Bruselas llevará a España a tribunales si no modifica la ley contra EDF
La empalizada legal para frenar la expansión del monopolio público francés EDF se levantó a toda prisa con la Ley de Acompañamiento para los Presupuestos de 2000. Bruselas no critica el hecho de legislar ad hoc, sino 'los poderes discrecionales' que el Gobierno se arrogó a partir de entonces para autorizar inversiones en el sector energético.
El Gobierno de Silvio Berlusconi, que aprobó en 2001 una versión aún más extrema de la norma española, también recibió ayer la amenaza de una denuncia ante el Tribunal de la UE.
La jurisprudencia europea ha delimitado la capacidad de los Gobiernos para restringir la libre circulación de capitales. En mayo de este año, el tribunal anulaba las acciones de oro que el Gobierno mantiene en Telefónica, Repsol y Endesa, entre otras empresas privatizadas.
La ley española ahora en cuestión (Ley 55/1999) supedita a una autorización previa del Consejo de Ministros el ejercicio del derecho de voto en las compañías energéticas de aquellos accionistas que cuenten con fondos públicos en su capital. Madrid invocó la asimetría en la liberalización energética (en Francia era del 30% frente al 55% en España) y la presencia de capital público para justificar la limitación al ejercicio de voto de ciertos accionistas.
Pero la Comisión insiste, en el dictamen enviado al Gobierno, en que 'el hecho de que el mercado esté totalmente liberalizado no debe llevar a los Estados (...) a defender los intereses nacionales mediante una restricción de las libertades fundamentales del Tratado de la UE'. Bruselas condena expresamente la 'discrecionalidad' de la norma española, a la que acusa de 'carecer de criterios específicos y exactos para la concesión de una autorización' al inversor.
Además, el Departamento de Mercado Interior, que dirige el comisario Frits Bolkestein, recuerda al Gobierno que las normas sobre reciprocidad 'no atañen a la propiedad de empresas o al ejercicio de derechos resultantes de esa propiedad'. No es el primer choque de Bruselas y Madrid en este terreno.
Igualdad de trato en la 'acción de oro'
Dos meses después de que el Tribunal de la Unión Europea anulara la acción de oro española, Bruselas sigue esperando que el Gobierno de José María Aznar acate la sentencia. 'Aún no hemos tenido ninguna noticia sobre las intenciones del Gobierno español', afirma Jonathan Todd, portavoz comunitario de Mercado Interior. 'Estamos abiertos a negociar cómo cumplir total y absolutamente la sentencia', añade.De cara a una posible reformulación, Bruselas recuerda que el Tratado de la UE no permite discriminación alguna entre capital público y privado y que el tribunal ya ha delineado con claridad que el ejercicio de una acción de oro por razones muy concretas (orden público, seguridad, salud y defensa) debe ser proporcionado, a posteriori y recurrible ante los jueces.