La batalla de los híper
Después de varios años de una cierta calma chicha entre las grandes empresas de la distribución y las Administraciones públicas, las aguas vuelven a correr turbulentas. Tras llegar a disfrutar de una total libertad de horarios en los años ochenta y parte de los noventa (libertad perdida por la presión de los pequeños comerciantes que siempre han sabido aprovechar la baza electoral que representan) y de la facilidad de implantación que entonces les proporcionaba un mercado virgen, con una normativa escasa y de pocos miramientos hacia la libre competencia, los grandes grupos de la distribución denuncian ahora el colapso que sufren sus inversiones por el exceso de trabas administrativas y el maremágnum de normas municipales y autonómicas. Así, según datos de la patronal Anged, integrada, entre otras, por El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour o Eroski, la negativa de los ayuntamientos o las comunidades autónomas a otorgar nuevas licencias de apertura de hipermercados tiene paralizada una inversión directa de 2.680 millones que, de liberarse, daría empleo a más de 17.000 personas.
Lo que parecen reflejar estas cifras es que las grandes compañías de la distribución están sufriendo la moratoria, más o menos explícita, impuesta por las comunidades autónomas, que, en algunos casos, hacen uso de la prerrogativa de la segunda licencia para desautorizar una apertura aceptada previamente por un ayuntamiento. El propio ministro de Economía, Rodrigo Rato, criticaba hace unos días que el exceso de regulación (más de 700 normas) impuesto a la distribución comercial se está traduciendo en una limitación de la competencia y en un claro proteccionismo hacia el pequeño comercio y los proveedores. Con todo, pese a esta protección, la estructura comercial en España ha dado un vuelco sin remedio y el pequeño comercio ha perdido la mitad de su cuota de mercado en menos de una década.
Se puede entender que los grandes distribuidores utilicen su poder (el de venta, el de compra y su contribución, no demostrada, al control de la inflación) para justificar sus reivindicaciones. También que los pequeños hagan uso de su fuerza (en este caso, la numérica) para frenar la fuerza colosal del gran comercio. E, incluso, que ciertos Gobiernos autónomos se intenten preservar la riqueza y variedad de un tejido comercial propio de la cultura urbana europea. Lo que resulta inadmisible es que esta combinación de intereses se traduzca en una clara restricción del libre mercado bajo el amparo de normas dispares y prolijas. Además de recomendaciones, más propias de una institución independiente que de un gobernante, el titular de Economía también debería dar algunos pasos para clarificar una situación más que confusa. Las medidas quizá deban ir encaminadas a una reforma de la Ley de Comercio de 1996 que armonice los derechos de las comunidades autónomas con el desarrollo de una actividad económica que genera inversiones, empleo y consumo.