Trabajo defiende que la pensión se calcule según lo cotizado toda la vida
El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, abrió ayer definitivamente la caja de los truenos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros expuso claramente la intención del Gobierno de proponer a los firmantes del último acuerdo de pensiones (CEOE y CC OO) el cambio en el método para calcular la pensión.
Si atendemos a la modificación que persigue el Gobierno, la polémica está servida, ya que pretende tener en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral del trabajador para calcular la base reguladora que determinará, en función de los años cotizados, la cuantía de la pensión de jubilación. En la actualidad, se tienen sólo en cuenta los últimos 15 años para establecer dicha base reguladora. Zaplana respaldó ayer esta propuesta argumentando que el Gobierno 'se limita a cumplir un compromiso del Gobierno'.
De esta forma se refería al cumplimiento Acuerdo de Pensiones firmado en abril de 2001 en el que los firmantes (Gobierno, CEOE y CC OO) 'se comprometen, en el año 2003, una vez finalizado el periodo transitorio de ampliación del cálculo de la base reguladora hasta 15 años, a tomar las medidas oportunas para que se adopte la forma más idónea para el cálculo de las prestaciones'.
El acuerdo dice previamente que deberá estudiarse en profundidad el efecto que ha producido en la cuantía de las pensiones la ampliación, entre 1996 y 2003, del número de años (de ocho a quince) que se tienen en cuenta para calcular la base reguladora que determina la cuantía de la prestación.
Según los datos aportados ayer por Zaplana, en este periodo la cuantía media de la pensión de jubilación no sólo no se vio recortada por esta ampliación del periodo de cómputo sino que aumentó un 38%. Con este argumento, el titular de Trabajo rechazó las críticas de la oposición y de los sindicatos que aseguran que esta ampliación del número de años para calcular la base reguladora de la pensión supondrá un recorte de las prestaciones de entre un 10% y un 30%.
Un sistema 'más justo'
Pese a ello, Zaplana insistió que tener en cuenta toda la vida laboral será un método 'más justo', aunque admitió que beneficiará más a aquellos trabajadores que en sus últimos años de vida laboral tengan peores empleos o periodos de paro. Por el contrario, perjudicará a aquellos que hayan llevado una trayectoria laboral ascendente y cuenten con los mejores trabajos y mejores sueldos al final de sus años laborables.
En cualquier caso el diseño del nuevo modelo aún no está hecho. Es más, Zaplana dijo que, de momento, en los próximos meses, se limitará 'a iniciar conversaciones con CEOE y CC OO para ver la oportunidad (de realizar este cambio) y, en su caso, la forma de emprender esta reforma'.
Estas palabras pueden respaldar la opinión de algunas fuentes empresariales y sindicales que aseguran que el Gobierno da por cerrada la legislatura en lo que a cambios de calado se refiere. Por ello, de constatarse una imposibilidad absoluta de consenso en este terreno, el Ejecutivo podría renunciar a esta reforma, pese al compromiso incluido en el Acuerdo de Pensiones.
El Consejo de Ministros aprobó también ayer el anteproyecto de ley que regulará el fondo de reserva de las pensiones de la Seguridad Social. Según este texto legal, la dotación de este fondo será acordada por el Consejo de Ministros 'como mínimo una vez al año'.
Especifica, además, que el dinero del fondo deberá proceder exclusivamente de los excedentes de ingresos resultantes tras pagar las pensiones de carácter contributivo y los gastos de gestión de las mismas. La cuantía del fondo servirá sólo y exclusivamente para el pago de pensiones contributivas.
La ley fija también un límite 'para evitar la utilización política de este fondo'. Así, establece que el Gobierno sólo podrá sacar del fondo al año una cantidad equivalente al 3% del total del gasto anual en pensiones contributivas.
Por otra parte, IU anunció ayer que presentará una denuncia al Ministerio de Trabajo ante la Fiscalía General del Estado por entender que ha adjudicado la campaña de publicidad sobre las pensiones 'a dedo' y a la empresa Carat, presidida por el ex portavoz del Gobierno del PP Miguel Ángel Rodríguez. Zaplana rechazó esta acusación y los responsables del departamento aportaron más tarde la documentación que acredita la legalidad de la adjudicación.