La injerencias del Gobierno

Bruselas se ha visto obligada, una vez más, a recordar a España los límites de la intervención estatal en una economía de libre mercado. Resulta sorprendente que a un Gobierno supuestamente liberal como el de José María Aznar le tengan que llamar al orden la Comisión y el Tribunal de la UE, unas veces en forma de dictamen, como ayer, y otras con sentencia inapelable, como cuando se anuló la acción de oro en Repsol, Telefónica y Endesa. El conflicto actual atañe a la ley utilizada para frenar la expansión del monopolio público francés æpermil;lectricité de France (EDF), que extendía sus tentáculos en España, Italia y Alemania. La llamada ley Elf dificulta desde entonces la entrada de inversores con capital público en el sector energético español. Aunque las razones invocadas por el Gobierno puedan ser legítimas, la Comisión recordó ayer que los medios utilizados fueron desproporcionados y discrecionales. En el caso de Edf, el Gobierno adujo que era necesario frenar la inversión de una empresa controlada por capital público y que, además, pertenece a un país cuyo mercado energético está mucho menos liberalizado que el español. Pero el Gobierno de Aznar ha demostrado repetidamente, y muy en concreto en el sector energético, que cualquier otra razón puede ser válida para obstaculizar la lógica empresarial de compañías privadas. La verdadera acción de oro funciona de forma oficiosa en los consejos de administración de las principales empresas y contra ella no bastan dictámenes ni sentencias europeas, sino un ejercicio claro de contención por parte del Gobierno.