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Legislación

El largo camino para adaptar la ley Sarbanes-Oxley

La aprobación de la ley de buen gobierno de EE UU ha obligado a las sociedades extranjeras que cotizan en el mercado estadounidense a adaptarse a sus exigencias. Las empresas españolas aseguran que ya tienen listos sus deberes

Cuando el 30 de junio del año pasado George Bush firmó la ley Sarbanes-Oxley, un pequeño grupo de empresas españolas aguzó el oído con atención.

La nueva norma, promulgada por el Gobierno de Estados Unidos como reacción a la ola de escándalos empresariales que encabezó Enron, no se ha limitado a regular las empresas estadounidenses, sino que ha extendido su influencia a las compañías extranjeras que operan en los mercados bursátiles de Estados Unidos, obligándolas a adaptarse a su contenido.

'Las principales empresas cotizadas españolas han estado adaptando desde el pasado otoño sus reglamentos internos a la ley estadounidense', explica Javier Villasante, director de la oficina de Nueva York del bufete Cuatrecasas. Un proceso, explica, que no ha sido excesivamente complicado porque muchas de las exigencias de la ley 'tienen que ver con nuestro derecho de sociedades y ya se estaban llevando a cabo en Europa'.

Sin embargo, como en todo, una cosa es la teoría y otra la práctica. 'En nuestro caso hemos tenido que establecer un calendario de cumplimiento de la ley y de las continuas normas que la SEC (el regulador de mercados estadounidense) ha ido dictando para desarrollarla', señalan fuentes de Telefónica, tras advertir que no será hasta finales de 2004 cuando la mayor parte de esa normativa esté ya definitivamente en vigor.

La operadora de telecomunicaciones y otras compañías españolas que emiten valores en el mercado estadounidense reconocen que parte de las obligaciones que deben cumplir (es el caso de la constitución de comités de auditoría) han sido recogidas en disposiciones nacionales, como la nueva Ley Financiera. Y que ello ha facilitado el trabajo. 'Las normas que ha impuesto la SEC han sido un caballo de batalla para todos, locales y extranjeros, pero las empresas españolas estamos bien preparadas. Nosotros apenas hemos tenido que hacer grandes retoques', afirman fuentes de Endesa en Estados Unidos. La visión de Repsol YPF es similar. 'Hemos adaptado muchos procedimientos y lo hemos hecho antes de que nos los exijan'.

Un control férreo

Pese a todo, el camino no ha sido del todo sencillo. 'Lo más complicado es cumplir con todas las exigencias de control que han impuesto las autoridades estadounidenses', reconocen en Telefónica. La compañía alude así a la obligación de que el presidente o consejero delegado de la empresa y su director financiero certifiquen en los informes trimestrales y anuales que exige la SEC tres grandes cuestiones: una, que han revisado la información; dos, que 'en lo que alcanza a su conocimiento' ésta refleja la imagen fiel de la sociedad; y tres, que han establecido mecanismos eficaces de control sobre esos datos y que, en el caso de haber observado deficiencias, lo han comunicado a los auditores.

'Todas las empresas tenemos controles de la información financiera, pero la ley Sarbanes-Oxley ha elevado tanto el umbral de responsabilidad sobre esos datos que hemos considerado conveniente revisar todos esos filtros y reforzarlos. Hemos dado más autoridad a nuestro departamento de auditoría interna', señala la operadora. El esfuerzo no ha tenido que repartirse por igual. 'En nuestro caso, el peso ha recaído sobre el departamento financiero, el de auditoría y la secretaría general. Han sido muchas horas de trabajo'.

Otro de los efectos ha sido la aparición de una cautela extrema a la hora de manejar la información financiera. 'Antes ya pedíamos los datos en papel para tenerlos controlados, pero cuando entras en este tipo de control férreo tienes todavía más cuidado. Se crea más trabajo; son muchas páginas, muchas áreas implicadas'.

Las consecuencias de no hacerlo así pueden ser de mucha gravedad para las compañías. Así, según María Gracia Rubio, socia de Baker & McKenzie/Briones, Alonso y Martín, la nueva regulación 'aumenta sustancialmente las posibilidades' de que los emisores -estadounidenses y no estadounidenses-, administradores, directivos, auditores y abogados asesores de sociedades cotizadas se vean inmersos en procedimientos judiciales en EE UU.

Un coste que todavía está sin cuantificar

Pese a que en Estados Unidos un informe elaborado por el bufete Foley & Gardner asegura que las compañías de pequeña y media capitalización aumentarán sus costes un 90% debido a la necesidad de adaptarse a la ley, las empresas españolas todavía no han cuantificado ese coste o lo consideran poco significativo.'Es cierto que algunas de las exigencias ya han sido recogidas en las leyes españolas, pero hay otras que requieren un proceso de adaptación', advierte María Gracia Rubio, de Baker & McKenzie. Una de esas novedades, que incidirá en los costes, será la obligación de controlar toda la información financiera de la compañía que se hace pública, tanto si se trata de hechos relevantes como si se limita a una información a través de una nota de prensa. Uno de los requisitos es la redacción 'en un inglés comprensible'.

Prohibidos los préstamos a consejeros y directivos

'Nosotros no teníamos préstamos a consejeros y directivos en la compañía. Lo que teníamos era la posibilidad de pedir anticipos sobre el sueldo. Pero los hemos eliminado para adaptarnos a la ley'. Fuentes de Telefónica explican así las consecuencias de una de las nuevas exigencias de la ley Sarbanes-Oxley, que prohíbe los préstamos directos o a través de filiales a favor de consejeros y directivos de la sociedad, 'con excepción de ciertos préstamos al consumo', señalan en Baker & McKenzie.Los préstamos ya concedidos tendrán que reembolsarse cuando hayan vencido y, en caso de que la compañía se vea obligada a modificar sus planteamientos contables, algunos directivos tendrán que reembolsar bonos e incentivos. Se impone la transparencia inmediata sobre operaciones con acciones de la sociedad de quienes tengan más del 10%.

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