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Columna
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Qué flexibilidad laboral

Carlos Sebastián

En unas recientes declaraciones a este periódico, el líder sindical José María Fidalgo, tras alabar con algunas reservas la política del Gobierno, declara aceptar una mayor flexibilidad a cambio de una intensificación de la inversión productiva.

El mayor logro en el terreno laboral en los últimos años ha sido la atmósfera de colaboración con los representantes de los agentes sociales, que puede haber contribuido a la moderación salarial: en los ocho años entre 1994 y 2002 el salario real ha aumentado un moderado 1,8% (un 0,2% de media anual). Esta evolución a lo largo del último auge ha sido muy positiva y ha contribuido a la fuerte generación de empleo.

Pero el clima negociador no ha sido utilizado para avanzar seriamente en la reforma laboral. El único intento relevante de reforma, el de las prestaciones por desempleo, fue gestionado de una forma muy desafortunada y, precisamente, sin apelar en absoluto a la negociación.

Otros asuntos relevantes, aparentemente sencillos, como estimular un cambio en el grado de concentración de la negociación colectiva para que pierdan peso los convenios a nivel sectorial, ni siquiera han sido planteados. Probablemente porque este cambio va en contra de los intereses de los aparatos de las organizaciones patronales y sindicales.

La declaración de aceptar 'flexibilidad a cambio de inversión productiva' suena bien, en principio. Pero más allá de su música, la letra despierta muchas dudas. En primer lugar, porque no se dice de qué flexibilidad se está hablando. En segundo lugar, porque lo que se pide a cambio, la inversión productiva, no está controlada por ninguno de los potenciales interlocutores de los sindicatos (Gobierno y organizaciones patronales).

Sin embargo, sería interesante una propuesta que mantuviera la música y reformulara la letra. A cambio de la reforma de la regulación laboral se podrían pedir determinados programas de inversión de las Administraciones públicas y reformas en la regulación de los mercados de bienes y servicios. Entre los primeros podrían estar algunas infraestructuras, estímulos al I+D y programas de formación. Las segundas tendrían especial sentido como propuesta para aceptar una mayor flexibilidad.

En primer lugar, porque siendo verdad que España tiene un exceso de regulación laboral no es menos cierto que la regulación de los mercados de los productos es asimismo excesiva. En segundo lugar, porque hay una evidencia creciente de que la desregulación en ambos tipos de mercados se potencian entre sí. Es decir, que un cierto grado de desregulación laboral tiene efectos más positivos si va acompañada de reformas en los mercados de productos.

En la OCDE se ha realizado un intento de valorar la regulación en los mercados de trabajo y de productos en los países miembros. Resulta que sólo hay tres países (Grecia, Portugal e Italia) que tengan una regulación más restrictiva que España en los dos tipos de mercados.

Las regulaciones en los mercados de productos van desde los trámites burocráticos para crear una empresa, al grado en el que los distintos niveles de la Administración influyen directamente en las decisiones empresariales, pasando por las distintas trabas a la competencia y por la fijación de los precios.

Las regulaciones laborales en las que se fija la clasificación de la OCDE son los costes de despido y las restricciones a la negociación colectiva (siendo las peores las que conducen a que el nivel sectorial de negociación sea la norma general).

Hay, por tanto, reformas que hacer en ambos ámbitos. Y tendría todo el sentido condicionar los avances en uno de los ámbitos (el laboral) a las reformas en el otro.

Los resultados de los estudios del citado grupo de la OCDE apuntan a que los retrasos en productividad están condicionados por la mala calidad de las regulaciones en los mercados de productos y de trabajo. Existe, por cierto, una correlación entre grado de regulación en los mercados de productos por un lado y nivel de corrupción y calidad de cumplimiento de leyes y contratos por otro. Una correlación que ya se encontró para una muestra mayor que la de los países de la OCDE.

Catedrático del Análisis Económico de la Universidad Complutense

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