Los ex directivos de Bilore se querellan contra parte del consejo
Bilore, que atraviesa una profunda crisis que en noviembre del año pasado le llevó a suspender pagos con un pasivo de 28,8 millones, vive ahora los enfrentamientos entre accionistas y gestores. Las demandas de Marín y Luque, que dirigieron Bilore durante los últimos cinco años, han sido presentadas por separado.
El ex presidente ha presentado su denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián contra los miembros del consejo que adoptaron varias medidas en su ausencia, ya que durante una temporada tuvo que guardar reposo absoluto por motivos de salud. En una de esas reuniones, celebrada en enero de este año, el consejo acordó apartar a Marín de la presidencia. En su denuncia, Marín especifica que recurrió al notario para que constara que con anterioridad a ese encuentro había comunicado por Internet a los miembros del órgano de gobierno, al director general de la compañía Javier Arbiza y a los interventores de la suspensión de pagos que no renunciaba a su puesto.
La denuncia del ex presidente, que ha entrado en los juzgados porque las demandas penales son hábiles en agosto, incluye presuntas irregularidades, como la estafa, de acuerdo al artículo 248 del Código Penal, el delito societario (artículo 290) y la falsedad de documentos (artículo 390). Manuel Luque ha optado por la querella criminal, que entró en los juzgados de Tolosa a primeros de este mes. La denuncia va contra la consejera de Bilore Isabel Larrañaga, que en la junta de accionistas de diciembre de 2002 propuso a la compañía que entablara una acción de responsabilidad contra el ex director general, lo que determinó su salida del consejo. Marín y Luque aglutinan el 15% del capital, y el ex presidente es uno de los principales accionistas con el 10%.
Luque demanda a Larrañaga por presuntos delitos de falsedad documental y de injurias, tipificados en el Código Penal. El ex gestor le reclama una indemnización económica porque estima que sus acusaciones le causaron perjuicios. Los anuncios de demandas del consejo de Bilore contra el anterior equipo de gestión parece que se han quedado en nada porque ambos no han recibido citación alguna.
El galimatías judicial se complica con la impugnación de la última junta de la sociedad, en mayo pasado, por un grupo de accionistas minoritarios. Aquella junta intentó impulsar una ampliación de capital de nueve millones para dar entrada a un socio industrial. El periodo de suscripción ha terminado sin que nadie aporte fondos y los minoritarios reclaman la salida efectiva del accionariado de Ezten, un fondo de capital riesgo del Gobierno vasco que controla el 17% desde 1995. Su contrato de permanencia en Bilore finalizó en mayo pasado y tenía que haberse desprendido de sus acciones.
En situación de producción bajo mínimos
Las fábricas de Bilore en Zaldibia (Guipúzcoa) y Lucena (Córdoba) están en situación de producción bajo mínimos, utilizando menos del 10% de su capacidad industrial. Esta coyuntura se alterna con fases de paralización total de la actividad fabril. La nueva dirección, liderada por Javier Arbiza, diseñó un plan de futuro que incluyó el recorte de 52 empleos para fijar una plantilla de 190 personas. La estrategia también pasaba por reducir el volumen de producción un 34%.Los problemas de Bilore siguen fuera de España, puesto que la empresa que distribuye sus productos en Chile, donde participa en un 40% de su capital, también tiene asuntos en los juzgados. Dos miembros del consejo de Bilore Chile, que adeuda unos tres millones a la empresa de Zaldibia, han demandado al ex director de la sociedad latinoamericana, Iker Arana, ante del Décimooctavo Juzgado del Crimen de Santiago de Chile. La denuncia, por presunta estafa procesal, ha sido presentada por el secretario del consejo de administración de Bilore Chile y por la contadora, que en ese país es la empresa a la que una sociedad subcontrata la elaboración del balance y todas las gestiones relacionadas con el Ministerio de Hacienda.Bilore afronta sus días más difíciles desde su fundación, hace más de un siglo. El actual consejo de administración está integrado por cuatro miembros. Uno en representación del Gobierno, otro por los trabajadores y dos más por las familias de los fundadores.