El Pacto de Estabilidad, en entredicho
Hace ya más de un año que empezaron a proliferar las reservas sobre el cumplimiento de las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero ha sido en los últimos meses cuando se está planteando abiertamente dejarlas en suspenso o suavizar su cumplimiento, dada la delicada situación de las economías de países como Alemania, Francia o la propia Italia.
Es en realidad el núcleo fundamental de la Unión Europea el que confiesa su incapacidad para mantener las exigencias de ese pacto. Por ello, no se entiende la falta de realismo de algunos países y de determinados miembros de la Comisión Europea que se niegan a aceptar tal realidad, defendiendo los principios del pacto, como si éste fuera la romana Ley de las Doce Tablas, rígida e inalterable en la práctica.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tuvo su origen en una propuesta de Alemania en 1995 y su objetivo básico era garantizar la disciplina presupuestaria, reduciendo el déficit público a niveles inferiores al 3% del PIB para, progresivamente, llegar al equilibrio presupuestario o al superávit.
Parecían objetivos saludables y, cuando se formularon, tenían encaje con las políticas practicadas por la mayoría de los Gobiernos europeos, enfrascados en el saneamiento de las cuentas públicas para ordenar sus economías y contribuir al descenso de la inflación y los tipos de interés.
Durante un quinquenio se lograron la mayoría de los objetivos propuestos, gracias a que el crecimiento de la economía coadyuvó a hacer más tolerables los sacrificios exigidos. La inflación y los tipos de interés bajaron, pero no el paro que se mantuvo en tasas cercanas al 10% en el conjunto de la UE. No obstante, se creía que el funcionamiento de la Unión Monetaria permitiría el mantenimiento de los objetivos citados y la disminución apreciable del número de parados.
La realidad, sin embargo, muestra un panorama distinto del que se prometía: el estancamiento de las principales economías de la UE se mantiene, los Gobiernos se aprestan a realizar recortes significativos en materias sensibles como pensiones y asistencia sanitaria, la crisis económico-financiera desatada hace tres años no termina de amainar y, como colofón, se proyecta una ampliación de la UE, que se materializará en 2004, y va a contribuir muy poco a la mejora de las condiciones económicas de la Unión.
Es comprensible que los gobernantes afectados, especialmente Jacques Chirac y Gerhard Schröder, aboguen por una nueva estrategia que rompa el corsé del pacto para evitar algo que puede resultar menos presentable: su incumplimiento generalizado y la imposibilidad real de evitarlo. Se llegaría a una situación, no infrecuente, de presumir de normas modélicas y exigentes, eso sí, atemperadas por la inobservancia.
El propio Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevé circunstancias excepcionales tales como una grave recesión económica o desequilibrios presupuestarios debidos a hechos sobre los que el Estado o Estados afectados no tienen control, que permitirían obviar el cumplimiento estricto del acuerdo.
Sin gran esfuerzo conceptual se podría considerar que el conjunto de la Unión se encuentra en situación excepcional, dando paso a un nuevo marco económico y presupuestario que dé instrumentos a los Gobiernos para poner en marcha políticas de crecimiento y abandonar la proclamada paz presupuestaria que podría devenir en la paz de los cementerios.