La sombra de la sospecha
Mi intención era intentar aportar al debate creado con relación a la opa de Gas Natural sobre Iberdrola una perspectiva más a favor de la CNE y su cuestionada intervención. Pretendía argumentar que, en una operación de este tipo, la concurrencia de los diversos intereses en juego obliga a conciliar unos y otros y, en último caso, priorizar el interés general sobre el particular, por legítimo que éste sea.
La Ley 34/1998 y el Real Decreto 1339/99, creadores de la CNE, establecen que sus objetivos se centran en velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos, así como la objetividad y transparencia de su funcionamiento en beneficio de los operadores y de los consumidores. Nada debería, pues, reprocharse a la CNE si dicha función la ejerce con rigor, criterio y objetividad.
De hecho, la situación de la opa de Gas Natural sobre Iberdrola ya estaba prevista en nuestro ordenamiento. Es la propia Ley del Sector de Hidrocarburos la que establece que aquellas sociedades mercantiles que desarrollen actividades reguladas -como Gas Natural- podrán tomar participaciones en sociedades que lleven a cabo actividades en otros sectores distintos del sector del gas natural, previa obtención de la autorización de la CNE. Y esta institución sólo podrá denegarla si estima fundadamente la existencia de riesgos significativos o efectos negativos sobre las actividades reguladas en la ley, previendo de forma expresa la posibilidad de dictar autorizaciones que expresen condiciones.
Por todo ello quería defender -que no suscribir- la resolución de la CNE o, al menos, recabar para el órgano y su decisión el respeto del que son merecedoras las instituciones del Estado y sus actuaciones. Puede discreparse de su criterio (nuestro ordenamiento jurídico provee de garantías para quien se sienta injustamente perjudicado), pero me parece irresponsable y peligroso cuestionar cómo se ha hecho el proceso de formación de la decisión.
Pueden discutirse los argumentos de la resolución (texto íntegro en www.cne.es), su fundamentación técnica y jurídica, pero no creo que sea correcto insinuar, sin elementos concretos de prueba, que la decisión adoptada responde a oscuras tramas o intereses inconfesables.
Después de publicarse que los técnicos de la CNE eran favorables a una autorización con condiciones sigo pensando igual, pero no puedo evitar ver caer sobre la CNE la sombra de la sospecha. Quiero pensar y estar convencido que cada uno de los miembros de la CNE es experto en la materia, que han analizado con detenimiento y objetividad los hechos y han votado en conciencia lo que en su opinión mejor servía al interés general, el sistema energético y los consumidores. Pero las circunstancias no ayudan a mis buenas intenciones.
Es difícil entender que haya una discrepancia tan esencial entre las conclusiones de las direcciones técnicas y la decisión adoptada por el consejo de administración de la CNE y es extraño -o irregular- que en las 99 páginas de la resolución no se hayan tomado en consideración los análisis de las áreas técnicas del órgano regulador, ni se haya considerado necesario justificar la discrepancia.
El vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato, al declarar en Bilbao su respeto tanto por los votos mayoritarios como por los minoritarios del consejo de la CNE, decía que estaba convencido de que ninguno de sus miembros ha hecho un pronunciamiento por razones distintas del interés general. Es probable que así sea, pero la realidad es que no hay forma de llegar a constatar las razones que íntimamente han guiado a cada uno en el sentido de su voto. Quizá alguno ni siquiera lo sepa: con frecuencia invertimos el proceso racional y adoptamos una determinada posición de forma subconsciente o visceral, y luego buscamos un argumento para justificarla.
Es un problema de credibilidad, y ésta se tiene o no en función de los merecimientos de cada uno. Desde esta perspectiva y sin entrar en el debate sobre el sentido de la resolución, sí creemos que debe reprocharse a la CNE y cada uno de los miembros de su consejo de administración que no hayan sido capaces de evitar las sospechas. Es el principio de la mujer del César: la CNE no sólo debe ser independiente, sino que además debe parecerlo.
En su descargo, y para nuestra desgracia, sólo podemos constatar que la sombra de la sospecha es muy amplia. Unos se amparan en el interés general; otros, en el de la compañía o sus accionistas.