De la ortodoxia económica a la reconversión y el ocaso político
Con el golpe frustrado de Tejero todavía caliente, el presidente Leopoldo Calvo Sotelo ironizó sobre su estado de ánimo ante el grupo de cronistas políticos Blanco White convocados en el restaurante La Nicolasa: 'Creedme si os digo que me encuentro como las compresas; en el mejor de los sitios, pero en el peor de los momentos'. Año y medio después de aquel desahogo, Felipe González le había quitado este peso de encima al último representante de la UCD en el Gobierno y comparecía ya como presidente, ninguno lo había hecho antes, en la misa que anualmente celebraba la Brigada Acorazada Brunete. Detrás tenía el respaldo de 10 millones de votos, 202 diputados y ruidos de sables por doquier.
De aquel episodio se recuerda al ministro de Defensa, Narcís Serra, soplándole al presidente algunos gestos obligados de la liturgia castrense en medio de una atmósfera que cortaba la respiración. El equipo económico al que González había nombrado sólo ocho días antes, nucleado en torno a Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Joaquín Almunia, actuaba en otra frecuencia muy distante del cuartel de El Goloso, después de haber adoptado ya sus primeras medidas de choque ante una coyuntura que hacía aguas por los cuatro costados.
Boyer, refugiado ahora en la mudez voluntaria, optó por enterrar algunas de las principales ofertas electorales con las que el PSOE había vendido el cambio para intentar corregir una tasa de paro cercana al 16%, una inflación galopante y una inquietante caída de las reservas del Banco de España. El manual de la ortodoxia económica dictó entonces una devaluación de la peseta del 8%, la elevación en un punto del coeficiente de caja de los bancos y la subida de la gasolina.
En un momento en el que sólo hacía la declaración de la renta la mitad de la población ocupada y hasta el precio de la barra de pan estaba intervenido, recuerda el entonces titular de Trabajo, Joaquín Almunia, 'aprovechamos para hacer el ajuste que había iniciado tímidamente la UCD en 1977 a partir de la firma de los Pactos de La Moncloa'. Interrumpido este ajuste por la crisis del petróleo y la larga agonía del partido que fundara Adolfo Suárez, González retomó las riendas de la economía olvidando promesas como la creación de 800.000 puestos de trabajo. La nacionalización de la banca ni siquiera fue incluida en el programa electoral. Fue, más que una decisión estratégica, aconsejada por el fracaso cosechado en Francia por la política de François Miterrand, una apuesta para tranquilizar a los principales operadores económicos, escépticos ante el mensaje, 'si yo pudiera, invertiría en Bolsa', lanzado meses antes por el entonces candidato del PSOE desde el autobús en el que los periodistas siguieron su campaña.
En esta dirección terminó por ser entendida la expropiación de Rumasa decidida en febrero de 1983. Todo un gesto de autoridad que no se atrevieron a hacer Gobiernos anteriores, y gracias al cual se evitó la extensión del miedo y la desconfianza en un sistema financiero cuya fragilidad se proyectaba ya entonces, 10 años antes de la intervención de Banesto y de las fusiones del Bilbao y el Vizcaya y el Central con el Hispano, en las dificultades por las que atravesaba Banca Catalana. De nacionalizaciones como tales, pues, sólo el holding de la abeja y la red eléctrica de alta tensión.
Ingreso en la Comunidad
'La prueba de que tuvimos éxito en esta etapa de ajuste', sostiene Almunia, 'fue que la economía se enganchó al crecimiento sostenido con reformas en el mercado de trabajo y en el sistema de pensiones que desembocaron en el ingreso en la Comunidad Europea'. La firma del Tratado de adhesión a la CE se produjo en junio de 1985, después de casi tres años de duras negociaciones. El paso llegó con un cuadro económico más optimista que un trienio antes gracias a la reducción de la inflación y el déficit público, no así de la tasa de paro, engordada con 700.000 nuevos desempleados.
Esta distorsión produjo continuas fricciones entre La Moncloa y la sede socialista de Ferraz, controlada ésta última por el vicepresidente Alfonso Guerra. Las tensiones entre el Gobierno y el partido tuvieron también un reflejo directo en la relación con UGT, ante la resistencia de su secretario general, Nicolás Redondo, a ocupar un lugar secundario en las principales decisiones económicas. El largo enfrentamiento alberga episodios de roce poco conocidos entre uno de los principales referentes del socialismo contemporáneo, como fue Ramón Rubial, y el propio Redondo, que finalmente dejaría su escaño de diputado en 1987.
