El alto coste de la sanidad pública
Cuando se les pregunta a los expertos en sanidad por los principales retos pendientes para la próxima legislatura, no dudan en apuntar como uno de los principales la necesaria coordinación entre las distintas comunidades, a través de un buen desarrollo de la Ley de Cohesión recién aprobada en el Parlamento. 'Se trata de garantizar que en todos los territorios del Estado se tiene acceso a las prestaciones sanitarias fundamentales, sin dejar de dar respuesta a los problemas específicos de cada comunidad', explica José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Andalucía, Cataluña y el País Vasco están entre las comunidades que primero pudieron gestionar su sanidad y también entre las que sufrieron de forma más temprana las insuficiencias financieras del sistema, ya que el Gobierno central realizó los traspasos sin la correspondiente cobertura económica.
Hasta el año 2002, la sanidad se financió mediante acuerdos cuatrienales, proceso que llegó a su fin con el acuerdo autonómico que fue firmado ese mismo año. Pero los lastres del pasado pesan. Las cifras del presupuesto para el territorio Insalud en el año 2000 ofrecían datos elocuentes: había cinco puntos porcentuales de diferencia (5.000 pesetas por habitante y año) en el gasto previsto por persona protegida entre la comunidad más favorecida y la que menos. A dicha desigualdad en la financiación sanitaria se sumaron diferencias significativas en el gasto por persona protegida entre las comunidades con gestión de Insalud no transferida. Diferencias que ya habían aumentado desde 1996 y que en 1998 llegaron a las 22.000 pesetas por habitante y año.
Por otra parte, el profesor Alberto Infantes recuerda que todavía sigue sin abordarse la situación de las modalidades especiales de aseguramiento de la financiación pública, a través de organizaciones como Muface, así como de las mutuas de accidente y enfermedad del trabajo. En el informe que ha elaborado para la Fundación Alternativas se constata que el gasto en salud sigue creciendo a expensas, sobre todo, del gasto privado, que ya en el año 2000 se situó por encima del 30% del gasto sanitario total.
El prototipo de la gestión sanitaria promovida por el PSOE ha sido, sin duda, Andalucía, con competencias transferidas desde hace casi dos décadas. Fue la primera comunidad en afrontar, de forma desigual, el problema de las listas de espera y en poner diques a la penetración en el sistema de la iniciativa privada.
El presupuesto de los servicios concertados con la sanidad privada en Andalucía supone sólo el 5% del total, cuando la media nacional está en el 14%. Cataluña se encuentra a la cabeza, seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana. Andalucía fue también la primera comunidad en afrontar el problema del desbocado gasto farmacéutico, en una media de crecimiento anual del 10% en los ocho últimos años. Comunidades como la Valenciana, Canarias, Cantabria, Baleares, Murcia y Madrid han estado casi siempre por encima de la media en el coste de una factura farmacéutica que, en gasto per cápita, ronda los 200 euros anuales.
Pactos con Farmaindustria
La oferta electoral de los dos grandes partidos esquiva el fondo de este problema, pues tanto el PP como el PSOE toman como referencia la evolución de los acuerdos con Farmaindustria, la patronal farmacéutica. Si para el primer partido estos pactos han sido eficaces para contener el gasto en farmacia, para el segundo han tenido mucho de propaganda y de contrapartidas bajo cuerda para la industria afectada.
Si Andalucía es la principal pantalla en la que se refleja la gestión socialista de la sanidad, la comunidad valenciana se antoja como el prototipo de las políticas del PP. La creación de la famosa fundación en el hospital de Alzira, ejemplo seguido también en el hospital madrileño de Alcorcón, no han demostrado la eficacia esperada en la gestión. 'Mi intención en la próxima legislatura es que los hospitales públicos que así lo decidan puedan ser administrados por empresas privadas', señaló el ex ministro Romay Beccaría en febrero de 2002. La posterior llegada al Ministerio de Celia Villalobos puso patas arriba este modelo y creó un vacío que, de forma discreta, está intentando llenar la actual titular del ministerio, Ana Pastor.
La reducción de las listas de espera, un arma electoral utilizada por los populares en los últimos procesos electorales, se ha demostrado en gran parte una quimera. Si en 1993 había 146.000 pacientes en ellas, seis años después sólo se había conseguido reducir este número en 5.000 personas. Canarias, en cuyo Gobierno ha venido participando el PP de manera alternativa, Galicia, Cantabria y Castilla y León se encuentran entre las comunidades donde los pacientes deben esperar más días a ser operados. En datos del año 2001, los últimos disponibles, también se sitúan en cabeza las comunidades de Cataluña, Andalucía y Aragón.
El traspaso de competencias sanitarias no ha resuelto, por el momento, ninguno de estos problemas. En un reciente estudio coordinado por el ex ministro Julián García Vargas para la Fundación Encuentro se denuncian problemas como el de las listas de espera, la masificación, las dificultades de organización, los costes crecientes y la demanda continua de servicios, que no serán solucionados pasa a la Página siguiente
Viene de la Página Anterior con el modelo de financiación vigente. æpermil;ste no liga los presupuestos de la sanidad con el producto interior bruto, sino con los ingresos tributarios del Estado.
El panorama puede agravarse si desde las Administraciones autonómicas se incide en la rebaja de impuestos a partir de los límites que impone la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Para aumentar los recursos financieros habría que recurrir, como ha hecho el presidente Alberto Ruiz-Gallardón en Madrid, a recargos sobre el impuesto de las gasolinas, un instrumento que el PSOE ha prometido no utilizar en la próxima legislatura autonómica. Ruiz-Gallardón mantiene que, pese a todo, ha conseguido rebajar la presión fiscal en Madrid, la comunidad, añade, donde se pagan impuestos por debajo de la media española.
Etapas decisivas
Estos nubarrones, sin embargo, no pueden impedir ver la coyuntura sanitaria con un poco de perspectiva, lo que evidencia que se han producido firmes avances en épocas muy determinadas. Por ejemplo, cuando en 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, norma a partir de la cual se creó el actual Sistema Nacional de Salud. O también cuando en la etapa de la ex ministra Ángeles Amador al frente del ministerio se logró dotar al sistema de viabilidad financiera a través de un marco estable que propició también el ex ministro socialista Pedro Solbes.
La asignatura pendiente para la actual titular de la cartera, Ana Pastor, consiste en desarrollar de forma eficaz y coherente la Ley de Cohesión que su departamento ha elaborado con tanta habilidad como acierto para reunir el consenso de las principales fuerzas políticas. Algo hasta ahora poco habitual en normas de esta naturaleza.