Entre la PEC y la PAC, para cuándo la redistribución
Hace ya tiempo que la política agraria común (PAC) viene apareciendo abiertamente como fuente de gasto insostenible, por su cuantía (retiene cerca del 50% del Presupuesto de la UE) y por el objeto de sus actuaciones (transferir generosas ayudas a titulares de explotaciones agrarias y, en menor medida, a empresas agroalimentarias). Simultáneamente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) está tratando de favorecer la consolidación de la Unión Monetaria Europea limitando los déficit públicos de los países participantes. Y, justamente, cuando se hace necesario flexibilizar el grado de cumplimiento del PEC para potenciar la recuperación de las economías, algunos expertos se plantean qué sentido tiene mantener la PAC actual, o si no sería más razonable reducir la PAC para mejorar el PEC.
La cuestión es absolutamente pertinente, si bien su respuesta exige tomar en consideración diversos aspectos o, más claramente, los principales intereses nacionales y sectoriales implicados en el mantenimiento de la PAC. Porque, como se ha puesto de manifiesto, los aspectos presupuestarios están en el centro de las decisiones de reforma de la PAC y de la propia construcción europea (baste recordar que el desbloqueo del acuerdo de ampliación por Polonia se ha conseguido con un arreglo presupuestario).
Tanto el pacto franco-alemán, refrendado en el Consejo Europeo de octubre pasado, que asegura el gasto agrario hasta 2006 y lo estabiliza en euros constantes a partir de ese año, como el resultado de la reciente Cumbre de Copenhague, que ha dado luz verde a una UE de 25 países, condicionan decisivamente el futuro de la PAC. Pero ante este marco presupuestario de referencia no todos los países están en la misma situación: mientras que sólo cinco países han venido siendo la última década beneficiarios netos de las transferencias agrarias, derivadas de las ayudas a los precios y a los mercados agrarios (Francia, Dinamarca, España, Irlanda y Grecia), los 10 restantes (encabezados por Alemania, Italia y Reino Unido e, incluido, Portugal) han sido contribuyentes netos.
Y, lo que es aún más importante, todos los futuros nuevos miembros aspiran a ser beneficiarios netos de la PAC. De este modo, la abultada financiación de la PAC, cuyo fondo de gasto (Feoga) representa más del 0,6% del PIB comunitario, estaría dañando el PEC.
Sin embargo, aunque este aspecto del debate es el que más transciende, la verdadera cuestión derivada es qué necesidad hay de mantener esta PAC. A menudo se identifica el lobby agroalimentario europeo, representado por algunos Gobiernos con peso en el Consejo e influencia sobre la propia Comisión, como causante de mantener el statu quo. Cuando, a pesar de las carencias estadísticas y de la escasez de análisis, es sabido que los más beneficiados por esta PAC están cada vez más concentrados en algunas regiones y en las empresas agrarias de mayor dimensión (2º Informe de Cohesión Económica y Social, enero de 2001).
La necesidad de defenderse a nivel internacional, haciendo frente a la agresividad comercial de los sectores agroalimentarios de algunos países muy proteccionistas como EE UU, cuyo proceso de regresión sobre lo acordado en la Ronda Uruguay del GATT es notable (sus ayudas por activo agrario han crecido espectacularmente los últimos años), tampoco justifica la persistencia de una PAC despilfarradora y de efectos netos negativos sobre la cohesión económica y social europea. En este sentido, toda la agricultura europea, tan diversa y en cualquier caso tan dual (apenas el 22% de las explotaciones retiene el 82% de sus resultados, ayudas incluidas), no debería servir de rehén en las negociaciones comerciales de la actual Ronda de Doha de la OMC.
Por razones tanto internas como externas se requiere una reforma de la PAC que implique redistribución de recursos y efectos más equitativos. Por una parte, porque los países en desarrollo, tanto si son exportadores como importadores netos de alimentos, necesitan de forma inaplazable mejorar sus oportunidades comerciales de acceder a nuevos mercados y de abastecerse a menores precios. Muchos de estos países señalan con razón a la política agraria de la UE como una de las causas de sus graves problemas, si bien tienen también un importante frente interno (reformas agrarias pendientes, sectores exportadores minoritarios, agricultura de subsistencia y emigración, desarticulación de mercados interiores por la propia ayuda alimentaria internacional...). Y, por otra parte, porque a nivel interno de la UE una reforma de la PAC, que concentre sus medidas en los profesionales de la agricultura que verdaderamente lo necesitan y en las empresas y actividades más adecuadas para asegurar el desarrollo económico del medio rural, es más urgente que nunca. Contrariamente a lo que defienden algunos Gobiernos como el español, la reforma de la PAC debe orientarse al ahorro presupuestario y a una revisión profunda del sistema de ayudas, no simplemente a prolongar de un modo u otro el statu quo actual.