Anotar las opciones sobre acciones dejará de ser opcional
E l International Accounting Standard Board (IASB) sacó a consulta pública en noviembre su propuesta técnica para contabilizar las opciones sobre acciones que las empresas otorguen a sus directivos y empleados. El momento no ha podido ser más oportuno: recesión económica, los precios de las acciones por los suelos, los directivos más preocupados por conservar el puesto que por dar el pelotazo y escándalos financieros y contables alimentando las rotativas de los periódicos.
No tuvo igual fortuna su homólogo norteamericano Financial Accounting Standard Board (FASB), cuando en 1993 se le ocurrió sacar a la luz una propuesta de contabilización de opciones que las trataba como gasto operativo. Lo único que consiguió fue la vehemente contestación de las empresas tecnológicas, los directivos de las grandes empresas y las de capital riesgo que le obligó a recular y contentarse con aprobar la norma (Statesment 123) que obliga a las empresas a simplemente mostrar en una nota a pie de página de sus estados financieros el valor equitativo de las opciones entregadas a sus empleados, pero sin deducirlo de sus resultados como gasto.
De hecho, muchos sostienen que realmente no se trata de un gasto porque no tiene un reflejo en salida de dinero. El único coste que están dispuestos a admitir los defensores de esta postura es la dilución que experimentarán los accionistas en el caso de que se ejerciten las opciones y sólo en ese momento. Pero que sean ejercitadas no hace más que atestiguar que los accionistas han visto revalorizadas sus acciones gracias a la motivación que la concesión de opciones generó entre los directivos y empleados.
Además, alegan, aunque se quisiera reconocer como gasto, no es posible cuantificar su magnitud de forma cierta, con lo que se estaría introduciendo en la cuenta de resultados una información de mala calidad que distorsionaría la imagen fiel de los estados contables impidiendo que los inversores se formaran un juicio fundado sobre el valor de la compañía en relación con las demás.
Según esta línea de pensamiento, los modelos de valoración de opciones están diseñados bajo el supuesto de opciones negociables. Las concedidas a directivos y empleados no lo son; en ocasiones, incluso, incorporan limitaciones a la negociación una vez ejercidas. De ahí se concluye que resulta imposible hacer una valoración más allá de un juicio subjetivo sin mayor fundamento.
Mientras duró el boom bursátil pocos se pararon a pensar en lo razonable de estos planteamientos. Pero con el derrumbe de las cotizaciones, los que antes aplaudían a los gestores de las tecnológicas, ahora criticaban las cuantías de las compensaciones de los directivos. Por si fuera poco, la evidencia ponía de manifiesto que la distribución de las opciones en las empresas -justificadas para captar y retener a los empleados- distaba mucho de no ser otra cosa que un esquema para enriquecimiento de los directivos.
Los estudios realizados en EE UU sobre empresas que conceden opciones a más del 50% de sus empleados vienen a indicar que, de las opciones entregadas, aproximadamente un tercio son percibidas por los directivos, otro tercio por los técnicos y el tercio final se destina a los trabajadores no cualificados.
O dicho de otro modo y, según los datos del National Center for Employee Ownership, mientras los trabajadores percibieron opciones por valor de 7.982 dólares de media en 2000 y los técnicos lo hicieron por valor de 35.481 dólares, los directivos se embolsaron 511.000 dólares.
Estas compensaciones, a decir de sus críticos, en buen número de los casos no se encuentran justificadas por desempeños brillantes de las tareas directivas -tales como crecimiento de la cotización de la empresa a mayor ritmo que el índice del mercado o que la media de sus competidores-, sino simplemente por crecimiento de la cotización en suficiente cuantía para que del ejercicio de la opción se obtenga un beneficio, cuando no por haber reducido el precio de ejercicio de las opciones para alcanzar el beneficio, aunque las acciones vean caer su precio, y con él el patrimonio de los accionistas.
En este entorno es en el que conoce la luz la propuesta del IASB, que no corregirá por sí sola el uso abusivo de las opciones, pero contribuirá al menos a reflejar el coste de estas prácticas en los estados financieros. La norma aporta los factores que habrán de tomarse en consideración para valorar las opciones (precio de ejercicio, precio del subyacente, vida de la opción, volatilidad, tipo de interés y dividendos), tiene en cuenta las opciones que no serán ejercidas porque no se cumplen los requisitos para ello, indica que hay que recalcular el valor cuando hay modificaciones en los precios de ejercicio y tiene en cuenta la dilución, entre otras cosas.
Si la norma es implantada y se aplica con corrección, ayudará a implantar sanas políticas retributivas que hagan un uso sensato de las opciones y estén basadas en criterios aceptables por todos, como, por ejemplo, que sólo puedan ser ejercidas si el precio de las acciones de la empresa crece más deprisa que el de los competidores, si están ligadas a objetivos a largo plazo, si van unidas a la obligación de conservar las acciones en poder de los beneficiarios por un cierto tiempo o si se prohíbe reducir el precio de ejercicio en caso de que caiga el de las acciones.