Protección Social

Europa recorta el Estado de bienestar

El presupuesto destinado a protección social en los países de la Unión Europea ha caído de modo continuo desde 1996 y los últimos datos comunitarios lo sitúan en el 27,3% del producto interior bruto europeo (2000). Pero puede hacerlo más, porque todos los países europeos están aplicando reformas que suponen severos recortes al Estado de bienestar, tanto en pensiones como en cobertura de paro.

Se ha elevado casi con carácter general la edad de jubilación y se han endurecido notablemente las condiciones de acceso a la prestación. Lógicamente estas medidas han tenido contestación social importante: ha habido huelgas generales en grecia, Portugal y Austria; mañana le toca el turno a Francia y los sindicatos alemanes anuncian fuertes movilizaciones para otoño.

Esta es una relación de las reformas aprobadas o proyectadas en cada uno de los países de la Vieja Europa.

Francia. El sistema ideado por el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin para 'salvar' el actual sistema de reparto en el futuro y aumentar de paso la actual media de 58 años como edad de retiro, igualará el periodo de cotización del sector público (hoy 37,5 años) al del sector privado (40 años), a partir de 2008 como base para recibir una pensión plena.

A partir de 2020, el periodo se alargará hasta los 42 años. Además, el sistema premiará a partir de 2003 con un 3% más las pensiones de las personas mayores de 60 años que ya hayan cotizado el periodo requerido y penalizará hasta con un 6% anual a quienes no lo hayan completado.

La firmeza mostrada por Jean-Pierre Raffarin, que quiso dejar claro en una intervención televisiva que 'no es la calle quien gobierna', deja poco margen a las concesiones que los sindicatos esperan obtener con la huelga general convocada para mañana, que aglutinará todas las formaciones sindicales, antes del proyecto de ley que será presentado el próximo 28 de mayo.

El Gobierno ha trasladado además su política de rigor a la sanidad pública. La supresión de 650 medicamentos y la reducción de un 85% al 35% de subvención de otros 617, son sólo el primer paso de la reforma del sistema sanitario que el Gobierno emprenderá a partir del otoño.

Además, para lograr el crecimiento cero del gasto público, el Gobierno suprimirá cientos de sucursales del Banco de Francia, venderá una buena parte de su parque inmobiliario y reducirá considerablemente el número actual de funcionarios en los ministerios, informa Sara Acosta.

Alemania. El gobierno del canciller Gerhard Schröder ha intentado introducir reformas en el Estado de bienestar desde la anterior legislatura, pero la crisis económica y el desastroso estado de las finanzas públicas del país han obligado a acelerar los cambios.

El déficit público alemán superó el pasado ejercicio la barrera del 3% fijada por Bruselas y todas las previsiones apuntan a que volverá a rebasarla este año.

Los primeros pasos en la reforma del estado de bienestar se dieron hace alrededor de un año con la introducción de la llamada 'pensión Riester', iniciativa del ex ministro de trabajo Walter Riester. Esta medida consiste en complementar las pensiones del sistema público con fondos privados contratados por el trabajador. El gobierno subvenciona la reforma dando ventajas fiscales a los que participen, sobre todo para intentar atraer a las familias con escasos recursos económicos.

La reforma incluyó sustanciales ayudas públicas para los empleados que paulatinamente incrementen hasta el 4% de sus salarios brutos las aportaciones a planes de pensiones privados (incluidos los fondos de empresa). Una vez que se llegue a este nivel, en 2008, el Estado contribuirá a la financiación de estos planes. La incorporación de los planes privados deberá evitar que el sistema público entre en crisis por el envejecimiento de la población.

La reforma fijó en el 22% el tope a las cotizaciones de aquí hasta 2030 (19,1% en la actualidad) y establece en el 67% del último salario neto el monto mínimo de las pensiones a pagar a aquellos empleados que hayan cotizado durante 45 años (70% actualmente).

Muchos expertos han señalado que estos cálculos son poco realistas y que, por ello, la reforma pronto tendrá que ser revisada una vez más.

El gobierno del canciller Schröder ha acelerado en la actual legislación el ritmo de las reformas y ha diseñado un ambicioso proyecto conocido como 'Agenda 2010', que modifica algunos de los principales pilares del Estado de bienestar.

Entre otras medidas, el proyecto flexibiliza las leyes de protección contra el despido, recorta los subsidios de paro y propone que el seguro de enfermedad deje de estar financiado por la sanidad pública, que también reducirá su cobertura. La 'Agenda 2010' ha levantado un sinnúmero de críticas entre los sindicatos e incluso el ala izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), la formación de Schröder.

El canciller intentará buscar el apoyo de sus compañeros de filas en un congreso extraordinario a celebrar el próximo 1 de junio, informa Paula Gil.

Italia. Empresarios y sindicatos firmaron en 2002 el llamado Pacto por Italia, que incluía numerosas medidas para acortar las diferencias regionales en el mercado laboral y para tratar de evitar las prejubilaciones. Sin embargo, el Gobierno italiano no quiso incluir la reforma de las pensiones propuesta en 2001 y que sigue en el Parlamento como uno de los asuntos pendientes.

