Privatizaciones

París hace caja

El Gobierno francés acelera la privatización de las empresas públicas. Tras la venta del 8,5% de Renault, el Ejecutivo planea reducir la participación estatal en la eléctrica EDF, la gasística GDF y la operadora France Télécom

El Estado francés ha vendido esta semana el 8,5% de Renault, de la que mantiene un 15% con el compromiso de no ceder títulos suplementarios durante 180 días. La venta de las acciones, colocadas en Bolsa, aportará a las deficitarias arcas francesas casi 1.200 millones de euros. La semana anterior fue el turno de Eulia, financiera estatal en un 50,1%, cuya venta a las cajas de ahorros permitirá al Gobierno ingresar 500 millones de euros. El Ejecutivo se deshace a buen ritmo de las participaciones que aún posee el Estado en muchas compañías. Al mismo tiempo, la mala evolución de la economía, los descalabros de algunas empresas públicas en 2002 y las críticas de su gestión fuerzan al Gobierno a revisar el papel del Estado empresario, que da sus últimos coletazos.

Según los analistas, el afán privatizador del Gobierno de Jean-Pierre Raffarin sólo esperaba una señal bursátil para dar luz verde a sus muchos proyectos de venta. 'Había muchas operaciones previstas, pero no se han hecho antes por la mala evolución de la Bolsa', afirma Bruno Teman, de Société Générale. El ejemplo más reciente es Renault. Tras caer la acción hasta un 29,5%, el Gobierno ha colocado en Bolsa esta semana 24,2 millones de acciones a un precio que oscila entre los 48,65 y los 49,15 euros por título. Los buenos resultados semestrales de la compañía también han contribuido a dar el salto. Pese a la degradación del mercado automovilístico francés, con 13 meses consecutivos de descenso de las matriculaciones de vehículos, y a la apreciación del euro, Renault obtuvo un resultado neto de 1.177 millones de euros durante el primer semestre, un 31,6% más que en el mismo periodo de 2002.

No obstante, Renault forma parte de los proyectos fáciles del Gobierno para deshacerse de la participación que aún tiene en muchas empresas, según los expertos. Fácil porque sólo su cotización en Bolsa ha procurado el pistoletazo de salida al mercado sin que el contexto social intervenga. La sola llamada del mercado no será, sin embargo, el factor determinante en la privatización de la eléctrica EDF y de la gasística GDF, hoy 100% estatales. Los expertos esperan que salgan a Bolsa, pero no antes de 2004, debido al 'complicado contexto social'.

La mala evolución de la economía, los descalabros de algunas empresas públicas y las fuertes críticas a su gestión fuerzan a revisar el papel del Estado accionista

El Gobierno no hará ningún movimiento hacia el cambio de estatus de estas empresas antes de final de año. La agitación social -por la reforma del sistema de pensiones, que eleva el periodo de cotización a 40 años a partir de 2008- y las críticas parlamentarias por la gestión de las compañías públicas han hecho dar marcha atrás al Ejecutivo.

Para la comisión parlamentaria de investigación sobre la gestión de los grupos públicos, EDF y France Télécom son dos ejemplos de fracaso. El presidente de la eléctrica, François Roussely, cuyo retiro es reclamado por muchos, se defendió del varapalo alegando que es una empresa 'sana, rentable y competitiva', pese a que tiene una deuda neta que alcanza los 25.830 millones de euros. Tras una semana de incertidumbre, parece que el criticado presidente conservará su puesto, al menos hasta el final de su mandato, en julio de 2004, para llevar a buen término las complicadas negociaciones sobre el futuro de la compañía y de sus empleados.

Otro objetivo de la crítica parlamentaria, France Télécom -pública en un 58,9%- registró en 2002 unas pérdidas históricas que alcanzaron 20.700 millones de euros. A este récord se añade una deuda neta de 68.000 millones de euros, la mitad del endeudamiento total de los principales grupos públicos. Tras el descalabro en sus cifras, la operadora se benefició de una ayuda del Estado de 9.000 millones. Con todo, es una de las compañías más reclamadas por el mercado, según los analistas.

Además de los obstáculos sociales en los sectores energético y de telecomunicaciones, el Gobierno se enfrenta al drama de las compañías aéreas. Víctimas de los atentados del 11-S en EE UU y de la neumonía atípica este año, las aerolíneas han sufrido uno de los peores semestres de su historia. La privatización de Air France, pública en un 54,4%, se anunció en julio de 2002, sin que todavía se haya hecho ningún movimiento. Un año después, los analistas ven en la aerolínea una de las inmediatas privatizaciones del Gobierno, cuando la acción 'vuelva a niveles razonables', según Teman, y supere los 12,97 euros logrados la pasada semana.

El sector de la defensa tendrá que esperar para una privatización total. La evolución de EADS y Thalès, privadas en más de un 50%, dependerá de la voluntad del Gobierno y también de los retos europeos y de las ambiciones industriales.

La Administración sigue presente en 1.551 empresas

La aceleración marcada por el Gobierno actual en el proceso de privatización ha estado precedida por un ritmo constante en la cesión de empresas públicas. Si en 2002 el Estado aún controlaba 1.551 empresas, directa o indirectamente, la cifra está lejos de las 3.500 de 1986, que empleaban a unos 2,35 millones de asalariados, según el Instituto Nacional de Estadística (Insee). La globalización financiera, el desarrollo de la libre competencia y la evolución del derecho comunitario han cambiado el mapa público francés, cuyas empresas son reclamadas más que nunca por el mercado.

Tras la primera gran ola de privatizaciones, en 1986, se inicia la apertura de capital como nueva modalidad en la cesión de empresas públicas. Esta acción ha permitido el desarrollo del pequeño accionista en Francia, según los expertos, pasando de 3 a 100 millones desde los primeros movimientos. Entre 1993 y 2000, segunda gran fase de cesiones, el Estado vendió otras 1.800 empresas.

Presente en gran variedad de sectores, el Estado ha reducido sus participaciones a la energía (EDF-GDF), los transportes, Correos y telecomunicaciones (France Télécom), quedando casi ausente del sector de los seguros y con una presencia débil en banca (la cesión de Crédit Lyonnais concluyó el año pasado).

Los analistas no excluyen que, como en Renault, el Gobierno quiera conservar parte de las participaciones estatales en otros sectores estratégicos y muy ligados a la identidad francesa. De este modo se evitaría que su futuro se juegue en manos extranjeras, como sucede con Péchiney (privatizada en 1995), tras la opa hostil lanzada por la canadiense Alcan.