Coca-Cola exige al regulador que declare caducada la denuncia de Pepsi

Coca-Cola se ha cansado de esperar y ha decidido dar un golpe de mano en el expediente que, a instancias de una denuncia de sus rivales en España Pepsi-Cola y Schweppes, instruye contra ella el Servicio de Defensa de la Competencia.

Este expediente, puesto en marcha hace ya 39 meses, se basa en una acusación de presunto abuso de posición dominante en el mercado español por parte del gigante de las bebidas refrescantes.

Coca-Cola presentó el pasado día 14 un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Competencia en el que solicita que se declare la caducidad del expediente en cuestión, con el argumento de que ya se han superado todos los plazos de instrucción previstos en la ley.

Fuentes del Servicio de Defensa de la Competencia trasladaron a Cinco Días su convencimiento de que el expediente no ha caducado 'pero tendremos que esperar a lo que decida el Tribunal para obrar en consecuencia'.

Los argumentos jurídicos de Coca-Cola para solicitar la caducidad parten de la interpretación que hace de la Ley 16/1989 de 17 de julio que rige los procedimientos del Servicio de Defensa de la Competencia.

Esta ley en su artículo 56 establece que los procedimientos durarán 18 meses. Sin estar prevista la posibilidad de decretar una prórroga

Disposiciones

Fuentes jurídicas argumentan que, aunque esta ley fue modificada por la 52/1999 y se estableció que el plazo máximo de instrucción era de 12 meses, pero con posibilidad de prórroga, 'contiene dos disposiciones, una final y otra transitoria; en la primera se establece que la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo 56.1 no sería efectiva hasta enero de 2001. En la segunda disposición se fija que los procedimientos incoados con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación se regirían por la normativa anterior'.

Los medios citados argumentan que el procedimiento contra Coca-Cola se incoa en septiembre de 2000, 'y en ese momento estaba en vigor la anterior redacción del artículo 56.1, con lo que es fácil deducir que el plazo del procedimiento de instrucción era de 18 meses y no está prevista su prórroga'.

Fuentes cercanas a la compañía de bebidas refrescantes aseguran que 'no cabe ninguna duda de que se ha superado el máximo de tiempo que este expediente podía estar abierto'.

Antes de acudir al amparo del Tribunal de Defensa de la Competencia, Coca-Cola pidió al Servicio que paralizara la instrucción, porque el plazo se había superado. Sin embargo, este departamento, dependiente del Ministerio de Economía, dictó una providencia el pasado 30 de enero en la que rechazaba la solicitud de caducidad basándose en que previamente había decretado la ampliación del plazo de instrucción.

No hay indefensión

El Servicio aclaró en esta providencia que contra su decisión no cabía recurso 'al ser un acto que no produce indefensión, ya que el expediente continúa'.

En fuentes cercanas a Coca-Cola precisan que la intención de la multinacional con este nuevo movimiento no es alargar el proceso de instrucción y retrasar la presentación de un pliego de cargos por parte del Servicio. 'Coca-Cola lo que de verdad pretende es acabar con esto de una vez. Interpreta que si después de tanto tiempo el Servicio todavía no ha sido capaz de presentar cargos es que no debe haberlos. Y en el caso de que el Servicio los hubiera ya encontrado y objetivado, quiere que se presenten cuanto antes para poder defenderse y no seguir gastando dinero en asesoramientos jurídicos y continuar distrayendo capacidades que no tiene por qué aguantar', explican.

Simplemente, la compañía está 'harta de esta situación' y pretende que en caso de haber cometido actos de abuso de posición dominante 'el Servicio los concrete ya y no dilate más la instrucción sin dar argumentos que justifiquen el retraso'.

Uno de los grupos demandantes, Pepsi-Cola España, aseguró ayer que las peticiones de su competidor ante el Servicio de Defensa de la Competencia y ante el tribunal 'son nuevos intentos de Coca-Cola para entorpecer la instrucción del expediente por las autoridades de la Competencia'.

El proceso más largo de la historia

Tiene ya cerca de 30.000 folios, y desde la primera denuncia presentada por Pepsi-Cola, como parte de una estrategia internacional de acusar a Coca-Cola de abusar de su posición de dominio para impedir la competencia en el sector de bebidas refrescantes, han pasado ya 39 meses.Es el expediente sancionador que hasta el momento mayor instrucción ha requerido en la historia del Servicio de Defensa de la Competencia Su enorme complicación parte de un hecho no muy usual. Se pone en marcha con un registro por sorpresa en la sede de Coca-Cola España y en las de sus embotelladores. Durante un día entero los empleados del servicio revisaron y se llevaron contratos y facturas a clientes. El expediente ha sido dirigido ya por tres instructores y ha tenido que enfrentarse a la poderosa batería de abogados que ha montado el grupo Coca-Cola para defenderse. El último tropiezo en la instrucción causó un severo enfrentamiento de la compañía dirigida por Marcos de Quinto con el Servicio. æpermil;ste exigía unos papeles, de los que tenía noticia por documentos encontrados en los registros. Coca-Cola defendió que la documentación que le pedía era secreta, al estar protegida por la relación abogado cliente. El Servicio, basándose en un informe elaborado por la Abogacía del Estado, exigió la entrega inmediata de los documentos. La tensión entre ambos obligó a Coca-Cola a pedir amparo al Tribunal de Defensa de la Competencia, que finalmente le dio la razón.