El alarmismo de la Comisión Europea
Julián Ariza argumenta contra las conclusiones del informe de la Comisión Europea que pone en duda la viabilidad del sistema de pensiones en España. El autor asegura que no hay que tomarlo en serio
Insensible a las tribulaciones de los españoles, que hemos vivido un año 2002 pródigo en malas noticias, la Comisión Europea ha decidido contribuir a nuestras desazones publicando un informe sobre el futuro del sistema público de pensiones que, quizá impregnados por el pesimismo aquí reinante, los medios de comunicación han presentado como aviso del peligro de inviabilidad de nuestro sistema a largo plazo.
Acerca del negro porvenir que aguarda a las pensiones de las nuevas y menos nuevas generaciones se han escrito toneladas de informes. Tanta insistencia no ha podido por menos que horadar las conciencias de millones de ciudadanas y ciudadanos, lo que ha empujado a una buena parte de ellos a buscar por la vía de los sistemas privados de capitalización una garantía de pensión para el día de mañana. Entre los efectos de tan agoreros presagios está el espectacular crecimiento de la inversión en planes individuales y grupales de pensiones, cuyo montante en España se ha triplicado en muy pocos años.
Nada que objetar al estímulo al ahorro. Tampoco cabe rasgarse las vestiduras porque el sector financiero se afane en ampliar sus cifras de negocio, valiéndose a menudo de estudios más o menos torticeros, propaganda edulcorada e influencias sobre los políticos y la política. Lo que más molesta es que desde instituciones que debieran velar por su prestigio se hagan predicciones alarmistas, basadas en cálculos que repugnan no ya el rigor científico, sino el simple sentido común.
Puede entenderse que traten de alarmarnos personajes como, por ejemplo, don José Piñera, ministro con Pinochet, encargado de transformar el sistema de reparto existente en Chile por otro de capitalización, al que nuestro Círculo de Empresarios le financió en 1996 un informe titulado Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España de cuya solvencia da idea saber que vaticinó que en el año 2000 habría un déficit del 1,46% del PIB. Lo que en realidad se dio ese año fue un excedente en el segmento contributivo de 982.300 millones de pesetas. Pelillos a la mar.
Que se entiendan chapuzas como esta y otras similares, no significa que pueda entenderse que la Comisión Europea, sin más fundamento sólido que el del envejecimiento de la población, nos augure que para el año 2050 habremos de dedicar el 17,3% de nuestro PIB al pago de pensiones, lo que equivaldría, según su punto de vista, a demostrar que el sistema es inviable.
A los expertos de la Comisión no se les escapa que el problema de futuro no es tanto el envejecimiento de la población como la relación ocupados-pensionistas. Tampoco debiera escapárseles que, al fin y a la postre, el problema de fondo está en la evolución del crecimiento económico y en cómo se distribuye y se redistribuye la riqueza creada.
Aun así, mediante el científico método de la cuenta de la vieja, han optado por proyectar a medio siglo vista las últimas tasas de natalidad que conocían, han calculado a ojo de buen cubero la intensidad de la emigración, han estimado como inamovible la actual edad media de jubilación y han llegado a la absurda conclusión de que la rica Europa, rodeada de un océano de pobreza, tendrá muchos menos habitantes, serán mucho más viejos, faltará mano de obra y, en suma, sobrevendrá el desastre final. Hasta el sobrio Pedro Solbes vaticina que, debido al envejecimiento de la sociedad, el crecimiento económico del próximo medio siglo en la UE será del 1,25% del PIB.
Tan inverosímil descripción anima a no tomarse en serio el informe de marras. Sobre todo constatando que ningún país es tan inconsciente como para no saber que, como en casi todas las cosas, los sistemas de pensiones y todo lo que les afecta necesitan de puestas al día, como en nuestro caso demuestran las muy sustantivas reformas hechas en pocos años.
Llama la atención, por lo grotesco, que sea nuestro país el destinatario de la peor de las predicciones. Somos, al parecer, los que vamos a perder más habitantes, los que vamos a tener mayor proporción de mayores, los que vamos a tener el peor ratio entre cotizantes y pensionistas Tanta calamidad se deduce de prever que sólo incorporaremos unos 60.000 emigrantes al año -el promedio actual ronda el cuarto de millón-, que tendremos la más baja tasa de natalidad -ya no es así y tiende al alza-, que la economía crecerá muy poco -crecemos desde hace siete años mucho más que la mayoría, siendo el promedio de los últimos 30 años del 2,8% del PIB-. Quizá porque tampoco se le escape todo esto, la Comisión ha situado nuestro gran problema en 2050, plazo que da margen a toda clase de especulaciones. Hasta entonces parecen querernos dar un respiro. Ello se desprende de dos datos. El primero es que, según la Oficina de Estadísticas dependiente de la Comisión, Eurostat, en 1999 la UE gastaba el 12,7% de su PIB en pensiones -aquí poco más del 9%-. El segundo es que la Comisión prevé que en 2030 nos gastaremos el 12,9%. Nos quedan, por tanto, casi 30 años para equipararnos a lo que la UE gasta hoy. De ahí que, sin olvidar el problema de la pensión de nuestros nietos, nuestro gran problema sea resolver el retraso que sufrimos.