En esa propuesta aún sin aprobar, el Ejecutivo se compromete a fomentar los sistemas privados de pensiones, así como a reducir las cotizaciones de los nuevos trabajadores entre un 3% y un 5% siempre y cuando la merma de ingresos que esto supone no convierta en deficitaria la caja de la Seguridad Social.

En los presupuestos de 2003 también se amplía la posibilidad de compatibilizar una pensión con rentas del trabajo. Pese a ello, la cantidad de trabajadores que se prejubila cada año sigue siendo alta (unos 250.000) y sólo 300 personas se acogieron en 2002 a los incentivos para alargar la vida laboral.

Austria. El pasado martes este país apareció paralizado por las protestas contra la reforma de pensiones. El Gobierno pretende ampliar el periodo de cotización de 40 a 45 años y retrasar la edad de jubilación de los 57 a los 59 años actuales para las mujeres y hasta los 65 para los hombres.

Finlandia Recientemente ha reformado su sistema de pensiones, aunque se ha retrasado la entrada en vigor de las medidas de mayor impacto. Se elimina el tope de la tasa de sustitución fijada en el 60% del último salario y se crea la posibilidad de elevar la cuantía de la pensión cuantos más años cotizados se tengan. En 2005 entrará en vigor la nueva fórmula de cálculo de la pensión que tendrá en cuenta toda la vida laboral. A partir de 2009 se fijará la cuantía de la prestación en función de la expectativa de vida en el momento del retiro.

Portugal Reformó el sistema de pensiones en el año 2000 y pasó a calcular la pensión teniendo en cuenta toda la vida laboral (en lugar de los 15 años que tomaba anteriormente). Sin embargo, establece un periodo transitorio hasta 2016 en el que se utilizará la fórmula que más beneficia al pensionista.

Suecia Este país también amplió en el año 2000 a todos los años cotizados el periodo para calcular la pensión. El Gobierno sueco ha tomado una de las medidas más drásticas de todas las reformas: su nueva legislación obliga a recortar las pensiones en cuanto haya déficit en el sistema.

Dinamarca El Gobierno de Anders Fogh Rasmussen también ha iniciado la reforma del sistema público de pensiones, con la aspiración de que éste se convierta en un futuro en un ingreso mínimo completado por planes de empresas y privados. Dinamarca ha eliminado además los incentivos a la jubilación anticipada. Sigue la senda de Reino Unido y Alemania y endurece el cobro del subsidio por desempleo vinculándolo a la aceptación del parado de las ofertas.

Bélgica Las reformas han sido mucho menores en Bélgica. El Gobierno de coalición liberal y ecologista, liderado por Guy Verhofstadt, sólo ha recortado tímidamente los subsidios de desempleo durante los últimos cuatro años. También ha retrasado la edad de jubilación de los 62 a los 65 años, de forma progresiva hasta 2009 y ha creado un fondo de reserva como el español. Las reformas podrían acelerarse durante la próxima legislatura, en función del resultado de las elecciones generales que se celebran el próximo domingo día 18, informa Bernardo de Miguel.

Holanda En Holanda, la Comisión Europea ha mostrado su alarma ante el importante número de beneficiarios de prestaciones sociales, que en el caso de los subsidios de desempleo alcanzan al 7% de la población activa, mientras que el 11% percibe pensiones de invalidez. La buena salud de las finanzas públicas holandesas y el impasse político que vive el país desde la caída del último Gobierno de Wim Kok hace 15 meses han aplazado de momento las reformas sociales más drásticas, sobre todo la de las pensiones de invalidez.

Grecia En 2002 el Gobierno adoptó una reforma que incluía un nuevo marco legal del sistema de pensiones que racionalizaba más el gasto. Sin embargo, la Comisión Europea considera que los cambios han sido tan insuficientes que obligará al Gobierno a vigilar que no aumente excesivamente el gasto y a aplicar recortes si fueran necesarios.

Reino Unido El Reino Unido fue pionero en la desmantelación en parte del sistema público de pensiones. Ya en los años ochenta se dividieron las pensiones públicas. Las fundaciones hospitalarias operarán prácticamente como compañías privadas aunque seguirán bajo titularidad estatal. Tony Blair ha querido invertir esta proporción pero las circunstancias económicas y ahora políticas no le han permitido dar este paso.

Una vez iniciada la transformación de un sistema puro público a uno mixto, el Gobierno de Blair pretende ahora hacer lo mismo con el Sistema Nacional de Salud (NHS).

La pasada semana el Ejecutivo laborista logró el apoyo del Parlamento para crear fundaciones hospitalarias. æpermil;stas tendrán la responsabilidad de generar sus propios recursos para cubrir los costes de nuevas inversiones en servicios y contarán con un consejo de administración independiente del Ministerio de Sanidad y capacidad para decidir su política salarial.

Además tendrán plena libertad para formar joint ventures con el sector privado, aunque los beneficios obtenidos deberán ser destinados a reinversión. La oposición y la parte más izquierdista de los laboristas acusan a Blair de privatizar y desmantelar el sistema público sanitario 'por la puerta de atrás', informa Ana Hernando.