Recomendaciones de la OCDE
El último informe de la OCDE ha reducido significativamente las estimaciones de crecimiento de las economías desarrolladas, incluida la española, para el presente ejercicio económico.
Sin abandonar el tono distante y relativamente aséptico que caracteriza a estos estudios, el informe emite también recomendaciones en materia de política medioambiental, gestión de recursos naturales y, en particular, de gestión del agua, que son mucho más una llamada de atención por la inexistencia de políticas activas en este terreno que modificaciones propuestas a actuaciones en marcha.
Se critica el retraso en la redacción de una estrategia frente al cambio climático, la puesta en práctica de estrategias de reducción de contaminación, y la introducción de permisos negociables de emisión de contaminación, todas ellas en línea con actuaciones similares en la UE. Se insiste en la necesidad de mover en el ámbito de la gestión de agua 'desde un sistema administrado a un sistema de coste marginal social, en el que oferta y demanda determinen los precios en cada zona, incluida una carga sobre extracción' del recurso natural. En definitiva, una referencia a la necesidad de aproximar los costes a los precios de mercado, incluyendo una prima por la reducción del stock del recurso natural, antes de invertir en trasvases, con el objeto de garantizar que el agua se utiliza eficientemente. El mensaje es claro, y contrario a una de las escasas, pero muy costosas, actuaciones planificadas en este terreno por el Gobierno.
En otro ámbito, el informe de la OCDE señala la urgencia en renovar el sistema público de pensiones, sugiriendo la extensión gradual en el número de años que contabilizan en el cálculo de la prestación, en línea con el borrador de actualización del Pacto de Toledo filtrado en la prensa. Los últimos Gobiernos españoles se han empecinado en defender la subsistencia del sistema vigente en cada momento, contra la opinión de muchos de los buenos expertos con que contamos en España sobre este tema.
En los últimos ejercicios, la afluencia de inmigrantes como nuevos afiliados ha permitido alcanzar a la Seguridad Social un superávit que ha servido de excusa perfecta al Gobierno para seguir una estrategia miope de afirmar la bondad de su política social y despreciar este importante e inevitable problema. Lamentablemente, como tantos otros problemas económicos, su solución es tanto más costosa cuanto más se retrase.
Más discutibles son otras referencias del informe: por ejemplo, deja traslucir una evaluación relativamente positiva de la actuación en materia laboral, a la luz de la robusta creación de empleo y la notable reducción del paro en los últimos años. No incide suficientemente en el importante papel que sobre tales resultados han jugado el flujo de inmigrantes y los cambios metodológicos en las principales encuestas laborales, ni tampoco enfatiza suficientemente el hecho de que la creación de empleo en España sigue siendo enormemente sensible al ciclo. Así, la afiliación a la Seguridad Social continúa aumentando a ritmo notable, como acabamos de ver en el dato de marzo, pero un 30% es debido a la inmigración, mientras que la creación de empleo se ha reducido muy significativamente.
También parece discutible la referencia del informe a los incrementos salariales como responsables del diferencial de inflación con la UE. Muy razonablemente, la OCDE desaconseja la indización de salarios a la inflación, habitual en los procesos de negociación de nuestro país. Sin embargo, esta práctica, orientada a mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, no se ha mantenido estrictamente en los últimos años, en los que los salarios reales han descendido, si bien es cierto que tal comportamiento agregado siempre encierra un diverso comportamiento sectorial y regional. Apunta el informe asimismo a prácticas no competitivas en sectores de distribución y al poder de monopolio de las grandes empresas en algunos sectores, especialmente el energético. Posiblemente una combinación de efectos es lo que explica la continua pérdida de competitividad generada por el diferencial de inflación con nuestros socios comerciales, pero no parece que los salarios sean los principales responsables del mismo.
En definitiva, estamos ante una nueva edición de un informe sugerente, por la relevancia de la institución que lo emite, que merece análisis y discusión, y que puntualiza adecuadamente algunas de nuestras grandes carencias en términos de política económica y medioambiental.