COLUMNA

Delincuencia y educación

En algunos campos, como el de la delincuencia, resulta desolador que no existan datos estadísticos, que no serían nada difíciles de conseguir en los boletines de detenidos, procesados y penados, para comprobar de manera fehaciente si las ideas de ilustres juristas para reducir la criminalidad son buenas o, por el contrario, no son otra cosa que utopías.

Una de las ideas con mayor tradición es la que vincula delincuencia con educación y, precisamente, a estas alturas, podríamos estar en condiciones de ir aclarando si es cierto lo que ya en 1766 escribía Césare Bonesana, marqués de Beccaría: 'Perfeccionar la educación constituye el medio más seguro, al mismo tiempo que el más difícil, de evitar los delitos' (De los delitos y las penas, Alianza Editorial, 1968).

Cualquiera que repase los deplorables niveles educativos de pasados siglos comprenderá que se forjaran ideas, no sólo en el ámbito de lo penal, sobre los beneficios de enseñar a las personas al menos a leer y a escribir. En la España de 1900, pocos años después de que Concepción Arenal defendiera reformas penitenciarias para conseguir condiciones más humanas para los presos y medidas para su rehabilitación, el 59% de la población era analfabeta. En fecha tan reciente como 1970, seguía habiendo en España un 9% de personas que no sabían leer y escribir, las tasas de escolaridad en enseñanza primaria apenas superaban el 62%, sólo estudiaba bachillerato el 37,7% de los niños de 11 a 17 años y en enseñanza superior estaban matriculados poco más de un cuarto de millón de personas.

Los datos actuales sobre nivel educativo de la población muestran un panorama radicalmente distinto. El analfabetismo, en menores de 60 años tiene carácter anecdótico, la escolarización de los niños de 4 a 15 años es del 100% y cursan estudios universitarios 1.600.000 personas, seis veces y media más que hace 30 años. Pero el caso es que esta mejora espectacular en el nivel educativo de la población, en lugar de traducirse en descensos de las cifras de delincuencia, se está viendo acompañada de aumentos inquietantes en el número de actos criminales de los que incluso, en muchas ocasiones, son protagonistas jóvenes pertenecientes a generaciones que han pasado por la escolaridad obligatoria hasta los 16 años que estableció en 1990 la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse).

Sin embargo, el hecho de que, a nivel global, no se confirme la esperada relación inversa entre educación y delincuencia, no puede llevar a catalogar de sueño romántico la esperanza de que la educación aliviaría las situaciones de marginación y delincuencia. Por el contrario, hay que profundizar en las tipologías de los delincuentes para apreciar si en su caso evadieron la escolaridad, si se trata de fracasados escolares, si son inmigrantes que no han podido disfrutar de nuestra escolaridad obligatoria y cuantos factores permitan apreciar en qué ha podido fallar una teoría que, además de expresión de sentimientos nobles, obedece a los dictados de la razón.

También sería importante estudiar si el propio sistema educativo está consiguiendo uno de los objetivos fundamentales de la LOGSE, consistente en 'construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la misma' y analizar en qué medida los esfuerzos del sistema educativo por fomentar este tipo de valores pueden estarse viendo contrarrestados por los mensajes que realmente transmite nuestra sociedad, sobre todo a través de medios con tanta capacidad de penetración como unas televisiones privadas y públicas que, con inconsciencia imperdonable, programan basura con el triste objetivo de incrementar sus audiencias.

Merece la pena dedicar esfuerzos a este tipo de estudios, al menos, antes de renunciar a medidas integrales que afronten el problema de la delincuencia en sus propios fundamentos y limitarse, como denuncian destacados expertos que está ocurriendo, a reformar la Administración de Justicia recortando derechos constitucionales de los detenidos, prescindiendo de políticas sociales y de integración y sin otro objetivo aparente que barrer las calles llenando las cárceles.