El gran comercio tiene paralizados 51 proyectos con 2.680 millones de inversión

Las principales cadenas de distribución, especialmente los hipermercados, han denunciado reiteradamente por separado los problemas que encuentran a la hora de abrir nuevos establecimientos y han cuantificado las inversiones anuales que han debido frenar. Ahora es la patronal, Anged, la que se queja de la situación que vive el sector a consecuencia de las trabas administrativas y cifra en 51 los proyectos concretos que tiene paralizados. Esto supone tener congeladas unas inversiones que calcula en 2.680 millones de euros.

Según Anged (que agrupa a El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski, C&A e Ikea, entre otras), si todos estos proyectos se llevaran a cabo se generarían unos 17.250 empleos directos, que serían más si se tienen en cuenta los indirectos.

Los motivos que han llevado a esta situación son, según la patronal de la gran distribución, las moratorias en la tramitación de licencias, la inseguridad jurídica, la ralentización de los trámites y las dificultades administrativas en general.

La espera media para obtener una licencia que permita abrir un hipermercado es de casi seis años, aunque esta dilación depende de las comunidades autónomas. Entre las más restrictivas están Cataluña, Baleares y Andalucía, mientras que Madrid figura entre las que pone menos trabas administrativas, según afirman los expertos.

La amplia diversidad de leyes (hay más de 700 normas que regulan el sector) incide directamente sobre la competitividad de las empresas 'y sobre las condiciones de competencia del mercado', según ha señalado la semana pasada Juan Manuel de Mingo, presidente de Anged.

De Mingo argumenta que el actual marco legal que pretende proteger al comercio tradicional no cumple su misión porque 'el único que puede salvar a ese pequeño comercio es el consumidor. Y si el consumidor no encuentra en ese pequeño comercio lo que necesita, pero lo hace en otros establecimientos comerciales, sean grandes, medianos o pequeños, no habrá ley capaz de obligarle a comprar en ese comercio que no le guste'.

Legislación ineficaz

Según un informe elaborado por Anged a partir de datos de Nielsen, en los últimos ocho años 'de legislación restrictiva' se ha conseguido impedir el crecimiento de la gran distribución, pero no se ha logrado incrementar la cuota de mercado del pequeño comercio como inicialmente era previsible. Entre 1995 y 2001 las tiendas tradicionales han perdido un 50% de su cuota de mercado.

Los grandes beneficiados de esta situación son los supermercados, es decir, 'los comercios con superficies inferiores al umbral dispuesto por las leyes y que escapan por tanto a su regulación', según de Mingo.

Otro de los inconvenientes es la falta de un concepto homogéneo para determinar qué es una gran superficie. Mientras en Andalucía, Asturias y Galicia se le da este trato a los establecimientos con más de 2.500 metros cuadrados independientemente de los habitantes en los que se instale el centro, en las Islas Baleares se considera gran superficie a partir de los 400 metros cuadrados para las poblaciones con menos de 10.000 habitantes.

La mayoría de las comunidades autónomas fija las limitaciones en función de la población circundante al establecimiento que se pretende abrir.

Según el informe de Anged, en todas las comunidades ha descendido el número de establecimientos tradicionales en porcentajes que oscilan entre el 19% y el 33%. Los establecimientos donde se registran las mayores pérdidas de cuota de mercado son el pequeño comercio, con el 50%, y los autoservicios, con el 22%.

También los hipermercados, aunque han crecido en número, han perdido entre 1995 y 2001 un 15% de su cuota de mercado.

El supermercado gana

æpermil;sta es una de las razones por las que las grandes empresas de distribución están concentrando esfuerzos en la apertura de supermercados tanto en el centro de las ciudades como en la periferia.

El formato del súper con una superficie de unos 1.000 metros cuadrados y ubicado en una buena zona comercial es el prototipo de establecimiento que más persiguen las grandes cadenas del sector.

Otra de las demandas de Anged es la flexibilización de horarios comerciales, una petición que encontró eco la semana pasada en el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en las jornadas que sobre la distribución organizó The Economist en Madrid.

Rato también advirtió del estrangulamiento que el exceso de normas legales ejerce sobre el sector, ya que ello puede abocar en proteccionismo y limitar la libre competencia.

Las críticas del Tribunal de Defensa de la Competencia

La valoración del Tribunal de Defensa de la Competencia sobre las legislaciones autonómicas en materia de comercio es negativa.Quizá por ello los representantes de Anged se preguntan abiertamente cómo es posible que el tribual advierta sobre una situación de claro ataque a la competencia 'y nadie haga nada, ni tome decisión alguna al respecto con el fin de corregir la actual situación'. El Tribunal de Defensa de la Competencia, presidido por Gonzalo Solana, dejó clara su valoración con ocasión del informe que elaboró para que el Gobierno aprobara la operación de adquisición de la cadena de distribución Enaco por el grupo catalán Caprabo. En ese informe aseguraba, refiriéndose en concreto a la legislación catalana y a las restricciones de instalación que establece para la instalación de superficies comerciales superiores a 2.500 metros cuadrados, que 'en realidad se está protegiendo al monopolista local'. Y continúa: 'A pesar de su naturaleza generalmente competitiva, la distribución minorista se encuentra sometida a numerosas, prolijas y dispares normativas en el territorio español. Su inmediato resultado ha sido el de limitar la competencia'. El Tribunal de la Competencia precisa que las restricciones a la superficie de venta en una zona limitan la competencia al rechazar la entrada de nuevos entrantes en el mercado. 'Se corre así el riesgo', precisa, 'de crear monopolios locales inmunes a la competencia, atrincherados en mercados geográficos al amparo de normativas autonómicas y municipales'. Y aún es más demoledor cuando en el citado informe asegura que 'las restricciones a la libertad de establecimiento perjudican el auténtico sentido de la competencia, como es la garantía del libre acceso y salida de los mercados de forma libre y lealmente'.