Europa recorta sus pensiones
Europa está que arde por los recortes en los sistemas de protección social anunciados por varios Gobiernos para intentar cuadrar las cuentas presupuestarias. El ajuste está dejándose notar sobre todo en materia de pensiones, pero que también afecta a aspectos como la cobertura por desempleo o el funcionamiento de las Administraciones públicas. En la era del déficit cero, políticos de todo signo parecen haber llegado a la conclusión de que la única forma de mantener el Estado de bienestar europeo es recortando sus prestaciones.
La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar, y las movilizaciones están siendo masivas en todo el continente. Portugal, Grecia y Austria han tenido ya huelgas generales, mañana le toca a Francia y los sindicatos alemanes se preparan para el otoño si el canciller socialdemócrata Gerhard Schröder aprueba los recortes anunciados.
En materia de pensiones, el envejecimiento acelerado de la población y una maduración prematura de los sistemas de previsión públicos han colocado estos mecanismos de protección social al borde del colapso financiero. Es preciso repensar el modelo antes de que vaya a la quiebra. La crisis no sorprende a nadie, ya que economistas y demógrafos llevan años avisando que esto ocurriría. Sin embargo, hay pocos asuntos que resulten tan polémicos en Europa como todo lo que signifique un recorte en los sistemas de protección social.
Para poder sostener el Estado de bienestar y ser competitiva ante Estados Unidos, Europa necesita impulsar su ritmo de crecimiento y sus niveles de productividad. Los miembros de la UE se conjuraron hace ya tres años en Lisboa para poner los medios necesarios y absorber los diferenciales frente a EE UU, con fuertes inversiones en tecnología y educación. El objetivo: lograr el pleno empleo con máxima productividad y poder sostener de paso los sistemas de previsión.
En paralelo, la Comisión Europea ha insistido en reformar los modelos de Seguridad Social para evitar sus quiebras, aligerar el peso del gasto público en la economía y liberar así recursos para la actividad productiva. Eso supone que los trabajadores activos de hoy no podrán cobrar las mismas pensiones relativas que los actuales pasivos. Eso supone que para lograr parecidas prestaciones de retiro habrá que cotizar más años y con aportaciones más altas.
Las correcciones planteadas descargarán en parte al gasto público del compromiso de la jubilación, destinando desde ahora una parte de la cotización a capitalizar fondos particulares gestionados con criterio financiero y privado. El Gobierno español ha optado por incentivar este tipo de instrumentos y por retrasar la reforma del sistema de pensiones, parapetado en una engañosa bonanza financiera. Debería seguir el ejemplo europeo y ajustar sin demora las variables en las aportaciones y las pensiones, para que la pirámide de población no termine por aplastar, en pocos años, la previsión de la vejez de la mayoría de los españoles.