Regiones y municipios recelan del control fiscal

Soplan nuevos vientos para las Administraciones públicas. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, que consagra el equilibrio fiscal (déficit cero) como uno de sus principios fundamentales, supone para todas las Administraciones un esfuerzo de contención en el gasto como nunca antes se había visto en la historia de España.

El esfuerzo de equilibrio financiero, extensible a comunidades y municipios, se ve con recelo desde los Gobiernos autonómicos y municipales, como un intento de coartar su capacidad y autonomía financiera. Desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que sólo es el Estado el que, por ley, tiene limitado el gasto. Las regiones y los entes locales pueden gastar cuanto quieran siempre que consigan los recursos necesarios para equilibrar sus presupuestos.

Y de hecho, el nuevo sistema de financiación autonómico, negociado hace dos años con los Gobiernos regionales, ofrece una mayor autonomía en la gestión de los ingresos, al permitirles, entre otros, la cesión de un porcentaje del IRPF más elevado y el acceso a otros tributos estatales (IVA y especiales).

El problema es que el modelo incluye también la asunción de un mayor volumen en el gasto, sobre todo el sanitario. Ello repercute sobre el saldo presupuestario global.

Un ejemplo: el año 2002, primer ejercicio de entrada en vigor del nuevo modelo, lejos del equilibrio fiscal pretendido se saldó con un déficit autonómico global de 1.912 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB. Un desequilibrio muy similar al 0,4% de 2001 (último ejercicio con el anterior modelo) e idéntico al que existía en 1997, prueba de la dificultad de reducir el déficit autonómico.

Es cierto que en 2002 las comunidades tuvieron más recursos (105.000 millones de euros de ingresos no financieros frente a 73.200 millones de 2001), pero también más gastos (107.000 millones de euros frente a 76.000 millones). Una quinta parte de los ingresos (el 21,8% del total, 23.400 millones de euros) se destinó a pagar el sueldo de los funcionarios regionales. El resto se distribuyó en varios capítulos, destacando las transferencias sociales. A inversión se destinaron sólo 7.540 millones de euros, el 7% del total.

Modelo aún en rodaje

Para este año y los dos siguientes, las comunidades se han comprometido a alcanzar el equilibrio, asunto difícil de conseguir, sobre todo porque no se sabe todavía si el nuevo modelo de financiación, aún en ciernes, cumple todas las expectativas o, por el contrario, será insuficiente.

Las nuevas reglas del juego les permiten subir impuestos, pero en un entorno político de rebajas tributarias casi nadie se atreve a pedir esfuerzos a los ciudadanos. Más bien todo lo contrario, como ha ocurrido con el impuesto de sucesiones, cuya supresión fue incluida como cartel electoral del PP en las elecciones del 25 de mayo. Con todo, algunas comunidades ya han recurrido al retoque de impuestos, como Madrid con la aprobación del céntimo sanitario, por el que se eleva la fiscalidad de los carburantes para financiar la sanidad.

Los Gobiernos regionales, en especial los gestionados por el PSOE, han solicitado que se les permita un ligero déficit, como ocurre con el Estado (compensa su déficit con el superávit de la Seguridad Social). De hecho, acusan al Gobierno central de ser la única Administración que se permite estar en déficit mientras obliga a las demás a guardar equilibrio.

El problema es más complejo si se tiene en cuenta que no todas las comunidades están en igual posición. Mientras regiones como Madrid, Navarra, La Rioja o Cataluña se encuentran en superávit, otras como Andalucía, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha tienen déficit, según indica el profesor Julio Alcaide, desde la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), en un estudio que palia en parte la escasa información pública (ni las regiones ni el Gobierno central se ofrecen a publicar datos al respecto).

En el caso de los municipios, la coyuntura es parecida. Aunque parten de una situación financiera más holgada (a excepción de 2002 han gozado de un ligero superávit desde 1997), la Ley de Estabilidad les obliga a mantenerse en equilibrio, como las comunidades. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está a favor de la filosofía que subyace del déficit cero, pero advierte de su rigidez en momentos difíciles.

En concreto, recalca el creciente aumento del gasto al que tienen que hacer frente los municipios al asumir como suyas competencias de las comunidades autónomas, especialmente en materia de prestaciones sociales. Otro aspecto clave es el temor de algunos municipios, especialmente los más pequeños, de no poder hacer frente a las inversiones previstas, a pesar de que el nuevo modelo de financiación les confiere mayor autonomía para subir y bajar impuestos.

'La estabilidad fiscal está bien, pero no debe utilizarse como dogma de fe', comenta Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda de la Universidad de Oviedo y experto fiscalista.

El peso de la deuda pasa factura

La política económica de los Ejecutivos regionales tiene su fiel reflejo en el endeudamiento de cada comunidad. El volumen de deuda global ascendía a 42.025 millones de euros a finales de marzo (último dato de control del Banco de España), equivalente al 6% del PIB, repartido muy desigualmente. La región más endeudada es Cataluña (acapara 9.711 millones de euros, una quinta parte del total), aunque en términos relativos (en relación con la actividad económica que genera), el primer puesto es para Valencia, con una deuda del 10,4% del PIB, muy por encima de Galicia (8,3%) y Andalucía (7,3%), las siguientes en la lista. En el furgón de cola están País Vasco (2,2%) y Canarias (2,7%).El caso de Valencia es paradigmático. Ha tendido en los últimos años a elevar su deuda a pesar de las llamadas realizadas por el Gobierno central. Ello se ha granjeado el acoso político de grupos como el PSOE, que han visto en esta situación una discriminación frente a otras comunidades. La llegada de Francisco Camps a la presidencia valenciana, en sustitución de Eduardo Zaplana, no ha supuesto variaciones. Por otra parte, las corporaciones locales acumulaban una deuda de 22.445 millones de euros a finales de marzo, un 6,3% más que hace un año.La financiación del servicio de la deuda es una carga añadida que tanto municipios como comunidades deberán hacer compatible con el equilibrio fiscal. 'Algo extremadamente pesado para municipios pequeños', como recalca el profesor Javier Suárez-Pandiello, miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación local.