Incentivos con sabor electoral
El presidente José María Aznar tocó ayer oficiosamente la campana con la que empieza la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 25 de mayo. Lo hizo presentando un paquete de incentivos a la contratación y la inversión que beneficia sobre todo a los jóvenes autónomos, las pequeñas y medianas empresas, el empleo femenino y el alquiler de viviendas. Una combinación de estímulos cuya efectividad en términos de crecimiento económico será difícil medir a corto plazo, pero que puede tener efectos importantes en cuanto a movilización de votos, ya que afectan a grupos demográficos de gran espectro.
La catarata de medidas de estímulo económico que el Gobierno había anunciado a principios de año, y que quedó paralizada por la guerra, florece ahora a cinco semanas escasas de los que se presentan como los comicios más igualados de los últimos años. Pasado el amargo trago que ha supuesto el conflicto bélico para el Gobierno, con un coste muy serio en expectativa de voto, el presidente del Ejecutivo vuelve el capote hacia las suertes que mejor domina, aquellas en las que circunstancialmente se ha defendido mejor en los últimos años: una actividad económica ciertamente boyante, con unos resultados en empleo espectaculares.
Buena parte de las medidas anunciadas ayer y que se pondrán negro sobre blanco en el Consejo de Ministros del viernes ya se conocían, o constituían el cuaderno de quejas de colectivos cada vez más potentes en la sociedad española, como es el caso de los autónomos. Otras, como los estímulos al alquiler de viviendas, constituyen un nuevo intento desesperado de aliviar los efectos penalizadores sobre la renta de las familias de la política inmobiliaria de los últimos años, pero cuyos réditos bien podrían quedar desiertos en un país con una implantación secular casi enfermiza de la cultura de la propiedad. Ciertamente se mejora también la posición del propietario en una legislación sobre arrendamientos en la actualidad claramente desequilibrada a favor del inquilino en caso de impagados o de incumplimiento de contratos.
Una cosa parece clara: las medidas del plan Aznar no parecen constituir un motor de actividad por sí mismas, puesto que únicamente alivian los costes de Seguridad Social y fiscales de pymes, autónomos y empresas que contraten a colectivos muy determinados. Pero los beneficios electorales pueden ser notables, dado que los colectivos a los que afectan son muy numerosos, y se tocan cuestiones muy sensibles como los impuestos y las cotizaciones, y con un coste muy escaso y financiado por la saneada caja de la Seguridad Social.
Esta serie de medidas marcadamente populistas restablecen una vieja reivindicación del colectivo de autónomos (casi tres millones en España), cual es percibir prestación por incapacidad desde el cuarto día de baja, que puede abrir una nueva vía de fraude nunca suficientemente extinguido en el sistema de prestaciones públicas.