En la línea del déficit cero
Desde la perspectiva del equilibrio de cuentas es apenas discutible el resultado positivo que el Gobierno ha obtenido en los últimos años. Para ello ha contado con un crecimiento económico por encima de la media comunitaria que ha permitido cifras importantes de recaudación tributaria. Esta situación, unida a la moderación del ritmo de crecimiento del gasto, los reducidos tipos de interés y, sobre todo, al crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social, ha permitido el equilibrio de las cuentas del Estado y la reducción del nivel de deuda respecto al PIB.
A ello ha contribuido y contribuirá también la transferencia a las comunidades autónomas de competencias tan proclives al gasto corriente y de inversión como la sanidad y la educación. Es justo destacar también la reducción total del déficit de Administraciones territoriales, especialmente las comunidades autónomas, en una situación nada favorable después de recibir transferencias de competencias cuantiosas y muy visibles socialmente. De hecho, aunque el subsector autonómico supone ya un 33% del gasto público total consolidado, poca atención se le presta hoy al gasto autonómico en su conjunto, el más importante si excluimos las prestaciones de la Seguridad Social.
La comparación de los Presupuestos de 2004 con el año 2003 no es directa, puesto que la descentralización afecta tanto a ingresos (que se ceden) como a transferencias. Un primer vistazo al cuadro macro no apunta excesivas licencias en cuanto a las previsiones de crecimiento, que podríamos calificar de ajustadas a lo que los analistas independientes estamos previendo para el próximo ejercicio, salvando el crecimiento de exportaciones y de inversión en bienes de equipo, en las que el Gobierno espera recuperaciones llamativas.
Si la cara es la autoimpuesta disciplina fiscal, la cruz es asumir que la brecha con la media de la UE en infraestructuras o I+D apenas se estrechará
El equilibrio, es bien sabido, sólo se logra reservándose un déficit del Estado (-0,4% del PIB) compensado por un superávit equivalente de la Seguridad Social, mientras no se culmine la separación de fuentes de financiación. Es fundamental recalcar que la medición de la necesidad o capacidad de financiación se realiza en términos de contabilidad nacional (SEC 95), no coincidentes con la presupuestaria, por lo que la metodología de ajuste cobra una importancia clave, al igual que la operativa de activos financieros.
Si la cara de estos Presupuestos es la autoimpuesta disciplina fiscal, su cruz, como en los anteriores, es que asumen que la brecha que nuestro país presenta en protección social, infraestructuras básicas e I+D apenas se estrechará, ya que la aportación del gasto público a estas partidas, por mucho que sean de las que más crecen en las cuentas presentadas, queda limitada por el objetivo de déficit cero y no parece que a este ritmo, en términos reales y con la inflación que esta economía presenta, podamos acortar significativamente la distancia respecto a la media de la UE.
Nadie discute la necesidad de mantener dentro de unos márgenes razonables el déficit público. Otra cosa es la salvaguarda del principio de déficit cero, independientemente de la posición en el ciclo o del gap de dotación de capital cuando, en muchos casos, el gasto público no puede ser sustituido por iniciativa privada. En todo caso, poco o nada se entendería de las cifras presupuestarias si no consideramos dos tendencias básicas: la sustitución de imposición directa por indirecta y la inversión por métodos alternativos, mediante colaboración público-privada o sencillamente mediante fórmulas que no afecten al consolidado en términos de contabilidad nacional. A la postre, las inversiones que los Presupuestos no pueden acometer acaban postergándose o pagándolas los usuarios.