Tratado para una Europa Social

José María Zufiaur analiza la dimensión social en la construcción europea. Este aspecto es, según el autor, determinante para acercar o alejar a los ciudadanos, por lo que aboga por incluirlo plenamente en la nueva Europa

La Convención Europea, encargada por la cumbre comunitaria de Laeken de elaborar propuestas para la Conferencia Intergubernamental de 2004, ha entrado en la fase más importante de su mandato tras la presentación de sus conclusiones por parte de los 10 grupos de trabajo que inicialmente se constituyeron en su seno. Posteriormente, a principios de diciembre, se conformó un undécimo grupo de trabajo sobre la 'Europa social', el cual deberá ultimar sus tareas antes del 27 de enero. Como puede apreciarse, y acorde con lo que ha sido la historia de la construcción europea, la dimensión social ha entrado a formar parte de los debates de la Convención a última hora y sin apenas tiempo para el debate y, sobre todo, para construir posiciones de consenso.

De las propuestas planteadas hasta ahora se puede colegir que en algunas cuestiones se ha avanzado más de lo que, al inicio, se preveía; mientras que, en cambio, los avances en otras parecen más problemáticos. Entre las primeras hay que destacar, de entrada, el propio papel asignado a la Convención. Mientras que en un principio la función que se le asignaba parecía ser básicamente propositiva, en estos momentos ha adquirido un rol claramente determinante.

La incorporación, tras las elecciones en sus respectivos países, de los Ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y de Francia así lo evidencia. Ya nadie duda de que lo que salga de la Convención y lo que se acuerde en la Conferencia Intergubernamental será sustancialmente la misma cosa.

Por otro lado, la idea de elaborar un tratado constitucional y, más aún, el concepto mismo de Constitución Europea ha dejado de ser un tabú; la inclusión, con carácter vinculante, de la carta de los derechos fundamentales de la UE en el tratado constitucional -aunque para alcanzar un acuerdo ha sido necesario distinguir entre derechos justiciables y programáticos- ha recogido un consenso suficiente, si bien Tony Blair ha reafirmado su oposición a tal pretensión; se ha acordado, así mismo, dotar a la UE de personalidad jurídica, ya que, por extraño que parezca, carece de ella, abriendo así la vía a otra vieja reivindicación: la fusión de los distintos tratados existentes actualmente en un texto global único, que constituiría el nuevo tratado de la Unión. Además, la propuesta del presidente de la Convención, Valery Giscard d'Estaing, de un esqueleto de tratado constitucional y la presentación de un proyecto de Constitución Europea por parte del presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, han abierto el campo de la reflexión política hacia cuestiones como las políticas de defensa y exterior, la generalización del voto por mayoría cualificada (evitando, así, el bloqueo de muchas iniciativas por la regla de la unanimidad), incluso en materia social y fiscal, o la posibilidad de que la Unión pueda disponer de recursos propios y establecer, por tanto, sus propios impuestos.

Incluso las patentes divergencias entre las dos propuestas, en temas tales como la idea de establecer un presidente permanente para la Unión, la de crear un Congreso de los Pueblos -mezcla de los Parlamentos nacionales y del Parlamento europeo- o la de la incorporación o exclusión de Turquía, han posibilitado un rico debate. Un debate del que, pese a todo, sigue estando ausente la inmensa mayor parte de la población europea. La enunciada propuesta de realizar un referéndum, en la misma jornada, en todos los países europeos sobre la reforma de los tratados a que dé pie la Convención constituiría, en este sentido, la única manera, seguramente, de lograr involucrarla.

Frente al indudable dinamismo de las propuestas de orden institucional siguen inéditas, en cambio, las que afectan a la dimensión social. Así, el grupo de trabajo sobre 'gobernanza económica' ha culminado sus tareas sin conclusiones de consenso. Ello afecta a cuestiones tan determinantes como la misión del Banco Central Europeo (si sólo la estabilidad de precios o si también la promoción del empleo); la necesidad de flexibilizar el Pacto de Estabilidad, que el propio Prodi ha calificado de estúpido; la conveniencia de completar, como ha propuesto Jacques Delors, la unión monetaria con la económica mediante un 'pacto de coordinación de las políticas económicas', en materias como el crecimiento y el empleo, las inversiones, la investigación, el desarrollo regional, la formación, los mercados laborales; la creación de una instancia de concertación tripartita que sustituya al actual Comité del Empleo, como han solicitado, conjuntamente, los interlocutores sociales europeos. En cuanto a las materias sociales propiamente dichas, dado que apenas si acaba de echar a andar el grupo de trabajo 'Europa social', no existe ninguna propuesta oficial al respecto.

Y aunque la tardanza en constituir este grupo indica la prioridad institucional con la que el presidente de la Convención ha enfocado los trabajos de la misma, tampoco hay que descartar que la composición de ésta fuerce la concreción de algunas propuestas innovadoras respecto, por ejemplo, a la ubicación de la carta de los derechos fundamentales en el tratado, al reforzamiento de los interlocutores sociales y del diálogo social europeo, a la asunción del pleno empleo como objetivo de la Unión, al reconocimiento de derechos sindicales transnacionales, a la adjetivación como social del concepto 'economía de mercado' recogido actualmente en el tratado, a la creación de las bases para el establecimiento de un sistema europeo de relaciones laborales o al respaldo constitucional a los servicios de interés general.

Lo que suceda con la dimensión social será determinante para acercar o alejar a los ciudadanos europeos de la construcción europea. Se echa en falta, por ello, una mayor movilización de las organizaciones sociales exigiendo la plena inclusión de la dimensión social en la nueva Europa constitucional. Probablemente, ésta es la mejor oportunidad, y quizá la última, para lograrlo. Sería una pena desaprovecharla.