COLUMNA

Otoño romano para la UE

Josep Borrell advierte que la no aprobación del proyecto de Constitución en la próxima cumbre de la UE de Roma supondría sumir a los países europeos en una grave crisis y pondría en riesgo la ampliación europea

El pasado domingo el referéndum letón puso la penúltima piedra de la construcción de una UE con 450 millones de habitantes. Y el próximo fin de semana empieza en Roma la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe debatir y, en su caso, aprobar el proyecto de Constitución europea. Los 15 actuales miembros deben todavía ratificar el Tratado de Adhesión, pero eso no parece difícil porque en todas partes se recurrirá al voto parlamentario. La CIG, en cambio, se presenta como un ejercicio de alto riesgo.

Aunque no hayan hecho todavía su entrada oficial en la Unión, los nuevos miembros participarán plenamente en la CIG romana, que será el primer test del funcionamiento de una Europa con 25 Estados miembros que tiene que decidir por unanimidad.

El éxito no está asegurado. Si cada Gobierno quiere modificar lo que no le gusta del delicado equilibrio construido en la Convención, será muy difícil que consigan un consenso mayor del que se les propone. Alguien puede querer utilizar su veto, lo que situaría a la UE en una grave crisis institucional. Esperemos que no sea la España de Aznar la que asuma esa responsabilidad.

Aunque en el 90% de la Constitución europea se haya hecho lo que había que hacer, en el 10% restante unos y otros mantienen posiciones antagónicas

Alemania, Francia y el Reino Unido asumen, sin grandes modificaciones, el proyecto constitucional. Pero el presidente de la Comisión sigue insistiendo en que cada país esté representado por un comisario. Los nuevos miembros, junto con los actuales de menor población, salvo los del Benelux, han afirmado en Praga su voluntad de revisar en profundidad el texto surgido de la Convención. Nuestro Gobierno, que no fue invitado a la reunión de Berlín y tampoco asistió a la de Praga, sigue defendiendo el reparto de votos decidido en Niza e incluir referencias a las raíces cristianas de Europa. Y en Riva del Garda, 16 ministros de Exteriores sobre 25 han decidido un debate en profundidad sobre los temas más importantes.

Aunque todos afirman que en el 90% del texto propuesto por la Convención se ha hecho lo que se debía hacer, en el 10% restante, unos y otros mantendrán posiciones antagónicas que será imposible reconciliar. Y aunque, a última hora, nadie quiera asumir la responsabilidad del fracaso de la CIG, todavía habrá que ratificar el acuerdo y en varios países, entre ellos España, se hará por referéndum. Y aquí surgen nuevos riesgos, augurados por lo ocurrido con el tratado de Niza.

La actitud de la izquierda europea será determinante para el proceso de ratificación. Entre los socialistas españoles la defensa del proyecto de Constitución es unánime, pero no así en Francia y Suecia. El debate en el seno del Partido Socialista francés adquiere una especial intensidad, con las tendencias minoritarias, pero también algunos miembros de la actual dirección, proponiendo hacer campaña por el no en el futuro referéndum. Argumentan que ya apoyaron, a pesar de sus muchas reservas, el Tratado de Maastricht, aprobado por los pelos, y que desde entonces las clases populares se han distanciado enormemente de un proyecto europeo dominado en lo económico por los planteamientos neoliberales.

El proyecto de Constitución, elaborado por consenso en la Convención, está muy lejos de ser perfecto. Es comprensible la oposición que se manifiesta desde la izquierda y los movimientos sociales al mantenimiento de la unanimidad para los temas fiscales y sociales, a la irresponsabilidad del BCE frente al crecimiento y el empleo, a la desconfianza sobre los servicios públicos, al mantenimiento de un Pacto de Estabilidad inadaptado, a la falta de una verdadera coordinación de las políticas económicas para el empleo, etc.

Pero volver a Niza sería mucho peor. La alternativa que se avanza al menos en varios ejes de la dimensión política europea: la inclusión con carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos fundamentales; un Parlamento con más capacidad legislativa que elegirá al presidente de la Comisión teniendo en cuenta el resultado de las elecciones europeas; un Consejo de Ministros convertido en una especie de Senado que representa a los Estados, aunque así no se le llame; una regla de decisión simple para las cuestiones no sometidas a la unanimidad (mayoría de Estados que representen el 60 % de la población; el derecho de iniciativa ciudadana que permitirá presentar un proyecto de ley apoyado por un millón de firmas, etc.

Ninguna de estas iniciativas se hubiera aprobado en una CIG cuyo método se agotó en Niza. Por eso no debieran los Gobiernos 'desconstruir' la propuesta de la Convención y evitar el riesgo de una grave crisis que pondría en riesgo la ampliación y sería el triunfo de los que sólo quieren que sea un espacio de librecambio y no un actor global al servicio de los valores políticos que el proyecto de Constitución proclama.