Riesgos de una política de 'telecos' a corto plazo
Transcurridos cinco años desde la apertura de los mercados de redes y servicios telefónicos fijos en la UE se puede constatar que el nivel de concurrencia alcanzado es aún imperfecto y quizá insuficiente. Esta conclusión es más notable en las comunicaciones locales y en la provisión de accesos por terceros operadores.
Cabría preguntarse si aún persisten barreras, o si esos resultados son simplemente los alcanzables en tan corto espacio de tiempo. La Comisión Europea (CE) ha optado por acelerar en el tiempo el establecimiento de una competencia efectiva, adoptando políticas a muy corto plazo que, a nuestro juicio, pueden ser controvertidas y conllevar grandes e importantes riesgos a medio/largo plazo.
La CE decidió que desde enero de 2001 los operadores dominantes abrieran sus bucles de cobre a otros operadores, lo que debería permitir mayor y mejor competencia en la provisión de accesos y en las comunicaciones locales. El modelo básico escogido para esa apertura se basa en que los terceros operadores ubiquen concentradores en aquellas centrales locales del operador dominante donde desean alquilarle pares de cobre. Las condiciones económicas de provisión de los elementos y facilidades de acceso a los pares de cobre alquilados, y del espacio para instalar los concentradores, son las de un mercado mayorista, sujetas a la aprobación por el regulador. Esta política se simultanea con otra de forzar a la baja los precios al detalle de los servicios, tanto telefónico como de accesos en banda ancha a Internet.
El resultado observado de ambas políticas es que en 18 meses (junio 2002), sólo 883.000 bucles habían sido desagregados en la UE para terceros operadores, es decir, un 4% del total de 199 millones. Ante esta realidad, la CE parece que forzará a los reguladores nacionales a perseverar en esas políticas, originando así ciertas controversias.
La bajada de los precios al detalle acarrea necesariamente una bajada de los precios mayoristas para posibilitar la competencia, y aun cuando ambos precios mantengan una proporcionalidad, su diferencia en valor absoluto (margen comercial) es cada vez menor, lo que exigirá a los terceros operadores mayor cuota de mercado para rentabilizar su implantación en una central local. Esto reduciría el número de centrales atractivas para ubicarse. El modelo escogido de desagregación del bucle obligaría a un nuevo operador a emular la estructura de la red del dominante, invirtiendo para disponer de concentradores en todas las centrales locales de aquél, aun cuando, como mucho, podría aspirar a capturar un 5% de sus bucles locales (un millón en España). Tal exigencia podría crear grandes ineficiencias y sobrecostes en la red, por lo que el despliegue será muy selectivo en el número y localización de las centrales a ocupar.
Los precios mayoristas determinan los costes de provisión de los accesos a los usuarios. Estos costes sirven de referencia a las decisiones de inversión en redes alternativas, las cuales sólo serán viables si pueden ofrecer accesos con menores costes. La bajada continua de los precios mayoristas iría en contra de la atractividad de esas inversiones, atentando así contra el establecimiento a medio-largo de una competencia basada en la diversidad de redes.
Al margen de éstas y otras controversias, nos parece que esas políticas comportan muy importantes riesgos. El más significativo viene determinado por ese carácter selectivo del despliegue de la red desagregada de los nuevos operadores, lo que limita las zonas de competencia. Así, en la UE hay unos 63.000 repartidores de bucles de abonado, que podrían ser accedidos desde unas 13.500 centrales locales ofrecidas por los operadores dominantes para la ubicación por los nuevos operadores. Sin embargo, el número de centrales en los que éstos han solicitado ubicarse no llega a 1.300, lo que supone que en torno al 10% de los bucles podrían ser desagregados para ofrecerlos en competencia, esto es, unos 20 millones sobre 199. Esta realidad originaría la aparición de una fragmentación social, al crearse sólo competencia en las áreas de servicio de las centrales locales más atractivas comercialmente, en grandes ciudades y zonas comerciales.
Como consecuencia, al menos el 90% del mercado de accesos seguiría en manos de los operadores dominantes, que reforzarían su fuerza de mercado con los servicios de banda ancha. El resto de los operadores podría seguir presionando para cambiar esa situación, con el riesgo adicional de cebar el circulo vicioso que está dando lugar a esa situación.
Por todo lo anterior, la CE debería hacer una reflexión seria sobre los resultados habidos y posibles de las políticas de apertura de los mercados locales y sobre los efectos a medio y largo plazo de cualquier nueva acción antes de su implantación.