Los sindicatos ante el conflicto

La posición ante las guerras siempre había provocado las divisiones más profundas en el movimiento obrero internacional. Con la Gran Guerra saltó hecha añicos la Segunda Internacional; en la Segunda Guerra Mundial se fueron fraguando los distintos bloques sindicales que serían el germen de la división que ha perdurado hasta hace menos de diez años y de la que aún quedan algunos vestigios residuales.

Incluso en conflictos más recientes y locales como la intervención en Kosovo, el movimiento sindical europeo apenas logró ponerse de acuerdo en una declaración común, suficientemente genérica como para eludir las diferencias que iban más allá de simples matices.

La vocación internacionalista con la que nacieron los sindicatos y los partidos obreros terminaba por ceder ante la devoción a los intereses nacionales de diverso tipo.

Sin embargo, frente a la invasión de Irak, los sindicatos de todo el mundo han reaccionado de forma similar, participando activamente en las movilizaciones contra la guerra. Particularmente la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha demostrado una mayor coherencia interna que en ocasiones anteriores. En la reunión de su comité ejecutivo del pasado 20 de marzo en Bruselas, además de condenar enérgicamente, en primer lugar, al régimen dictatorial de Sadam Husein, no se quedaron en una simple declaración contra la guerra preventiva que propugnaba el Gobierno norteamericano y alentaban los del Reino Unido y España, sino que, por primera vez, se pusieron de acuerdo en realizar paros, huelgas y manifestaciones.

Los sindicatos españoles, CC OO y UGT, participaron en aquella reunión de la CES y contribuyeron de forma destacada a la resolución que en ella se adoptó. De hecho, sus secretarios generales fueron de los primeros líderes sindicales europeos en trasladar dichos acuerdos a sus respectivas organizaciones y a la opinión pública, mediante una rueda de prensa conjunta en la que precisamente el de CC OO se destacó adelantando la voluntad de ambos sindicatos de promover 'una respuesta masiva, general, unitaria y proporcionada', avanzando respecto de los paros simbólicos de 15 minutos que ya se habían llevado a cabo.

Pocos días después se hacían eco los periódicos de un principio de acuerdo entre los dos máximos dirigentes sindicales para convocar un paro general de dos horas para hoy, 10 de abril.

Algún medio informaba incluso de que ya se había empezado a estudiar el encaje del paro en los diversos turnos de trabajo en las empresas, con el fin de conciliar la acción con las menores distorsiones posibles de la producción.

Sin embargo, la siguiente noticia fue que el secretario general de CC OO había convocado a los órganos dirigentes de su sindicato para comunicarles su decisión de no secundar el paro anunciado.

La divergencia surgida a última hora sorprendió más por cuanto los sindicatos italianos, fuertemente divididos a raíz de la última reforma laboral del Gobierno Berlusconi, se habían unido en la realización de un paro general de dos horas al día siguiente de iniciarse la invasión de Irak; mientras que los españoles, unidos frente al decretazo que motivó la huelga general del 20-J, se separaban a la hora de cristalizar una acción idéntica a la de los italianos, aun teniendo aquí mayores razones para hacerla, puesto que el Gobierno español formaba parte del trío de las Azores.

No es cierto que, como se ha llegado a decir, en Italia la huelga tuviese una mayor cobertura legal que en España porque allí la ampare su Constitución en caso de guerra. Seguramente es el eco de otra campana de la legislación italiana equivocadamente percibido. Es en su ley de Huelga en los Servicios Esenciales, de 1990, donde se hace referencia a que no pueden ser objeto de descuentos salariales las huelgas en defensa de la democracia. Aunque en España no se llegase a aprobar la Ley de Huelga consensuada entre los sindicatos y el Gobierno en 1993, el amparo constitucional del derecho a la huelga llega tan lejos como en cualquier otro país si de defender a la democracia se tratase.

Otros han calificado de oportunistas a los convocantes del paro, sin reparar tal vez en que les guía la misma motivación que a los millones de manifestantes que a lo largo de las últimas semanas vienen saliendo a las calles o a quienes han declarado públicamente su crítica y alejamiento del partido del Gobierno.

El oportunismo no está en la forma específica que cada cual tiene de mostrar su rechazo a la guerra y a la implicación en ella del Gobierno del PP (la peculiaridad de los sindicatos es que los paros en las empresas sólo los pueden convocar ellos), sino en las motivaciones para hacerlo.

Por ejemplo, si fueran ciertas las acusaciones que formula el presidente del Gobierno contra la oposición, según las cuales lo que mueve a ésta no es su preocupación ante la guerra sino su interés de restarle votos al PP, serían igualmente oportunistas aunque no hubieran encabezado las manifestaciones y se hubiesen limitado a verter sus críticas desde la tribuna del Parlamento.

Mayor oportunismo es el demostrado por quienes se han apresurado a aprovechar la ocasión para sentar doctrina sobre el alcance del derecho de huelga, tildando de ilegal el paro de hoy en razón de su carácter político. Paradójicamente, las únicas sentencias que han declarado como ilegal una huelga han afectado a huelgas de empresa o de sector por motivos laborales basándose en sus defectos de forma en la convocatoria, mientras que ninguna de las de carácter general, con inevitables y legítimas connotaciones políticas (que no partidistas), ha sido declarada ilegal. En todo caso, es una sarcasmo cuestionar con un debate leguleyo una acción de los sindicatos contraria a una intervención militar que se ha saltado a la torera toda la legalidad internacional existente.

Simultáneamente, en los entornos políticos y mediáticos de la derecha se está sembrando la cizaña entre CC OO y UGT, engañados en su deseo de provocar la fractura en el movimiento sindical que ni siquiera ha logrado el Gobierno entre los partidos parlamentarios, que, incluidos sus socios, se mantienen unidos reclamándole que rectifique su posición.

Se equivocan, porque ambos sindicatos se mantienen unidos por encima de esta lamentable diferencia puntual y porque el éxito de la protesta de hoy redundará precisamente en beneficio de una unidad sindical que les ha fortalecido en el pasado reciente, les reforzará aún más cara al futuro como los interlocutores sociales solventes que nuestro país necesita y que cualquier Gobierno debería desear para afrontar los nuevos retos que tenemos por delante. Una perspectiva que sólo pueden valorar los Gobiernos que ven más allá de sus oportunistas conveniencias del momento.