Números cada vez más complejos
Como todos los años por estas fechas, nos encontramos con la cada vez más difícil tarea de analizar los Presupuestos Generales del Estado, dado el alto grado de descentralización del gasto, menor en el caso de los ingresos. Tampoco el ciclo presupuestario es público con suficiente antelación, al comenzar el debate público a tres meses del inicio del periodo presupuestado. La escasez de información sobre la ejecución y liquidación del gasto y el retraso de parte de la información tributaria diluyen el valor de la información presupuestaria.
Dejando atrás estos problemas, los Presupuestos de este año, o lo que sabemos de ellos, no aportan excesivas novedades. El cuadro macroeconómico vuelve a plantear un escenario demasiado optimista. Un crecimiento del 3% sólo sería viable si la economía europea saliese del estancamiento actual o el ciclo de la construcción mantuviese casi intacto su ritmo de crecimiento actual. Lo segundo es factible, pero lo primero no, por lo que un crecimiento algo inferior es más plausible (en el rango 2,3%-2,5%), como refleja la mayoría de previsiones. Además, la previsión de inflación, medida por el deflactor, se me antoja muy reducida (2,9%), pues no es muy coherente plantear una aceleración de la actividad con reducción la inflación casi a la mitad. La parte positiva de una mayor inflación es que la recaudación aumenta, a pesar de que el crecimiento sea menor, como ha ocurrido este año.
Yendo más al fondo del proyecto, el presupuesto incide en la idea de equilibrio presupuestario, algo sobre lo que ya parece que existe consenso social y político, como se ha visto en las alternativas presentadas por la oposición política. Se echa de menos, sin embargo, la introducción de algún criterio que armonice la capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones públicas. Por ejemplo, en el ejercicio 2002 fue compatible el equilibrio presupuestario con un aumento del nivel de endeudamiento del 4%, lo que en parte nos está diciendo que el nivel real de gasto ha sido superior, siendo éste en forma de activos financieros o en forma de avales públicos. Con esta armonización se aproximaría mejor la realidad de estabilidad presupuestaria.
Se echa de menos la introducción de criterios que armonicen la capacidad o necesidad de financiación de las Administraciones públicas
Este Presupuesto es, en general, ligeramente más contractivo que los anteriores, ya que los gastos (3,9%) e ingresos (5,9%) crecen por debajo o igual que el PIB nominal previsto (5,9%). En el lado del gasto es donde existe mayor confusión para un ciudadano normal, al entrar en liza las transferencias a las comunidades autónomas. Un ejemplo es el gasto social o el de I+D. No se puede valorar si el incremento del gasto social que se publica, un 7,2%, se corresponde uniformemente con todo el territorio. En suma, se echa de menos que la sociedad y sus representantes alcancen un consenso sobre las necesidades mínimas de los ciudadanos en materia de gasto público, para que no se entre en guerras de cifras, o en la mezcla de gastos heterogéneos, como ocurre con I+D.
Pero también habría que ir hacia un sistema pleno de corresponsabilidad fiscal, que al igual que en el gasto, redundaría en un consenso sobre los ingresos suficientes para acometer dichos niveles de gasto. Con todo esto, la economía española alcanzaría un grado de equilibrio y cohesión estructural y transparencia que nos ahorraría mucho tiempo y esfuerzo, eso sí, siempre en función de nuestras posibilidades reales. Ahora bien, toda esa cohesión la perderían los analistas de las finanzas públicas, pues si en la información presupuestaria del Estado hay carencias, en las de comunidades autónomas y ayuntamientos no hay otra cosa.