Las cajas, más transparentes
Las cajas de ahorros se han convertido en las empresas con mayores obligaciones en materia de transparencia de España. El Partido Popular y el Gobierno entienden que, a pesar de que no cotizan en Bolsa, son entidades que emiten valores negociables en mercados oficiales de valores, razón suficiente para que estén sometidas a las normas de transparencia que recoge el Informe Aldama.
Hasta ahí bien, ya que nadie puede recriminar el hecho de que se exija a las empresas mayor transparencia. El problema aparece cuando las normas que se imponen son más exigentes para unos actores que para otros que compiten en el mismo mercado, el financiero. æpermil;ste parece que es el caso de las cajas de ahorros y los bancos. El PP ha introducido una enmienda en la Ley del Mercado de Valores que afecta únicamente a las cajas, entidades que representan más de la mitad del sistema financiero. Con esta iniciativa, las cajas deberán realizar un informe de buen gobierno que incluya la retribución del consejo (sueldo, dietas y otro tipo de remuneraciones) y de los directivos, así como las obligaciones contraídas por las entidades en materia de pensiones y pagos de primas de seguros de vida. Con esta obligación, las instituciones de ahorro se equiparan a las medidas de transparencia vigentes para los bancos. Pero, a diferencia de éstos, deben incluir este informe de buen gobierno en su web, crear una comisión de inversiones o publicar las condiciones de los créditos concedidos a partidos políticos o instituciones públicas que hayan participado en el proceso electoral de la caja.
Estas iniciativas pueden tener cierta justificación, dado el nivel de politización que ha caracterizado al sector los últimos años, algo que no sólo ha provocado un vaivén de presidentes y consejeros, sino también la utilización de las cajas como instrumento financiador de ciertos proyectos empresariales de dudosa viabilidad. Pero no son sólo las cajas las que sufren las injerencias políticas, tanto para decidir las inversiones como para nombrar a sus responsables.
A pesar de las injerencias políticas padecidas por más de una caja, lo cierto es que el sector ha logrado en los últimos años un espectacular crecimiento. Han aumentado su cuota de mercado, restándosela a los bancos, y han entrado en el capital de las principales empresas. Las cajas creen necesaria la implantación de medidas de transparencia e incluso igualarlas a las de los bancos, aunque no cotizan. Pero consideran 'discriminatorio' el hecho de que a ellas se les exija más.
La medida del PP coincide con las mayores presiones de los bancos, sobre todo de los grandes que no logran despegar en España tras sus respectivas fusiones y sus menores ingresos en Latinoamérica. Las principales empresas también se sienten amenazadas por las cajas, que se han convertido en las grandes inversoras del país. Por ello, la norma del PP llega en un momento que puede levantar sospechas. La transparencia es buena, pero para todos igual.