La CE se olvida del equilibrio fiscal en aras del crecimiento

Desde que el conservador Francis Mer ocupó en el mes de mayo la cartera de Economía en el Gobierno francés, el antiguo presidente de la mayor siderúrgica del mundo (Arcelor) venía pidiendo a Bruselas, sin éxito, una tregua en el proceso de consolidación fiscal para aplicar durante 2003 rebajas de impuestos que estimularan la actividad.

Otro ministro, este progresista, afianzado en el poder y ajeno a la zona euro, defiende desde hace años que la UE aplique un análisis más cualitativo de las finanzas públicas, para diferenciar el gasto corriente de la inversión pública en infraestructuras, tecnología, sanidad o investigación. El británico Gordon Brown, hasta ahora, había obtenido el mismo resultado que Mer.

Pero desde el mes de septiembre las tesis de ambos ganan bazas en el Consejo de Ministros de Economía de la UE y en la Comisión Europea, sobre todo desde que Bruselas se ha visto obligada a reconocer que la esperada recuperación económica no llegará al menos hasta finales de 2003.

El pasado mes de octubre la Comisión ampliaba el plazo en dos años (hasta 2006) para que Alemania, Francia, Italia y Portugal, los países con mayores desequilibrios presupuestarios, saneasen sus finanzas, a condición de que reduzcan un 0,5% anual su déficit estructural.

Libertad inversora

El ejercicio de realismo se completó ayer al ofrecer al resto de países, que consiguieron el equilibrio presupuestario en 2000 o 2001, que se alejen temporalmente del déficit cero para incentivar el crecimiento y la modernización de la economía europea.

La Comisión no propone ningún parámetro cuantitativo para determinar el margen de maniobra de cada país, sino que se basará, según explicó ayer el comisario de Economía, Pedro Solbes, en el análisis 'caso por caso' de la sostenibilidad de las finanzas de cada uno. 'Hemos optado por esta definición, quizá más vaga y menos precisa, pero que nos parece mucho más correcta', señaló Solbes.

'Tras cuatro años de aplicación del pacto, podemos empezar a desarrollarlo con más inteligencia', afirmó el presidente de la Comisión, Romano Prodi. Es decir, 'asegurar tanto la máxima estabilidad como el mayor crecimiento posible'. Solbes matizó, no obstante, que 'sólo si nos atenemos a las normas, podremos avanzar'.

La oferta comunitaria abre la puerta para un fiero regateo de los ministros de Economía en defensa de su libertad inversora. Y ya se empiezan a alzar voces para que definitivamente se excluyan del cómputo del déficit las inversiones públicas en infraestructuras, siempre que sean cofinanciadas por capital privado.

La vigilancia se extremará, en cambio, sobre los países cuyas deudas públicas sobrepasan el límite del 60% respecto al PIB fijado en el pacto. Grecia (102,8% de deuda), Bélgica (101,7%) e Italia (108%) deberán presentar un plan detallado de reducción de su deuda y enfrentarse a un procedimiento sancionador en caso de no cumplirlo. Hasta ahora, sin que nadie explique por qué, ese proceso sólo se había activado contra los países cuyo déficit había superado el máximo permitido del 3% del PIB (Alemania y Portugal).

Bruselas exige mejores estadísticas

La Comisión Europea advirtió ayer que la calidad de las estadísticas presupuestarias es un elemento imprescindible para la correcta coordinación económica de la zona euro. Bruselas propone a los Estados miembros un código de buena conducta, que les comprometa a remitir a tiempo datos fiables y transparentes sobre la deuda y el déficit público. La Comisión recordó que el déficit excesivo de Portugal en 2001 (del 4,1%) sólo se descubrió a mediados de este año, y gracias a la auditoría encargada por el nuevo Gobierno de Lisboa. En Italia y Grecia también se han producido importantes correcciones de los datos.La CE defiende la creación de indicadores económicos europeos de una calidad al menos similar a la que se ha obtenido con el índice de precios armonizado. Y pide que se dé prioridad a la publicación de los datos a nivel europeo sobre los de escala nacional. Los indicadores más urgentes de la CE se elaboran actualmente a partir de datos provisionales publicados por algunos de los Estados miembros, mermando su calidad y fiabilidad.