Responsabilidad social de las empresas
En julio de 2001 la Comisión Europea presentó el Libro Verde Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas (RSE). Un año más tarde se celebró la Cumbre de Johanesburgo, que propagó la exigencia de que esa responsabilidad se ejerciera de manera especial en la preservación del medio ambiente.
Estos dos acontecimientos han influido en la considerable magnitud que hoy tiene el debate sobre la RSE, entre cuyas manifestaciones están, además de los continuos comentarios sobre ella, las noticias de importantes empresas que, voluntariamente, asumen compromisos al respecto. Lo cual no puede por menos que llamar la atención si se tiene en cuenta que en paralelo a la moda de la RSE circulan otros debates, a veces jaleados por algunas de esas mismas compañías, como son los derivados de la petición de mayores desregulaciones del mercado de trabajo, cuestionamiento del gasto social público o presiones para que sigan reduciéndose las cargas fiscales al capital.
Vaya por delante que cualquier llamamiento a la RSE debe ser bienvenido. Siempre es oportuno recordar que sobre las empresas recae una indudable responsabilidad social. Pero en la conciencia de sus limitaciones, implícitas en la propia definición al uso sobre la RSE. Según la Comisión Europea, se entiende por tal el que las compañías asuman 'la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en la relación con sus interlocutores'. Lo que, precisamente por su voluntariedad, no deja de ser más que una apelación de índole moral.
Corregir los excesos de las políticas económicas inspiradas en el neoliberalismo no va a venir de la voluntariedad de las compañías
La patronal europea, Unice, ha recordado a la Comisión Europea que, aun admitiendo que no sea su única razón de ser, 'la realización de beneficios es el principal objetivo de las empresas'. De lo cual se infiere que, a la hora de comprometerse con medidas sociales o medioambientales, ponderarán muy mucho lo que afecten o puedan afectar en el futuro a su cuenta de resultados. No obstante, hay que añadir que a medida que crece en la ciudadanía el rechazo a las conductas o actividades empresariales que provocan efectos sociales o medioambientales indeseables, crece el número de compañías que asumen compromisos para corregirlos. Lo que, sin duda, es positivo.
La enjundia de la cuestión es preguntarse por qué tanto empeño en apelar a que, voluntariamente, las empresas asuman determinadas responsabilidades sociales, en lugar de exigírselas a través de normativas legales. Y aunque no lo explica todo, la respuesta hay que asociarla al pensamiento político y económico dominante desde los tiempos de la llamada revolución conservadora, allá por los años ochenta, que bajo la bandera de 'menos Estado, más sociedad' ha contribuido de forma decisiva al retroceso de la tutela del Estado en la configuración del marco de las relaciones entre capital y trabajo, así como al progresivo deterioro de los sistemas públicos de protección social. Dicha bandera sigue pujante y sin arriarse. De ahí la sospecha de que las apelaciones a la RSE estén encubriendo la pretensión de mantener y aplicar con algo más de inteligencia ese mismo pensamiento político y económico.
En los países menos desarrollados, los excesos que el maridaje entre neoliberalismo y globalización están suponiendo son sin duda la parte más visible del problema. Por eso la Comisión Europea plantea que uno de los componentes de la RSE sea el cumplimiento de las normas fundamentales de la OIT, tales como la libertad de asociación, la abolición del trabajo forzoso, la no discriminación y la supresión del trabajo infantil. Se sabe de una serie de empresas multinacionales que han adoptado códigos de conducta sobre el particular. Pero no es muy presentable que respetar esos elementales derechos quede a expensas de su libre voluntad.
Así las cosas, es normal que haya una clara diferencia de opinión entre las patronales y los sindicatos a la hora de enjuiciar la RSE. Las patronales consideran que cualquier tentativa de regularla sería contraproducente, en tanto los sindicatos dicen que las iniciativas voluntarias son dignas de valoración, pero poco eficaces para salvaguardar los derechos de los trabajadores y los ciudadanos. En esa disyuntiva, la Comisión Europea apuesta por la voluntariedad, aunque insistiendo en que se fomente el diálogo social. De nuevo recomendaciones morales.
Nada en contra de que se extiendan códigos de buenas prácticas, sistemas de codificación y de etiquetado social, fomento de inversiones socialmente responsables y demás iniciativas en el haber de la RSE. Pero a sabiendas de que el problema de fondo permanece y que corregir en serio los excesos de las políticas económicas inspiradas en el neoliberalismo no va a venir de la voluntariedad de las compañías.
La intervención reguladora de los poderes públicos es indispensable.