su consentimiento y para el que sólo queda la esperanza de que sus remitentes sean lo bastante sensatos como para remitirles publicidad comercial con algún interés.
El spam está comenzando a alejar a los usuarios de Internet del correo electrónico y puede dañar gravemente el desarrollo de la sociedad de la información. Los internautas aman el e-mail, pero el abuso va en contra de su popularidad y lo que es una molestia empieza a ser un problema grave, cuando se calcula que una empresa con mil empleados recibe, como media, más de 2,1 millones de mensajes no solicitados por año.
La Comisión Europea cifra en 10.000 millones el dinero que el 'spam' roba a los usuarios del correo electrónico
No es fácil cuantificar las horas que los usuarios de Internet pierden manejando spam, ni el espacio que ocupan los millones de bits cargados de basura no solicitada, pero hace ya meses que la Comisión Europea valoró en 10.000 millones de euros el dinero que esa práctica roba a los que utilizan el correo electrónico en todo el mundo. Y eso sin contar el gasto en los programas que bloquean estos mensajes. Las cuentas de correo como Yahoo o Hotmail ya incluyen filtros y el navegador Mozilla ha incorporado uno que actúa de modo heurístico, igual que como se detectan los virus informáticos. La denostada Ley de Internet tenía algo muy bueno: su oposición radical al spam que ha permitido que mientras que en el mundo lo sea uno de cada dos mensajes que llegan a los buzones electrónicos, en España sólo lo es uno de cada cuatro, y eso que muchas empresas se han pasado un año enviando correos para que se les admitiese la recepción de sus comunicaciones. Si esas empresas cayeran en el abuso, habrá que rectificar el mal paso atrás que acaba de darse, y que no se debió dar, incorporando otra disposición final en alguna otra ley para defender así el desarrollo la sociedad de la información.