Gasto social y crecimiento en España y en la UE
José Luis Gómez-Calcerrada Gascón analiza la evolución de la protección social en España y en toda la UE. El autor explica la reducción del porcentaje del PIB destinado a este apartado
La protección social es el principal baluarte de las sociedades del bienestar, pero es también el principio más valioso sobre el que se articulan las democracias occidentales, su razón de ser más creíble y el instrumento de cohesión social más duradero y consistente.
Pero el vínculo entre la protección social y la economía no es un maridaje exento de tensiones, interpretaciones y matices. Y es lógico, razonable y justo que así sea. La permanente dialéctica del cuánto, cuándo y a quién es vieja y es un alimento social necesario, que mantiene en el primer plano el discurso de la justicia y de la igualdad de oportunidades, reivindicaciones estas que deben representar los principios insoslayables de la razón de ser política, económica y social de todas las sociedades.
Por eso es justificable el inconformismo de quienes demandan mayor inversión en gasto social y de quienes consideran que la protección de las necesidades básicas debe ser un asunto prioritario de los Gobiernos. ¿Quién no está de acuerdo con esta justa demanda? Pero para llegar al jardín, muchos son los senderos que se bifurcan y muchas las etapas del camino.
En los últimos años, el gasto social por habitante en la Unión Europea ha aumentado. Y en España lo ha hecho a un ritmo superior La creación de empleo es una obligación política de primer orden y, en definitiva, una manera inequívoca de hacer política social
Cada año se produce cierto revuelo mediático cuando la Comisión Europea hace pública la parte del PIB que cada país de la UE dedica al gasto social y de cómo éste, en el seno de la Unión, no se incrementa al ritmo que lo hace el PIB. Esta asimetría, y la distancia que separa a España de la media de la UE, suelen ser el centro de la polémica. Veamos la realidad y analicemos sus circunstancias.
En el año 2000 el porcentaje del PIB detraído para hacer frente a los gastos de la protección social en la UE-15 es cierto que se ha ralentizado. En este año la UE-15 gasta una media del 27,3% del PIB. Desde 1993 el recorte ha sido paulatino. España, que en la actualidad invierte el 20,1% de su PIB en protección social, ha tenido también un gráfico en caída gradual desde esa misma fecha, aunque en nuestro país los recortes han sido más acusados debido a dos causas principales.
La primera se refiere al mayor ritmo de crecimiento del PIB español, que ha supuesto que el porcentaje necesario para hacer frente al gasto social comprometido sea menor. Entre 1995 y 2000, la diferencia de crecimiento del PIB de España con el de la UE-15 arroja un saldo a nuestro favor de 6,5 puntos porcentuales.
La segunda es consecuencia de la primera, ya que, al haber sido España el país que más empleo ha generado dentro de la UE, se ha producido un descenso del desempleo y, por consiguiente, también de las prestaciones por el mismo. No olvidemos que, de las siete funciones que incluyen las estadísticas integradas de Eurostat, la prestación por desempleo es en España la tercera que más pondera dentro del conjunto de prestaciones.
Estas dos causas explican asimismo por qué en España, entre 1996 y 2000, el gasto en protección social por habitante, a precios constantes, haya aumentado más que en la UE-15: 8,2% frente a 7%. La diferencia es mayor si la comparación se realiza con la UE-12, donde en este periodo el incremento fue del 6,4%. Y aumenta si los periodos de referencia se acortan. Así, de 1998 a 2000, el gasto per cápita creció en España el 5,4% por el 4,3% de la UE-15. Y entre 1999 y 2000 los incrementos respectivos fueron 2,9% y 1,8%.
Por lo tanto, en los últimos años, el gasto social por habitante en la UE ha aumentado. Y lo ha hecho a un ritmo superior en España. No es correcto afirmar que el gasto en protección social está disminuyendo en la Europa comunitaria. Otra cosa es cuando se compara el gasto derivado a protección social con el porcentaje que éste representa del PIB; entonces sí, de ese enfrentamiento sí se puede inferir tal aserto. Y otra cosa es también demandar un crecimiento del gasto en protección social paralelo al crecimiento del PIB; es decir, a mayor crecimiento, mayor porcentaje debería derivarse a protección social.
Al comparar las tasas de variación interanual del PIB y del porcentaje de éste invertido en protección social en los noventa, se aprecia que hay una casi perfecta correlación inversa entre el PIB y el porcentaje del mismo dedicado a los fines de la protección social; es decir, las subidas de las tasas de variación del PIB no están acompañadas de aumentos de las tasas de variación de la inversión en protección social.
La lógica económica proclama que los sucesivos aumentos de la renta, si van acompañados de una distribución de la misma respetuosa con los criterios de racionalidad económica y de justicia social, deben suponer la desaparición de necesidades. Luego, si el porcentaje del PIB dedicado al gasto en protección social disminuye como consecuencia del aumento continuado de la riqueza, y con ello disminuyen algunas de las necesidades sociales que incluye la estadística integrada de Eurostat, como es el caso del retroceso del desempleo, estamos ante una situación más plausible que preocupante; aunque eso reste puntos al porcentaje global detraído del PIB.
La creación de empleo es una obligación política de primer orden, que combate las desigualdades en su raíz y favorece la igualdad de oportunidades. Es, en definitiva, una manera inequívoca de hacer política social. En ese haber hay que computar la importante creación de empleo que ha sido capaz de generar el mayor crecimiento económico de España respecto a la media comunitaria.
Este logro, no directamente mensurable como gasto en protección social, es la manera más efectiva de abordar las múltiples carencias y necesidades que el desempleo ocasiona a quien lo padece y a su entorno familiar.
Los mayores crecimientos de la riqueza y del empleo en España respecto a la Unión Europea explican el superior incremento del gasto social per cápita de nuestro país en los últimos años. Y avalan otra forma de enfocar la política social, que no descuida el mantenimiento de la asistencia directa de las necesidades, ya que las transferencias a la población receptora siguen aumentando, pero que, a través de un crecimiento económico sostenido, generador de empleo, combate al peor enemigo de la justicia social, el desempleo.
En el viejo dilema del pez y de la caña, que no tienen por qué ser alternativas excluyentes entre sí, debe de ir perdiendo protagonismo el pez en favor de la caña.