El Constitucional admite los recursos de PP y PSOE contra la Ley de Cajas vasca
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos presentados a finales de julio pasado por PP y PSOE contra la Ley de Cajas vasca, aprobada por el Parlamento de Vitoria el 7 de mayo de este año.
En su providencia, la Sección Primera del Pleno del Tribunal Constitucional también especifica que da traslado de la demanda de populares y socialistas al Congreso y al Senado, y también al propio Parlamento vasco.
Ahora se abre un periodo de 15 días para que el Gobierno del lendakari Juan José Ibarretxe presente sus alegaciones.
Según los recursos de PP y PSOE, presentados por separado, la normativa de Vitoria 'atenta' contra la democratización de las cajas vascas, lo que va en contra del interés de los ciudadanos de Euskadi, de acuerdo a estos planteamientos.
Las demandas también especifican que la Ley de Cajas vasca nace con la intención de 'controlar' la gestión de estas entidades. La medida se ha interpretado como 'intervencionista' desde el sector financiero, puesto que las cajas tienen que pedir permiso a Vitoria antes de realizar cualquier operación de trascendencia. Desde la compra o venta de participaciones empresariales hasta la apertura o cierre de sucursales, aunque éstas estén ubicadas fuera de la comunidad autónoma vasca.
El PP también denuncia que en los órganos de gobierno de las entidades se discrimina la presencia de clientes y corporaciones locales de fuera de Euskadi en aquellas comunidades donde las cajas vascas han abierto oficinas.
Ese veto a participar en las asambleas de las entidades, donde se deciden los nombramientos de los equipos directivos y se aprueban los balances, entre otras medidas, restringe a unos pocos los procesos electorales en las cajas, a juicio de los populares.
En este sentido, añaden que en la norma vasca subyace una 'intromisión' para que el Ejecutivo de Vitoria pueda ejercer 'fuerza política' sobre las entidades. Además, el PP interpreta que el Gobierno de Ibarretxe quiere recuperar el control de Caja Vital, la principal entidad financiera de Álava que ahora está gestionada por los populares, que gobiernan en la diputación de este territorio histórico y en el Ayuntamiento de Vitoria.
El recurso presentado por los socialistas también incide en que los cambios que plantea la normativa están dirigidos a 'controlar de forma inmediata' las cajas.
Los dos recursos hacen mención a que los citados cambios vulneran 'flagrantemente' la Ley de ârganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca), que especifica que las localidades donde tengan oficina las cajas deben estar representadas en sus órganos de gobierno.