COLUMNA

Dos visiones de la economía española

Vamos a realizar un balance de la política económica del Gobierno del PP en las dos legislaturas que lleva en el poder. Este balance se enfocará desde dos ángulos diferentes: la visión optimista, que tenderá a resaltar los puntos fuertes de la política económica, y la visión pesimista, cuyo objetivo será poner de manifiesto los puntos débiles de dicha política.

Dentro del primer enfoque hay que resaltar lo siguiente:

El ingreso de España en la Unión Monetaria. A finales de 1995 España no cumplía ningún condicionante del pase a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM): alto grado de estabilidad de precios, finanzas públicas en situación sostenible, no devaluación en dos años como mínimo frente a la media de otro Estado miembro y niveles adecuados de tipos de interés a largo plazo. El nuevo Gobierno (1996) implantó una nueva estrategia de estabilidad y convergencia, rompiendo con el modelo presupuestario que dominó desde 1985 hasta 1995.

La reducción del déficit y de la deuda pública y la credibilidad que los mercados otorgaron al Presupuesto para 1997, dio lugar a una reducción del tipo de interés a largo, que junto a la rebaja de la inflación que de manera sostenida se dio, en parte debido a la política monetaria del Banco de España, hizo posible que España estuviese entre los que accedieron en cabeza a la tercera fase de la UEM.

La expansión de la actividad económica, como lo muestra la fuerte tasa media de crecimiento del PIB en términos reales de 1996-2003 (este último año como previsión) del 3,2%, que es inclusive superior a nuestra tasa potencial de crecimiento a largo plazo.

El fuerte crecimiento del empleo, medido por la población activa ocupada, que en el periodo 1996-2002 ha aumentado en tres millones de personas, reduciéndose la tasa de paro según la encuesta de población activa en 10 puntos porcentuales y aumentando la tasa de actividad en dos.

El equilibrio en las cuentas públicas, causa de la estrategia de estabilidad y convergencia puesta en marcha por el nuevo Gobierno. Seis reformas estructurales fueron puestas en marcha: creación de la Oficina del Presupuesto, dependiente del presidente del Gobierno; constitución de una comisión para la elaboración de una nueva Ley General Presupuestaria acorde con el nuevo entorno de estabilidad; introducción de la corresponsabilidad fiscal en el nuevo sistema de financiación; desarrollo legislativo del Pacto de Toledo; medida liberalizadora de los sectores de servicios públicos, y aprobación de un plan de privatización de empresas públicas, desprendiéndose el Estado de la función de producir bienes y servicios de mercado.

La estrategia presupuestaria para 1997, clave para el ingreso en la Unión Monetaria, se insertó en un marco de recuperación con estabilidad (crecimiento del PIB del 3% en términos reales, deflactor del PIB 2,9%, el IPC diciembre/diciembre aumentaría el 2,6 % y el crecimiento del empleo se preveía en el 2%). Al finalizar 2002 el déficit del 6,6% del PIB existente en 1996 fue eliminado, alcanzándose el déficit cero a fines de 2002.

Saneamiento de la Seguridad Social, que ha dado lugar a un excedente en los últimos años, constituyendo un Fondo de Reserva para contingencias futuras del 1% del PIB.

Introducción de cierta flexibilidad en el mercado de trabajo, un factor determinante en la creación de empleo.

El enfoque segundo pretende poner de manifiesto los puntos débiles de la economía siendo de resaltar los siguientes:

Así como la política macroeconómica del bienio 1996-1997 estuvo marcada por la estabilidad y el crecimiento de la demanda exterior, desde 1998 ha ido dirigida a apoyar el crecimiento de la interna, impulsando al alza la renta disponible de las familias y, por tanto, el consumo, a través de las rebajas en el impuesto sobre la renta de las familias, la reducción del tipo de interés y el aumento del empleo. La caída de los tipos y el crecimiento de la demanda de las familias han incentivado la inversión empresarial.

La construcción, en especial la vivienda, se ha transformado en dinamizador, con un aumento del 22,7% en 1995-2001, el sector de mayor incremento, con ganancia de más de 1,5 puntos en la aportación al valor añadido bruto a precios básicos.

Tan alto crecimiento provoca un desequilibrio en la estructura del PIB, que unido al espectacular aumento del crédito hipotecario, ha provocado un fuerte endeudamiento de las familias y una caída de su ahorro, que puede originar una burbuja, con fuerte incidencia en el desarrollo.

A partir de 1998 el crecimiento de la economía no se ha producido en un marco de estabilidad, empezando a surgir los desequilibrios económicos. Al no poderse utilizar el tipo de interés para contar la demanda interna, el Gobierno debió utilizar la política presupuestaria tal y como ha sido diseñada en el Tratado de Maastricht, convirtiendo el déficit presupuestario en superávit. Al no haber actuado así, la consecuencia ha sido la persistencia de un diferencial de inflación con respecto a la media de la UE, que se mantiene en el entorno de un punto como media anual, que acumulativamente ha supuesto más de cinco puntos de diferencial.

Caída de la competitividad frente a la UE, medida con precios de consumo, de cuatro puntos en 1998-2002, y de la productividad de un punto, medida por el coste salarial, por hora efectiva. Ello ha dado lugar a un déficit de la balanza por cuenta corriente superior al 3% del PIB.

El crecimiento del empleo es de baja calidad, como demuestra la alta tasa de contratos temporales que supera el 30% de trabajadores por cuenta ajena, la mayor de la UE.

El informe Randstad recomienda a España mayor equilibrio en la estructura contractual, reduciendo el uso de la temporalidad y aumentando el los contratos a tiempo parcial como fórmula de flexibilización. La alta temporalidad origina falta de formación de los trabajadores e incide en la productividad.

El déficit público ha descendido, hasta eliminarse, pero las cuentas públicas no dan la imagen fiel de la situación económico-financiera de las Administraciones, por la despresupuestación de determinadas operaciones, lo que da lugar a desconocer el grado de transparencia existente en la elaboración y ejecución del Presupuesto.

El excedente de la Seguridad Social no proviene de reformas en el sistema de pensiones públicas, sino en la asunción por el Presupuesto del Estado de los gastos de sanidad y servicios sociales y de la baja tasa de aumento en el número de pensionistas, porque han empezado a cumplir 65 años los nacidos en la guerra civil y años posteriores, cuya tasa de natalidad, lógico, fue muy baja. Por otra parte, el excedente no garantiza la viabilidad futura, ya que a partir de 2015 empieza a entrar en jubilación la generación del baby boom, con una incidencia fuerte en la tasa de aumento de los jubilados.

Existe una falta de transparencia en la aplicación dada a los cuatro billones de pesetas obtenidos de la privatización de las empresas públicas.

El déficit de TVE ha aumentado de manera significativa, de forma que su importe acumulado ha sobrepasado el billón de pesetas, siendo incapaz el Gobierno de solucionar el problema de las televisiones públicas.

El Gobierno no ha resuelto el problema de la no sostenibilidad a largo plazo de la política presupuestaria a consecuencia del fuerte envejecimiento de la población, con el consiguiente efecto sobre el gasto en pensiones públicas, sanidad y servicios sociales.