La batalla que viene
En medio de fuertes tensiones sociales, los Gobiernos de Francia, Alemania y Austria están intentando llevar a cabo profundos cambios en sus sistemas de pensiones. Siendo diferentes las reformas propuestas, todas tienen en común un sustancial recorte de la cuantía de las pensiones, la introducción de mayores dificultades para acceder a ellas y la extensión del campo de actuación de las pensiones privadas.
Todo indica que ésta será también la próxima gran batalla social en España, que, de momento, ha sido aparcada por los integrantes del Pacto de Toledo hasta después de las elecciones del domingo. Aunque aquí el gasto social y la cuantía de las pensiones sean muy inferiores a los de los países antes mencionados; aunque, según el Ministerio de Trabajo, nuestras pensiones no corren ningún peligro en los próximos 20 años; y aunque varias de las reformas que en esos países se plantean -como, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación: la edad media real de jubilación en España se sitúa en 63,4 años, frente a los 58 de Francia y de la media comunitaria- están en el nuestro vigentes, el Gobierno del PP parece dispuesto a plantear otra nueva y profunda reforma de las pensiones. En la dirección de un drástico recorte y de una mayor privatización. No otra cosa implica la propuesta de imponer que el cálculo de las futuras pensiones se realice en España tomando en cuenta toda la vida laboral. Este proyecto forma parte de las reformas que no figuraban en el programa electoral del PP -como tampoco la reforma del mercado del trabajo, la del desempleo o el intento de reforma de la negociación colectiva-, pero que son centrales en la agenda oculta del señor Aznar. Será, por tanto, muy improbable que éste se retire de la presidencia sin que intente llevarla a cabo. Mientras acusa a la oposición de poner en peligro las pensiones, el señor Aznar prepara el mayor recorte a las mismas realizado hasta ahora en nuestro país. Como está sucediendo con otros temas en esta campaña electoral, quien tendría que ser el emplazado pasa a ser el acusador.
Este tipo de reformas suelen basarse en proyecciones a 50 años muy poco fiables, ya que basta con que no se cumpla una variable para que el resultado final sea totalmente diferente. El principal problema que plantean es que son apriorísticas, unidimensionales y unidireccionales.
Una mayor privatización de las pensiones contribuye a incrementar las desigualdades sociales ante la jubilación
Apriorísticas. Plantean recortar las pensiones sí o sí. Es como con la guerra de Irak: la decisión estaba tomada de antemano y las expectativas abiertas por los inspectores de la ONU resultaban un incordio. ¿Y si la gente estuviera dispuesta, pongamos por ejemplo, a pagar más (que de todas formas la mayoría lo tendría que hacer, vía fondos privados, si se imponen tales reformas) para mantener unas pensiones suficientes en el futuro? Prohibida la cuestión, no vaya a ser que, como vino a decir el jefe de los inspectores, la respuesta estropee la decisión ya tomada.
Unidimensionales. Casi toda la argumentación se centra en las repercusiones que el incremento de la esperanza de vida tendrá en el gasto en pensiones, de aquí a 40 o 50 años. Pero se dejan fuera del debate cuestiones claves. Como, por ejemplo, la fiscal: ¿no tiene nada que ver con el futuro de las pensiones la creciente desfiscalización de las rentas del capital que se está produciendo? O el nivel y la tasa de empleo: en este terreno, casualmente, las previsiones siempre suelen ser muy pesimistas. O la precariedad del mercado de trabajo: el 42% de los afiliados a nuestra Seguridad Social son temporales y las bases de cotización de los afiliados por primera vez al sistema son un 41% inferiores a la media. O el reparto de los incrementos de la productividad entre salarios (las pensiones son, en realidad, una forma de salario diferido) y beneficios, que en los últimos 20 años ha sido espectacularmente desfavorable a los primeros, pero que no tendría por qué serlo también en los próximos 50. La propuesta de prolongar la edad de jubilación no tiene sentido si no es en un contexto de pleno empleo (salvo que se quiera penalizar a los jóvenes), que se inscriba en una gestión del tiempo de trabajo a lo largo de toda la vida activa, que tenga en cuenta la bajísima tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55 años y la dificultad para completar una carrera de pensión por parte de los trabajadores temporales y a tiempo parcial.
Unidireccional. La finalidad invariable es conseguir mayor espacio para las pensiones privadas. El objetivo no es gastar menos, sino distribuir el gasto de otra manera (menos en pensiones públicas y más en privadas). El resultado no será un sistema más barato. Tampoco más justo: una mayor privatización de las pensiones contribuye a incrementar las desigualdades sociales ante la jubilación. Ni más seguro: no hay más que pensar en las pérdidas que están teniendo los fondos privados de pensiones. Los sistemas por capitalización no son menos vulnerables que los de reparto ante el desafío demográfico: al final, y colectivamente, en uno y en otro sistema el dinero tiene que salir de los activos de las nuevas generaciones.
Como se ha puesto de manifiesto, hace unos meses en Italia y ahora en Francia, la primera condición para hacer frente a esa batalla que se nos avecina es la de evitar la ruptura del frente sindical. La segunda, la capacidad de la izquierda para desencadenar un profundo debate de sociedad.