Un año crítico para la información
Cuando se avecinan consultas electorales, debería cobrar mucho valor la información estadística en cuanto testimonio objetivo de la situación y evolución de todos aquellos problemas que son objeto de preocupación para los ciudadanos. No obstante, para que la información sea aceptada con carácter general, los datos deben cumplir todos los requisitos exigibles de claridad conceptual, precisión de medida, cobertura espacial y poblacional, homogeneidad en el tiempo y, sobre todo, de credibilidad por todos los grupos sociales, con independencia de sus adscripciones ideológicas y de su posición en la escala social.
De hecho, para intentar conseguir este requisito básico de la credibilidad, todas las leyes estadísticas del Estado, de las comunidades autónomas y de los organismos internacionales consagran los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad de las oficinas que tienen por misión la producción estadística, llegándose en algún caso, como en el Reglamento 322/97 del Consejo de la UE, a concretar esos principios diciendo textualmente que esa producción estadística debe estar 'libre de toda presión de grupos políticos u otros grupos de interés' y que ello implica, asimismo, que 'todas las estadísticas estén disponibles para todos los usuarios (instituciones comunitarias, Gobiernos, agentes sociales y económicos, medios académicos y público en general) en el más breve plazo'.
Sin embargo, a pesar de que la sociedad se dote, con un coste considerable, de oficinas de estadística rigurosas y neutrales, se da la paradoja de que, a la hora de debatir sobre cualquier problema económico o social, los propios representantes de esa sociedad no respetan esa información que debiera servir de referencia objetiva para sus argumentos y, por el contrario, si los datos no se ajustan a sus intereses particulares, son cuestionados o interpretados de modo tan dispar y con tal carga ideológica que la información estadística acaba viéndose desnaturalizada.
La miseria intelectual que manifiestan quienes, desde la oposición, no son capaces de admitir buenos resultados en la gestión ajena y quienes, desde el poder, no pueden reconocer el más mínimo error en su propia gestión, lleva inexorablemente a algo tan nefasto para los intereses de todos los ciudadanos como no poder estar de acuerdo en el diagnóstico de los problemas y, por tanto, en la adopción de las soluciones para resolverlos.
Para colmo, esta perversión generalizada de la información la sufren, sobre todo, aquellas materias que, por despertar mayor inquietud en los ciudadanos, se sabe que pueden decidir el sentido de los votos. Así, como podemos observar en la precampaña ya iniciada, se suceden intervenciones sobre los temas que, según el último barómetro del CIS, más afectan a los ciudadanos, como el paro, la inseguridad ciudadana, el terrorismo y los problemas económicos. Y, lamentablemente, en dichas intervenciones se aprecia cómo se silencian datos, se alteran relaciones causa-efecto o se varían caprichosamente las referencias temporales o espaciales para presentar la evolución más favorable a los intereses de partido.
De este modo, y por seguir el orden de las preocupaciones ciudadanas, no hay posibilidades de acuerdo sobre el modo en que ha variado el mercado laboral y la influencia que está teniendo la precarización del empleo, sobre la eficacia de las medidas represivas de la delincuencia y la incidencia que la inmigración pueda tener en el aumento de delitos, sobre la fragmentación social que puede estarse produciendo por la suma de políticas antiterroristas y actitudes centralistas o sobre la repercusión que han tenido las recientes reformas fiscales en la distribución de la renta.
Veremos qué pasa con este fenómeno nuevo que ha irrumpido en escena a causa del Prestige y cuando se comience a aportar información sobre sus consecuencias en la producción, el empleo, los movimientos migratorios, el medio ambiente, la sanidad, etcétera. Si la intolerancia de que se está haciendo gala para debatir algo que debiera ser tan fácil de explicar como lo que ha ocurrido con el barco se extiende al terreno estadístico, nos encontraremos con la insólita situación de que se judicialice también la tarea de quienes, llámense científicos, analistas de datos o estadísticos, tienen por misión describir la realidad, cualquiera que ésta sea.