TRIBUNA

Nunca o esqueceremos

Camilo Nogueira analiza la situación de Galicia en el transporte marítimo y el comportamiento del Estado, la Xunta y la UE en la catástrofe del 'Prestige'. El autor aplaude la reacción de la sociedad gallega y de los voluntarios

Galiza es el país del mundo donde se han producido el mayor número de catástrofes por accidentes marítimos como el del Prestige. Seis de ellas en las últimas décadas, desde el accidente del Polycomander en 1970. No fueron los únicos. Otros muchos que también afectaron a petroleros no tuvieron consecuencias tan trágicas. No resultó extraño, por otra parte, que pequeños barcos de pesca fueran abordados y hundidos por grandes navíos que transitaban por el corredor de Finisterre, por el que pasa parte fundamental del tráfico intercontinental con Europa, con docenas de miles de buques mercantes por año, de los cuales sobre 6.000 transportan productos petrolíferos u otras mercancías químicas peligrosas.

Pero estas catástrofes no son originadas por causas naturales. No constituyen el efecto inevitable de ese enorme tráfico, ni la manifestación de un tributo traidor que deba serle impuesto a Galiza por su situación geográfica. Son, en realidad, el resultado de la carencia absoluta de medidas de prevención de los accidentes y de tratamiento de las situaciones de emergencia: de la carencia de unas instituciones públicas presentes y eficaces. Las catástrofes tienen causas políticas derivadas del sometimiento de los Estados europeos, y con ellos el Estado español, al desorden voraz y primitivo que imponen las compañías industriales y del transporte del petróleo y otras mercancías peligrosas. Son la consecuencia de la falta de la fuerza y de la voluntad política necesarias para establecer normas que se impongan sobre la selva de intereses oscuros que domina el tráfico marítimo.

Es preciso comprender cómo una condición necesaria para crear el marco político y normativo que nos permita evitar catástrofes como la del Prestige, así como para remediar los problemas ecológicos, económicos y sociales, los daños culturales y nacionales, causados por el desastre que asuela la costa gallega, sin olvidar que esos daños se extienden a otras comunidades y posiblemente a otros Estados.

Los sucesivos Gobiernos del Estado español, y particularmente este del PP, mezcla de mentalidad jacobina mesetaria y de ineficacia en lo esencial de la funciones del Estado, despreciaron las circunstancias de Galiza como si pertenecieran a otro Estado, en la misma medida en que las demandas de corrección eran presentadas sistemáticamente por el nacionalismo gallego. Ya antes del accidente del petrolero Erika frente a las costas bretonas, que provocó las iniciativas legislativas de la Comisión Europea, habían ocurrido frente a las costas gallegas repetidos accidentes de semejantes gravedad, sin que los Gobiernos españoles hubieran promovido normas y políticas destinadas a prevenir los accidentes o remediar sus efectos.

Si antes del Erika el Gobierno español no promovió un cambio normativo que, siendo para toda Europa, tuviese en cuenta las especiales circunstancias gallegas, Aznar siguió despreciándolas en el proceso de aprobación de la legislación promovida por la Comisión Europea a partir de 2000. No sólo se negó a incluir la candidatura de Galiza como sede de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, sino que rechazó aspectos básicos de aquellas iniciativas legislativas, entre ellas una que hubiera establecido la prohibición de la navegación por aguas comunitarias de navíos del tipo del Prestige, que ya había cumplido los 23 años establecidos como límite por la Comisión. Los Estados del Consejo modificaron negativamente las iniciativas de la Comisión y, además de lo dicho, aún no aplicaron lo fundamental de la legislación Erika aprobada por el Parlamento Europeo. El mismo Consejo Europeo de Copenhague denegó una vez más la aprobación del fondo de compensación a las víctimas de los accidentes marítimos que figura en la legislación Erika, limitándose a enviar a Galiza, y a otras comunidades, cinco miserables millones de euros y haciendo la concesión hipócrita de permitir la transferencia de escasos fondos europeos ya destinados en el Estado español a otras necesidades básicas.

En este marco político, la catástrofe puso de manifiesto una grave contradicción política, ya aparecida con el Erika y agudizada con el Prestige y que pasará a primer plano en los próximos meses que, afectando a la propia concepción de la Unión, enfrenta en la UE a los que consideran que la prevención de los accidentes de buques con mercancías peligrosas pasa por establecer una legislación europea estricta y específica y aquellos que aún después de tanta catástrofe pretenden que la navegación en los mares de la UE se rija por las reglas de la Organización Marítima Internacional, favoreciendo la perpetuación de una situación en la que dominan las compañías petrolíferas y las complejas mafias del transporte, un mundo de intereses sin ley que desprecia los perjuicios causados por su afán de rapiña. La legislación establecida por EE UU en 1990 instrumenta medios frente al capitalismo objetivamente delincuente del trafico internacional, entre ellas la creación de una Guardia Costera, la prohibición del transporte de mercancías peligrosas con buques monocasco y el establecimiento de una garantía de 1.000 millones de dólares a los propietarios de buques que recalen en sus puertos con este tipo de mercancías, además de una responsabilidad civil ilimitada exigida a los culpables de los accidentes. Es este tipo de legislación, que siguen negando los Estado europeos, la que le permite a EE UU reclamar a Exxon Mobil 4.000 millones de dólares por el accidente del Exxon Valdez: compárese esta cifra con las que se barajan para compensar a Galiza y a otras comunidades.

La catástrofe del Prestige evidenció el diferente comportamiento de la ciudadanía y de este Gobierno del Estado en situaciones de emergencia, cuando su presencia se hacía mas necesaria. Mostró la ineficacia y la irresponsabilidad de las instituciones gobernadas por el PP -incluida la Xunta- que habiendo despreciado las graves circunstancias del tráfico marítimo frente a Galiza fueron incapaces de crear un sistema de emergencia, ni siquiera contaban con un protocolo de acción, lo que condicionó la decisión tomada en este caso: la peor de todas las decisiones posibles.

Frente a este comportamiento, todos nos sentimos compensados por la lección admirable de la sociedad gallega, de gente del mar en primer lugar, y de las demás comunidades afectadas; todos admiramos el comportamiento solidario de los voluntarios del resto del Estado y aún de otros Estados. Nunca lo olvidaremos: nunca o esqueceremos.