Bruselas expedienta a Holanda, Italia y Dinamarca por mantener la 'acción de oro'
Las clarificadoras sentencias que el pasado 4 de junio dictó el Tribunal de Justicia de la UE sobre la utilización de la acción de oro han animado a la Comisión Europea a actuar contra otros tres países que esgrimen ese instrumento legal. El Tribunal de la UE, con sede en Luxemburgo, condenó entonces el derecho a veto que el Gobierno francés se había arrogado sobre las decisiones de la antigua petrolera pública Elf-Aquitaine, ahora privatizada e integrada en el grupo franco-belga Totalfina Elf. París ha acatado la sentencia
El mismo día, otro fallo del tribunal reconocía la legitimidad que asistía al Gobierno belga cuando se reservó en 1994 la capacidad de intervenir en el sector gasístico si la garantía del suministro lo exigía.
El filo que marcó la diferente interpretación del tribunal fue la proporcionalidad, en el caso belga, frente al margen para la discrecionalidad y el intervencionismo político que ofrecía la norma francesa.
Con estos precedentes judiciales, la Comisión expedientó ayer a Holanda, por la legislación que permite al Gobierno influir en las decisiones empresariales del antiguo monopolio telefónico KPN y del otrora monopolio postal TNT. La privatización del aeropuerto de Copenhague también motivó ayer la apertura de un expediente contra el Gobierno danés. Y el italiano se convirtió en el primer reincidente en esta materia, al ser expedientado por las enmiendas introducidas a una ley de privatización que el Tribunal de Justicia comunitario ya condenó en mayo de 2000.
Holanda y Dinamarca se exponen a una denuncia ante ese mismo tribunal si en un plazo de dos meses no modifican sus normas como exige la Comisión. Bruselas considera que, como en el caso francés, las legislaciones de los dos países violan la libertad de movimiento de capitales que impera en la UE. La normativa italiana todavía requiere una investigación preliminar, antes de que la Comisión opte por acudir al tribunal.
Derecho a veto
En el proceso de privatización de TNT, iniciado en 1994, y de KPN, en 1998, el Gobierno holandés otorgó 'un estatus preferencial y derechos especiales' a la propiedad de una sola acción por parte del Estado en cada una de las empresas. La fórmula, que se ha repetido en los procesos de privatización de casi todos los países europeos, se ha dado en llamar acción de oro, por la capacidad que confiere a los Gobiernos para influir en el devenir de compañías que cotizan en Bolsa.
El Gobierno holandés se reservó incluso el derecho a nombrar tres consejeros en el órgano de supervisión de ambas empresas, con independencia de a cuánto ascendiera la participación de capital público. Del mismo modo, las autoridades disponen siempre del derecho de veto sobre las decisiones que tome el consejo de administración de KPN y TNT.
Holanda justifica esta normativa en la necesidad de garantizar el servicio universal en el sector de las telecomunicaciones. Pero el departamento comunitario de Mercado Interior, que dirige el comisario Frits Bolkestein (holandés, por cierto), rechaza este argumento. La CE señala que la norma holandesa propicia el intervencionismo político en todas la actividades de las dos empresas y no sólo en el área del servicio universal. La CE recuerda, además, que varias directivas europeas ya facultan a las Estados miembros a intervenir por otras vías para garantizar el servicio universal.
La Comisión realiza las mismas imputaciones contra el Gobierno de Dinamarca, que en la privatización del aeropuerto de Copenhague limitó a un máximo del 10% del capital la participación de todos los accionistas privados. El Estado, que actualmente posee el 17,2%, goza del control de una empresa para la que ha captado financiación en el mercado.
El Gobierno italiano, por su parte, sigue disfrutando de poderes especiales en el antiguo ente público ENI (que controla la petrolera Agip), en la empresa de energía Enel, en la compañía aeroespacial Finmeccanica y en la operadora Telecom Italia. Bruselas exige a Roma que justifique la legitimidad de esas potestades. El Tribunal de la UE condenó en mayo de 2000 la acción de oro en ENI y Telecom, pero Italia no revocó su legislación sino que se limitó a enmendarla.
Freno a la inversión
La Comisión asegura que la presencia de este tipo de normas supone un freno importante a la inversión transfronteriza. Las acciones de oro también han frenado el proceso de consolidación de sectores como el de transporte o las telecomunicaciones.
Proyectos de fusión como el de KPN y Telefónica fracasaron ante la colisión de las acciones de oro respectivas. Al ministro de Economía, Rodrigo Rato, le bastó esgrimir su derecho a veto (aduciendo la presencia de capital público en KPN) para que las dos empresas desistiesen de llevar a cabo la operación.
El Tribunal de la UE se pronuncia hoy sobre la norma española
El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, se pronunció hoy de modo preliminar sobre la legalidad de la norma que en su día permitió al ministro de Economía, Rodrigo Rato, frenar la fusión de Telefónica con su rival holandesa KPN. El abogado general del tribunal, el español Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presenta sus conclusiones sobre la denuncia presentada en julio de 2000 por la Comisión Europea contra la legislación que otorga al Gobierno la facultad de reservarse una acción de oro en las empresas privatizadas. Ruiz-Jarabo también fue el ponente en las anteriores sentencias sobre las acciones de oro de Francia, Bélgica y Portugal), pero el tribunal se apartó, de modo inusual, de sus recomendaciones. El magistrado español defendía la posible legitimidad de la acción de oro y negaba a la Comisión Europea el derecho a intervenir contra ese tipo de actuaciones económicas de los Estados miembros. Fuentes de la Comisión Europea se preguntan cómo compaginará Ruiz-Jarabo ahora el sesgo de sus anteriores conclusiones con el precedente marcado por las sentencias sobre Francia y Bélgica. Rodrigo Rato afirmó en su día que 'desde el punto de vista de la legislación española la nuestra se aproxima más a la belga aceptada por el tribunal, pero estamos estudiando la situación'. En las sucesivas privatizaciones, el Gobierno se reservó la acción de oro en Telefónica, Endesa, Repsol, Indra, Tabacalera y Argentaria (estas dos últimas expiraron tras la fusión de esas empresas con Seita y el BBV, respectivamente). El Gobierno insiste en que sólo utilizará el derecho de veto que le asiste para frenar la entrada de capital público procedente de otros países en las empresas privatizadas. Pero la prerrogativa de veto se puede utilizar por cualquier otro motivo, y la CE rechaza esa potencial discrecionalidad.