En 'telecos' se agota el modelo de competencia
Hasta ahora el modelo de competencia en el sector de telecomunicaciones ha estado basado en promover una competencia en dos dimensiones, en infraestructuras (redes) y en servicios, favoreciendo el despliegue de redes alternativas a las convencionales vinculadas a los servicios que ofrecía su titular. De este modo, se han dado concesiones para que hubiera 11 redes de acceso, a las que hay que añadir otras redes unidas a licencias de tipo B1 o C1. Todas estas redes son básicamente explotadas mediante la comercialización exclusiva de servicios por su titular, lo que significa que el efecto multiplicativo de la inversión en redes sobre la competencia en servicios es muy limitado.
La decisión de la CE de abrir el bucle de abonado de cobre a la explotación por otros operadores está encaminada a anticipar la competencia en servicios sobre accesos propios, hasta que el lento despliegue de las redes alternativas permita una competencia efectiva en ese modelo de doble dimensión. Sin embargo, la fijación de las condiciones económicas de acceso a esos bucles de abonado puede modificar significativamente las variables económicas que justifican el despliegue de redes alternativas, al reducir sustancialmente el volumen de inversión requerido (parte del coste económico es un gasto recurrente) y los plazos de recuperación del mismo (menos de un lustro contra cuatro o cinco de las redes de cable), además de la posible reutilización de parte de la inversión (equipos electrónicos). Esta posibilidad está creando incertidumbres sobre la rentabilidad de las inversiones en redes alternativas.
La crisis de financiación que experimenta el sector viene a sumarse a esas incertidumbres, ya que conlleva una mayor exigibilidad a la rentabilidad posible de las inversiones y un uso más selectivo de los recursos financieros disponibles, pudiendo fragmentar el despliegue de redes concentrándolas en grandes ciudades y en núcleos de interés comercial.
Si de un lado el atractivo de esas inversiones se viera disminuido por existir alternativas razonables de menor riesgo para la prestación de servicios equivalentes y, por otro lado, la disponibilidad de esos activos no tuviera su reflejo en el valor de la empresa, precisamente por estar cuestionada su rentabilidad a medio plazo, parece claro que el modelo actual de competencia basado en redes propias para suministrar servicios pudiera estar agotándose.
Algunos datos recientes apoyan estos temores. Los operadores de cable, los que más han invertido en redes alternativas fijas, desplegaron red para llegar en 2001 a cerca de cuatro millones de hogares pasados (casi un 30 % del total). Consiguieron 723.254 clientes directos, es decir, un 18,2 % de su mercado potencial, pero esto sólo supone un 4,14 % de las líneas de acceso en servicio (Telefónica mantiene el 94,77 % de las líneas). Sus inversiones representaron un 17,03 % de las totales del sector, pero sólo obtuvieron un 1,26 % de los ingresos de explotación del sector. Por su lado, los operadores de acceso inalámbrico hicieron un gran esfuerzo para cumplir los despliegues de red exigidos en los pliegos concursales. Sin embargo, la aparición del xDSL y la apertura del bucle de cobre han modificado las ecuaciones económicas que soportaban sus inversiones, entornando cada vez más la ventana de oportunidad de ese tipo de redes.
En las condiciones reseñadas parece razonable pensar que ambos tipos de operadores centrarán sus esfuerzos en aumentar la rentabilidad de las inversiones ya realizadas, más que en extender sus redes si sus perspectivas de rentabilidad no son claras.
A todo este panorama económico hay que añadirle el hecho de que los avances tecnológicos favorecen la convergencia, es decir, que cada vez será más difícil obtener diferenciaciones en el mercado por el tipo de red de que se dispone. Así, las nuevas versiones del xDLS permitirán competir eficientemente, con unos menores coste inversor y riesgo financiero, con las tecnologías de acceso alternativas, el cable y la radio. Por todo ello pensamos que el modelo de competencia actual, basado en la integración vertical de redes y servicios, pudiera estar agotándose.
Se acepte o no esta visión, es claro que la política sectorial debe seguir soportando el desarrollo de ese modelo, tanto por proteger las inversiones ya realizadas y su valor económico como por las externalidades que las inversiones en redes alternativas generan (desarrollo e innovación tecnológica, sostenibilidad de la competencia en los mercados, empleo inducido, etcétera).
Para ello, cualquier decisión o acción política sobre los mercados, finales o intermedios, que se adopte no debería hacerse sin una evaluación precisa de su impacto a corto/medio plazo sobre las inversiones en redes alternativas, de tal manera que se pudieran adoptar medidas correctoras si se observara que los efectos disuasorios de esas acciones van más allá de lo esperado.