Incidencia de la guerra en España

El Ministerio de Economía ha hecho saber que mantiene la previsión de crecimiento de nuestra economía del 3%, que sirvió de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado para 2003, ya que considera que España todavía no se ha visto afectada por las consecuencias de la guerra. Sin embargo, ya antes del inicio del conflicto, el Banco de España, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional habían rebajado esta estimación al 2,5%; sin embargo, la fuerte caída de las previsiones para la zona euro y la desaceleración de nuestra economía, que sólo creció en el cuarto trimestre del pasado año el 0,3% en tasa intertrimestral, nos llevó a pensar que nuestro crecimiento en el presente año estaría en el entorno del 2%.

El estallido de la guerra Estados Unidos-Irak ha cambiado el panorama económico mundial, dado que se prevé una duración más dilatada de lo que en un principio se pensó; la incertidumbre vuelve a caer sobre la economía mundial.

La última previsión de crecimiento para la Unión Europea efectuada tanto por la Comisión como por la OCDE estimaba que no superará el 1%, con Alemania en recesión y Francia en el entorno del 0,5% con evolución negativa en el empleo y en el déficit público.

El comisario europeo Pedro Solbes ha dicho que si la situación sigue empeorando la economía mundial y la de la Unión Europea podrían entrar en recesión. Bruselas ha estimado que el PIB de la zona euro estaba prácticamente estancado a comienzo del año.

Dado que Japón continúa desde hace casi una decena de años en deflación, Estados Unidos -que podría ser el único país que tirara de la economía mundial- se encontrará en una situación muy delicada al terminar la guerra. En marzo la confianza del consumidor ha caído a su nivel más bajo de los últimos años y el índice de confianza de la actividad económica disminuyó en más de tres puntos, lo que unido al alto nivel de endeudamiento de los hogares ha disparado la alarma sobre la morosidad en los créditos concedidos a los mismos, con los efectos que ello podría tener sobre la economía, dado que el gasto de consumo de las familias supone las dos terceras partes del PIB.

Si a lo anterior le unimos los desequilibrios macroeconómicos que desde hace años padece la economía de Estados Unidos -déficit público del 3%, que se verá fuertemente ampliado a consecuencia de los gastos derivados del conflicto bélico y de la rebaja de impuestos contemplados en el nuevo presupuesto y un déficit en balanza de pagos del orden del 4,5% del PIB- nos encontramos que la locomotora mundial entrará en recesión y no podrá tirar de los otros dos bloques, Unión Europea y Japón.

Con este panorama mundial parece un sarcasmo decir que la economía española crecerá a una tasa del 3%. Gracias a nuestra entrada en el mercado único y en la unión monetaria, España se ha convertido en una de las naciones más abiertas del mundo, medido por el porcentaje de exportaciones más importaciones sobre el PIB, índice que ha sobrepasado el 60% y por tanto lo que sucede en el resto del mundo nos va a afectar de manera significativa.

Creemos que nuestro crecimiento puede caer por debajo del 1%, que unido a la fuerte tasa de inflación que padecemos, que ha dado lugar a un diferencial desde 1998 de más de cinco puntos con respecto a la media de la Unión Europea, nos va a colocar en una situación de estancamiento con inflación (stagflation), con una fuerte incidencia sobre el déficit público a consecuencia de la disminución de los ingresos y a un empeoramiento de la balanza de pagos por pérdida de competitividad.

Si creemos que este escenario es factible de producirse, el Gobierno no puede permanecer impasible, sino que debería preparar un paquete de medidas para hacer frente a lo que se nos avecina, teniendo en cuenta además que es casi seguro que el Banco Central Europeo revise fuertemente a la baja el tipo de interés dada la recesión de Alemania y la situación de crisis económica en Francia, y que el precio del petróleo puede alcanzar los 50 dólares el barril.

Con estos condicionantes el margen de maniobra no es amplio, pero es indispensable, en la medida de lo posible, tener preparadas las medidas más convenientes.

El primer objetivo del paquete debería ser el control de la inflación. La contención de los márgenes de beneficio de las empresas y de los salarios es fundamental para ello.

A estos efectos el Gobierno debería efectuar un análisis profundo de los márgenes de las empresas pertenecientes a sectores productivos que tradicionalmente son inflacionistas y convencer a los sindicatos de que la salida de la crisis, y por tanto de la generación de empleo, sólo será posible si efectivamente se produce una verdadera contención de los salarios.

Igualmente las empresas congelarán las retribuciones de los presidentes y consejeros de las sociedades. Para que los costes de producción puedan disminuir, las cotizaciones sociales empresariales deberían ser reducidas durante un año en la cuantía en que se estima los excedentes que a pesar de la caída de actividad pudieran producirse. Las Administraciones públicas no deberían subir tasas ni impuestos indirectos durante un año.

Del lado de la demanda, dado que los gastos de protección social suponen el 60% del gasto no financiero de las Administraciones públicas, será difícil que el resto de los gastos presupuestarios puedan soportar una reducción significativa. No obstante, aunque sólo fuera para dar una muestra de austeridad, deberían eliminarse gastos que no se consideren de vital necesidad para atender las necesidades de la colectividad.

En cuanto a los gastos de protección social, cuya reforma es imprescindible para alcanzar la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo, debería establecerse de momento un copago en la prestación del servicio sanitario para aquellas personas cuya renta familiar excediera del límite que se considerara procedente para no afectar a sus consumos básicos. Debería iniciarse inmediatamente un estudio para determinar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, incluyendo las medidas a adoptar si no fuera viable, que serían negociadas con las representaciones sindicales y sociales, explicando a la opinión pública la necesidad de la reforma

Se efectuaría una revisión a fondo de los gastos fiscales y subvenciones, eliminando aquellos que si bien en su día pudieron tener una razón de ser, hoy no la cumplen.

Existen gastos que se están financiando a través de préstamos del Estado, pero que realmente constituyen una demanda financiada públicamente, que deben ser eliminados. Por último, hay que eliminar los déficit de las televisiones públicas, suprimiendo dichos entes en la forma que ya hemos expuesto infinidad de veces.