El Poder Judicial pide un mayor control sobre los jueces en la fase de instrucción
Afecta por igual a casos de asesinato, narcotráfico, robos comunes o grandes delitos económicos. En las cárceles españolas existen 12.502 presos preventivos en espera de juicio, un 22,9% de la población reclusa.
Esta semana, dos casos han vuelto a poner en jaque a la justicia, reabriendo el eterno debate en torno a la lentitud en su funcionamiento. En el caso del asesino confeso de Alcoy, que fue puesto en libertad el lunes tras expirar el plazo máximo de prisión preventiva sin que se hubiera celebrado juicio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente informativo para investigar lo sucedido.
Más allá de que se demuestre negligencia por parte de los jueces instructores, en cuyo caso se abriría un expediente disciplinario que podría desembocar en la suspensión de los responsables, estos últimos casos demuestran que la lentitud de la justicia, algo de lo que se lleva hablando prácticamente durante toda la democracia, no encuentra vías de solución.
'La situación de los juzgados es como si los cirujanos operaran en quirófanos del siglo XIX', denuncia la asociación de fiscales progresistas
El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) aboga por establecer un mayor control sobre los jueces para que éstos informen cada cierto tiempo de la instrucción del sumario.
'Desde Alonso Martínez, en el siglo XIX, es obligatorio, cuando el proceso es ordinario, elevar una parte del sumario a la Audiencia Provincial', explica Enrique López, vocal del CGPJ. 'Pero hoy por hoy, se trata de procesos extraordinarios. Habría que establecer esa obligación por ley, sobre todo en las causas donde hay presos preventivos'.
Según el CGPJ, la media de instrucción de los casos es de cuatro a seis meses. Sin embargo, en casos de narcotráfico y grandes delitos económicos, esa fase puede durar mucho más por la complejidad y la dilación de las comisiones rogatorias que se piden a distintos países.
Con la propuesta del CGPJ de informar regularmente sobre el estado de la instrucción se persigue, según Enrique López, 'la transparencia, sin perjudicar, claro está, el secreto de sumario'.
Aun así, el vocal del Poder Judicial quiere dejar muy claro que considera 'totalmente injustificables y excepcionales' los casos de esta semana. Piensa que, cuando los juicios rápidos estén a pleno funcionamiento y con los medios suficientes, los jueces podrán priorizar y dedicar más recursos a los casos más complicados.
Precisamente son los juicios rápidos la causa, según muchos jueces y fiscales, de que se dilaten tanto los procesos, en un sistema judicial ya de por sí atascado y falto de medios.
'Estamos saturados', asegura Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). 'Los fiscales estamos centrados en los juicios rápidos, por lo que es imposible dedicarse a causas más complejas'.
Pilas de papeles
Respecto a la penosa situación de las instancias judiciales, es muy raro encontrar una fiscalía informatizada, y entre los juzgados sucede lo mismo. Pliegos de papeles relativos a todo tipo de causas se amontonan desde el juzgado más humilde hasta la Audiencia Nacional, donde últimamente es muy común ver por los pasillos miles de folios con el nombre Javier de la Rosa.
La falta de ordenadores hace que los jueces y fiscales lleven libros donde apuntan las declaraciones a mano. 'Es como si los médicos de la Seguridad Social operaran en quirófanos del siglo XIX', afirma Camacho.
Desde el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, en mayo de 2001, donde se propuso una modernización de los juzgados a través de la informatización de todas las instancias judiciales, pocas iniciativas se han emprendido, por no decir ninguna.
La necesidad de soluciones, mientras tanto, sólo se plantea cuando saltan a la luz casos como el del asesino de Alcoy.
El preventivo Camacho
Algunos presos preventivos son muy conocidos, como Antonio Camacho, propietario de Gescartera, quien lleva más de dos años en prisión mientras la causa no ha alcanzado siquiera la fase de enjuiciamiento.Otros se hacen tristemente famosos al salir en libertad sin ser ni siquiera juzgados, como el asesino confeso de Alcoy o cuatro destacados narcotraficantes que fueron liberados en el mes de abril pasado al expirar el plazo máximo de prisión preventiva.Según la ley de enjuiciamiento criminal, la prisión provisional no puede durar más de dos años cuando se trate de causa por delito al que corresponda pena de prisión mayor. Sólo excepcionalmente, y cuando se prevea que la causa no podrá ser juzgada en esos plazos y que el inculpado puede sustraerse a la acción de la justicia, el juez puede acordar la prórroga de la prisión preventiva dos años más.En el caso de Antonio Camacho se da una circunstancia que podría suponer su próxima excarcelación. Aplicando todos los agravantes, el delito de estafa que presuntamente cometió tiene una pena de cárcel de seis años. La ley dice que la prisión provisional puede prolongarse sólo hasta el límite de la mitad de la pena. Dentro de pocos meses, por tanto, Camacho deberá ser juzgado o puesto en libertad.