Implicaciones de políticas parciales
Joaquín Trigo aborda la situación de la coyuntura económica española. Para el autor, la política económica requiere coherencia y persistencia para ser eficaz, pero también necesita anticipar algunos efectos indeseados
Para la eficacia de la política económica se requiere coherencia y persistencia en aplicación, así como anticipar algunos efectos indeseados y adoptar medidas que impidan que sean excesivos. Si la orientación global se contrapone a medidas de signo contrario, o a una aplicación inconsistente con los principios básicos de la norma global, el resultado puede ser de signo contrario a lo esperado. Esto ocurre con frecuencia.
El descenso en los tipos de interés debería incrementar la demanda de crédito de empresas y particulares, lo que aumentaría la demanda y el empleo, pero también reduce la propensión a ahorrar parte de la nueva renta y, en algún caso, incluso podría motivar el desvío de fondos ahorrados hacia el consumo: especialmente si su retribución real es negativa, con lo que la demanda generada por esa vía tendría un impacto en precios que podría frenar la recuperación buscada. Más aún, el volumen de endeudamiento podría llegar a niveles que, en caso de cambio de política y de aumento en el coste del crédito, redujeran drásticamente la demanda y cuestionaran la devolución del principal de los préstamos.
Si esto ocurre, la recuperación será frágil a menos que se compensen de alguna forma; por ejemplo, haciendo tributar por la rentabilidad real, y no la nominal, el desincentivo a ahorrar. Adicionalmente, la confianza de los ahorradores se deterioraría añadiendo otro factor de desconfianza.
La petición de déficit y de endeudamiento para financiar más inversiones cuando la deuda pública es alta apunta a alzas de impuestos y de tipos
Junto con el descenso del ahorro global se puede producir una relocalización del existente. Esto ocurre cuando recursos invertidos en Bolsa o depositados en entidades financieras se orientan hacia la compra de activos inmobiliarios. Así, el precio de la vivienda responde con alzas a la nueva demanda. El abaratamiento de la financiación refuerza el efecto y el alza de los costes, presionados por la mayor demanda, lo completa. Mientras la demanda exceda a la oferta, continuará la tendencia alcista, a menos que se consiga un aumento de la oferta capaz de compensarlo, para lo cual se requiere que las Administraciones territoriales hagan uso de sus atribuciones incrementando el suelo edificable disponible. Si esto no ocurre, el riesgo de creación de una burbuja especulativa sube y el anticipo de esa posibilidad afecta las decisiones de entidades financieras e inversores.
La liberalización parcial del coste de la energía eléctrica ha supuesto beneficios importantes para los consumidores calificados, pero ha deteriorado las cuentas de explotación de las empresas productoras y arriesga que tanto la expansión de la capacidad productiva como las obras de mantenimiento alcancen su nivel óptimo a tenor del incremento previsible de la demanda. Por otro lado, han dado lugar a una desigualdad de costes que pone en situación de debilidad a los clientes no calificados, al menos hasta que puedan acceder a los beneficios de que gozan los grandes consumidores. En este caso, el aumento de competencia en los consumidores perjudica a la que se da entre compradores.
La liberalización de los servicios de telefonía queda lejos de los beneficios esperados por las dificultades de los nuevos operadores para tender con rapidez sus redes, lo que deriva de las demoras en los permisos, de su coste directo y del inducido por las Administraciones que los conceden. El intento de algunos Gobiernos por recibir anticipadamente el beneficio esperado de nuevas inversiones (UMTS) obligó a un endeudamiento excesivo de los operadores, debilitó su solvencia y ha generado expectativas de que el precio de sus servicios será mayor al esperado, con lo que el aumento de la demanda también quedará por debajo de las previsiones y, así, el valor bursátil de estas empresas cayó, perjudicando a los ahorradores. La compensación a los operadores entrantes, en forma de negativa a planes de rebajas de tarifas de los operadores principales, impide a los clientes últimos obtener mejores precios.
El compromiso de estabilidad presupuestaria se ve amenazado cuando se debilita el crecimiento económico. La petición de déficit y, por tanto, de endeudamiento para financiar más inversiones cuando la deuda pública existente se mantiene a un nivel elevado apunta a posibles aumentos de impuestos y de tipos de interés, con lo que la inversión privada puede reducirse en cuantía superior al aumento de la pública neutralizando su impacto.
Por otra parte, el compromiso gubernamental de mantener o reducir el número de funcionarios se cuestiona cuando las Administraciones territoriales incrementan los suyos, con lo que el equilibrio presupuestario conseguido no genera credibilidad respecto a su futuro. Es difícil combinar todos los elementos que entran en un plan de actuación, pero, sin eso, su eficacia es pequeña en el mejor de los casos e incluso podría ser nula o contraproducente.