COLUMNA

¿Pero hay superávit?

En el debate en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, el Gobierno anunció un superávit presupuestario en 2003 del 0,5% del PIB; la previsión era de equilibrio. La reacción no se hizo esperar, el secretario general del Partido Socialista propuso destinar dicho excedente de las cuentas públicas a gasto social: vivienda, becas y residencias para mayores, y el ministro de Hacienda afirmó que dicho superávit anunciaba más bajadas de impuestos en los años futuros y la dedicación de más recursos a la inversión pública.

Según información aparecida en la prensa, el secretario general del Partido Popular considera que, si gana, dedicará parte del superávit a garantizar las pensiones, a bajar los impuestos y a reducir la deuda.

¿Cómo es posible que tanto el Gobierno como el principal partido de la oposición estén dispuestos a vender superávit y a proponer su reparto, antes de saber si realmente existe? Es posible que en el ámbito del presupuesto consolidado de la Administración central pudiera existir a finales del corriente año un superávit del 0,5% del PIB, consecuencia de un superávit en la Seguridad Social del 0,8% y de un déficit del Estado del 0,3% del PIB. Pero el superávit (o déficit) debe calcularse no con los criterios de contabilidad pública, sino con los establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC-95), tanto dentro del propio ámbito legal de los Presupuestos Generales del Estado como de agentes no incluidos en los mismos.

El Gobierno se desinteresó de la inflación desde el ingreso en la UEM, y eso se pagará con menor crecimiento futuro

Dentro de los primeros, podríamos citar la financiación de construcciones militares realizadas por empresas públicas (Bazán, hoy Izar, y otras), la financiación de infraestructuras ferroviarias e hidráulicas realizadas por el ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y Sociedades Mercantiles de Aguas, y dentro de los segundos se encuentran las pérdidas de RTVE financiadas con deuda avalada por el Estado, al no haberse consignado en el Presupuesto del Estado subvención en cuantía adecuada para financiar los programas de servicio público, y las operaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por tratarse de un holding público encargado de gestionar la reestructuración del sector público empresarial. Todo ello supone un déficit encubierto del 1% del PIB, y por tanto, aun suponiendo que el ámbito presupuestario de la Administración central, hubiera a finales de 2003 un superávit de medio punto del PIB, realmente existiría un déficit de 0,5% con criterios de contabilidad nacional, que es el método que debe utilizarse para calcular el déficit. Lo que hay para distribuir no es superávit sino déficit.

Por otra parte debe tenerse en cuenta que para los entes territoriales hay previsto un equilibrio global de sus cuentas públicas; sin embargo, dado que la sanidad ha sido transferida a todas la comunidades autónomas y que su gasto en el corriente año evoluciona a tasas muy superiores a la prevista, unido a la existencia de empresas de las comunidades autónomas, que con arreglo al SEC-95 deben ser consideradas administración pública, lo más probable es que a finales del corriente año sus cuentas no estén equilibradas en términos de contabilidad nacional.

Además, el superávit declarado por el Gobierno se ha debido, no a una mayor actividad económica real, ya que ésta será menor en 0,7 puntos respecto a la prevista (3%), sino a la inflación, ya que el deflactor del PIB será superior en 1,5 puntos respecto al previsto (2,8).

Dado que los ingresos son función del PIB monetario y éste, a consecuencia de la inflación, va a superar el previsto al elaborar los Presupuestos 2003, el superávit al que el Gobierno se refiere tiene su origen exclusivamente en la inflación, que es el peor de los impuestos por gravar más que proporcionalmente a los de menor renta.

Si distribuimos el superávit originado por la inflación, estamos echando más leña al fuego que tenemos de fuerte diferencial con respecto a la media de los precios de la UE, que está originando un fuerte déficit de nuestra balanza comercial por pérdida de competitividad. Pero de la inflación el Gobierno se desinteresó desde que ingresamos en la unión económica y monetaria (UEM) y esto se pagará con un menor crecimiento futuro.