Reforma de la PAC, ¿adónde irá el dinero?
Jesús G. Regidor analiza en qué ha gastado los presupuestos la política agraria común europea y en qué se va a seguir invirtiendo tras la reforma aprobada. Afirma que los destinatarios del dinero de la PAC serán los mismos
Hace algún tiempo que diversos comentaristas y expertos parecen haber redescubierto la importancia financiera de la política agraria común (el 50% del presupuesto comunitario) y se preguntan si para la nueva Europa esta política debe ser ya tan prioritaria como en el pasado.
Suelen subrayar argumentos como la aguda contradicción existente entre defender la cohesión económica y social como un objetivo básico de la construcción europea y mantener a un número cada vez más reducido de agricultores hipersubvencionados o bien entre destinar ingentes fondos a la agricultura europea y pretender ayudar a los países en desarrollo.
Pues bien, una forma de responder a esta pertinente pregunta y de contrastar estos razonables argumentos sería observar en qué se gasta, principalmente, y en qué se va a seguir gastando tras la actual reforma, el dinero de la PAC.
No se entiende que el Gobierno español haya pasado de intentar inútilmente frenar la reforma agraria a asumirla como un éxito
De entrada conviene recordar que el marco presupuestario está fijado: la Cumbre de Bruselas de octubre de 2002 estableció una financiación anual de 45.306 euros hasta el año 2013. Del mismo modo, la nueva PAC introduce una cláusula de disciplina financiera (margen de seguridad anual de 300 millones de euros), que implicará ajustes adicionales en las ayudas directas si se superaran las previsiones.
Por tanto, la entrada en vigor de la reforma, la ampliación de la UE a 25 países, aunque su periodo de transición se prolongará inicialmente hasta 2013, y las consecuencias de un eventual nuevo acuerdo en la OMC, conllevarán un ejercicio presupuestario de suma cero: si un país o un agricultor se beneficia más, otro debe reducir su nivel de apoyo.
Hasta el presente los fondos del Feoga se han venido distribuyendo muy desigualmente entre tipos de medidas y sectores productivos.
Entre las medidas se ha llegado a una predominio de las 'ayudas directas' (más del 60%), seguidas por las 'ayudas a los mercados' (un 16%), las 'restituciones a la exportación' (un 14%) y las 'ayudas al desarrollo rural' (menos del 10%). Y entre los sectores productivos destacan los 'cultivos herbáceos' (más del 60%), la 'leche, carne y otros productos animales' (un 30%) y 'otros productos' (un 10%).
En consecuencia, la composición sectorial, la estructura productiva y la importancia comercial de los diferentes países ha originado una participación muy diferenciada de los mismos en el reparto de los fondos. Así, España ha llegado a ser, después de Francia, el segundo país perceptor por volumen de transferencias y, por tanto, aparentemente uno de los más beneficiados por la PAC.
Sin embargo, tan importante como la cantidad de dinero captado por un país es su utilización final: la distribución entre los agricultores constituye el factor más relevante, pues la ayuda puede ser un factor de supervivencia o de beneficio extraordinario según los casos (el nivel de apoyo medio por agricultor en España es, aproximadamente, la mitad que en Francia, Alemania u Holanda y un tercio que en Dinamarca).
Efectivamente, ésta es la gran cuestión que reforma tras reforma siempre resulta frustrada: una buena parte del dinero de la PAC va a agricultores cuyas cuentas de resultados no lo necesitan. En este punto el despilfarro es tanto mayor cuanto más desigual sea la estructura económica de las explotaciones de un país: de nuevo no es igual subvencionar a más del 60% de explotaciones que en España tienen una dimensión económica media de 1.500 euros, que al 4% con una dimensión media de más de 120.000 euros.
La justificación de este proceder es difícilmente sostenible y las negociaciones comerciales internacionales apenas sirven ya de coartada (existe otro tipo de medidas más apropiadas para este fin).
La nueva reforma no va a significar una redistribución importante de los fondos entre países y menos aún entre diferentes tipos de agricultores.
Por el contrario, el cálculo de las ayudas directas futuras sobre un periodo de referencia (2000-02) pretende consolidar la situación actual, aunque se introducen diversas ayudas cuya decisión o financiación complementaria podrán ser asumidas por los propios Estados miembros.
La débil modulación de las ayudas (del 3% al 5%) introducida, esta vez sí, con carácter obligatorio resulta ya netamente insuficiente (las mismas explotaciones moduladas podrán ser beneficiarias a través de diversas medidas de desarrollo rural).
Con todo ello, no se entiende que el Gobierno español haya pasado de intentar inútilmente frenar la reforma (con una inviable minoría de bloqueo), a asumirla como un éxito (un acuerdo 'satisfactorio para España', según palabras del ministro del ramo), para acabar anunciando que seremos de los últimos países en aplicarla (la 'ayuda única por explotación' no se introducirá hasta el 2007).
Mientras Gobiernos, como el español, tratan de tranquilizar a sus clientelas políticas, todo parece indicar que el dinero de la PAC seguirá teniendo en general los mismos destinatarios. Y la nueva Europa espera.