Paradójicamente, recuerda Almunia, la explosión de las tensiones con los sindicatos surgió en la segunda legislatura del PSOE, cuando la economía crecía al 4%, después de que la 'central hermana' se sumara a la estrategia de Comisiones Obreras, en aquella época plegada a los intereses del PCE, hasta sembrar el clima de incomunicación con el Ejecutivo que alumbró la huelga general de diciembre de 1988. Después vendrían también las protestas de mayo de 1992, contra el recorte del subsidio de desempleo, y la de enero de 1994, contra la reforma laboral.
Pero fue la primera, la del 14-D, la que pasó una factura más cara al Gobierno, a pesar de que la gestión desarrollada hasta entonces posibilitó el nacimiento en la década de los noventa de un Estado del bienestar relativamente confortable. Desde 1982 hasta la primera gran protesta sindical contra Felipe González, tras la que amagó con su dimisión (él lo desmiente), se crearon 1,6 millones de plazas escolares y se triplicó el presupuesto en educación, hasta 1,5 billones de pesetas. En esos seis años el gasto sanitario pasó de 1 a 1,7 billones, el 5% del PIB.
Práctica socialdemócrata
Con el sentido crítico que facilita la perspectiva histórica, Luis Carlos Croisier, ministro de Industria entre 1986 y 1988, subraya el contraste que hubo entre el discurso del Ejecutivo y su política social. 'En realidad se modernizó el país con un discurso liberal, muy duro, con un alto coste político, mientras que en los procesos de ajuste se tejió una red de protección considerable dentro de la tradición más socialdemócrata'. Buena muestra de ello fueron las prejubilaciones tan generosas que florecieron en algunos procesos de reconversión industrial, donde sobraban más de 80.000 trabajadores, e incluso los pactos salariales en la función pública, aunque estas cesiones fueron insuficientes para cauterizar una sangría electoral tan lenta como persistente.
La primera gran reconversión industrial que afrontó Solchaga en su etapa como ministro de Industria fue continuada por Croisier cuando dentro del PSOE ya había cundido la impresión de que el ajuste había terminado y se había agotado el precio político a pagar. 'Después del naval, del textil, faltaba otro gran empujón en el sector de la siderurgia integral y de los bienes de equipo... Para evitar mayores conflictos comencé a hablar de la reconversión permanente', recuerda el ex ministro. En el sector eléctrico se dejó que estallara la situación de Fecsa, factura que finalmente abonaron, en parte, los bancos acreedores. A cambio, nació el marco legal estable, con las primeras reglas de juego que sirvieron para ordenar el sector.
En la década comprendida entre 1986 y el triunfo electoral de José María Aznar también se iniciaron con discreción numerosos procesos de privatización, en los que el Estado ingresó 1,5 billones de pesetas. Uno de sus protagonistas, el ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez, acude ahora en transporte público al trabajo desde su vivienda ubicada a 18 kilómetros de Madrid.
Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Administraciones Públicas e Industria en los últimos gabinetes de Felipe González, considera que vivió 'los 13 años más intensos de liberalización económica y redistribución de la renta que se han conocido', durante los que también se dio un salto de gigante en la construcción de nuevas infraestructuras, se creó el actual Estado de las autonomías y se neutralizó el riesgo del golpismo, misión a la que contribuyó la permanencia en la OTAN tras el referéndum de marzo de 1986.
Cuando Aznar cogió el testigo del Gobierno a muy pocos les sonaba el nombre del jefe de las Fuerzas Armadas, a diferencia de lo que ocurría en 1982. En cambio, se habían hecho populares apellidos como los de Roldán, Salanueva o Galindo, a través de escándalos inteligentemente conducidos desde el PP y sus terminales mediáticas con años de antelación contra un Gobierno políticamente cercado que, en una derrota parlamentaria sin precedentes, vio rechazados los Presupuestos que había elaborado para 1996 en medio de una petición unánime de elecciones anticipadas por parte de la oposición.
La fuerte sacudida sufrida por el último gabinete de Felipe González, alimentada por la prolongada división interna en el PSOE, llegó a nublar buena parte de los aciertos de 13 años de gobierno, incluida la tarea final realizada desde Economía por Pedro Solbes en el saneamiento de las cuentas públicas, a través de una política presupuestaria que recuperó la ortodoxia inicial y acabó con la alegría exhibida en los fastos de 1992.