La energía verde, una aclaración necesaria
La llamada energía verde sólo será beneficiosa para el medio ambiente si supone un aumento de las instalaciones renovables, según los autores. En su opinión, para evitar confusiones, son necesarios sistemas de certificación que definan este tipo de energía
En las últimas semanas los consumidores están siendo bombardeados con campañas sobre la energía verde. Ante esta situación parece conveniente tratar de arrojar algo de luz sobre esta cuestión, en beneficio tanto de los consumidores como de las propias energías renovables que se pretende desarrollar mediante este sistema.
En primer lugar, es preciso señalar que la comercialización de energía verde no es un nuevo fenómeno. En otros países europeos existe desde hace algunos años, y en el sistema eléctrico español es posible desde que comienza su liberalización. De hecho, ya desde hace tiempo había ofertas de energía verde por parte de una pequeña comercializadora, Electranorte. Sin embargo, no es hasta la entrada de las grandes compañías, Endesa e Iberdrola, cuando se abre el debate sobre esta cuestión. El debate tiene muchas cuestiones complejas y matices, pero las tres preguntas fundamentales son: ¿qué se debe considerar energía verde?, ¿va el consumo de esta energía verde a mejorar el medio ambiente? y ¿se debe pagar un sobreprecio por ella?
En España existe un régimen de primas a las energías renovables que ya compensa su sobrecoste
La energía verde es aquella que procede de fuentes de energía renovables, es decir, que utilizan los recursos a un ritmo menor o igual al que se producen. El consenso general es considerar como tales a la energía eólica, solar, biomasa -siempre que provenga de cultivos o explotaciones sostenibles- y minihidráulica (además de otras minoritarias hasta ahora como la energía geotérmica o la de las olas).
La inclusión entre las energías verdes de la gran hidráulica (asociada a grandes presas) o de la energía de los residuos es cuando menos discutible, la gran hidráulica debido a su elevado consumo de recursos naturales, y la de los residuos por no tener estos en su mayor parte carácter renovable. Sin embargo, la Unión Europea o algunos sistemas de certificación como RECS sí las consideran energías renovables. Parece, por tanto, razonable establecer sistemas de certificación universalmente aceptados que definan la energía verde sin ambigüedades, para evitar confusiones en los consumidores.
En respuesta a la segunda pregunta, ¿va a mejorar el medio ambiente la compra por parte de los consumidores de esta energía verde? Pues depende básicamente de si esta compra va a suponer más instalaciones de energía renovable o no. Si la energía verde ofertada por las empresas procede de instalaciones existentes, que ya están aportando energía al sistema, evidentemente no va a promover el desarrollo de las renovables. Simplemente, unos consumirán energía más verde y otros más sucia, pero el impacto medioambiental total no cambiará. Pero, si se obligara a que toda la energía verde comercializada procediera de nuevas instalaciones que sustituyeran a las centrales tradicionales, se aumentaría la participación de las renovables en el sistema y, por tanto, mejoraría el medio ambiente. También se lograría el mismo efecto si mucha gente demandara cambiar su energía tradicional por energía verde y esto obligara a construir nuevas instalaciones (esto no es muy esperable, dados los escasos resultados obtenidos en otros países europeos por las comercializadoras verdes).
Y la última pregunta es: ¿debemos pagar más por esta energía? También la respuesta es variable, pero en general, en nuestro país, podemos decir que en casi ningún caso es necesario. Esto es así porque en España existe un régimen de primas a las renovables que ya está compensando su sobrecoste y que ya está siendo pagado por todos los consumidores en la tarifa. Así pues, el sobreprecio sólo tiene sentido si la energía que se ofrece no está acogida al sistema de primas o a la que las primas no bastan para hacerla rentable. Por tanto, nunca deberían los consumidores aceptar energía ya primada (como casi toda la eólica) o ya rentable (como la hidráulica) con un sobreprecio, salvo con el compromiso de que ese sobreprecio servirá para financiar instalaciones renovables no rentables.
Podemos concluir, pues, que la energía verde sólo va a ser beneficiosa para el medio ambiente si supone un aumento de las instalaciones renovables (bien entendidas), para lo que quizá haya que pagar un sobreprecio. Los esquemas que simplemente mueven la electricidad de consumidor, y además cobran un sobreprecio por energías que ya son rentables, no tienen demasiado sentido, salvo que haya tantos consumidores que cambien a energía verde que obliguen a construir nuevas instalaciones. Sería muy deseable que las empresas que ofrecen energía verde clarificaran estos aspectos en beneficio de los consumidores.