A cuentagotas con el Presupuesto del Estado
La desaceleración económica y la fijación de prioridades como la inversión dejan un estrecho margen para la política de pymes, cuya dotación crece en 2003 por debajo del PIB nominal
Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año han sido diseñados en un escenario previo de desaceleración económica (en 2002 sólo se crecerá un 2%, según el Banco de España), del que se prevé salir gracias a una inyección de renta vía políticas de demanda (como las rebajas tributarias) y alcanzar un objetivo de crecimiento del PIB del 3%. La reforma del IRPF, el esfuerzo inversor y el gasto social centran las prioridades de las cuentas públicas para 2003 y dejan poco margen presupuestario para otro tipo de iniciativas.
Los fondos destinados a pequeñas y medianas empresas apenas representan un 3% del montante dedicado a actividades productivas e inversoras (ver cuadro), un capítulo en el que se llevan la palma los fondos dirigidos a infraestructuras y subvenciones agrícolas. Los datos son evidentes. De 21.326 millones de euros con que cuenta el presupuesto de gasto productivo e inversor (ver presupuestos consolidados), sólo 524 millones corresponden a pymes, con la agravante de que esta partida la tienen que compartir con otras actividades comerciales y el turismo.
En relación con los fondos previstos para este año, la cifra supone un crecimiento del 3,8%, muy por debajo de las tasas previstas para investigación (8,3%), seguridad ciudadana (7,4%) o educación (9,7%) e inferior al PIB nominal, que en 2003 no llegará al 6%. Se trata, por tanto, de un presupuesto austero, a lo sumo, continuista en lo que se refiere a la promoción de las pequeñas empresas.
Se trata de unos Presupuestos austeros y continuistas, en los que la ayuda a las pymes tan sólo crece un 3,8%
Dado de que se dispone de escasos fondos para el apoyo a las pymes, el Gobierno ha decidido priorizar los existentes para el desempeño de dos tareas que, por otra parte, han sido el eje operativo del Ejecutivo en los últimos años. Una de ellas es el 'área de promoción comercial e internacionalización', que contará con 274,73 millones de euros en 2003, representando más de la mitad (52,34%) del presupuesto asignado a pymes y comercio. La prioridad de esta área es mejorar la participación de las empresas españolas en los mercados internacionales, mediante la planificación y desarrollo de políticas comerciales, tanto bilaterales como multilaterales, además del control de las transacciones exteriores.
Entre los instrumentos de los que se dispone para promover las inversiones de carácter productivo y potenciar la red comercial de pequeñas empresas en el exterior, juega un papel fundamental la actividad desarrollada por el Instituto de Comercio Exterior (Icex), que asegura la presencia de productos españoles en las distintas ferias internacionales. El Icex se encarga también de potenciar la capacidad de adaptación de las pymes a las coyunturas económicas cambiantes en los mercados exteriores, como ocurre ahora cuando la zona euro no acaba de reactivar su economía, presa de los males de sus principales valedores, como Alemania, que representa la tercera parte del PIB comunitario.
El fomento de las exportaciones se completa con actividades de índole informativa, promocionales, de divulgación de servicios en Internet y captación de la inversión extranjera a través de las oficinas comerciales situadas en los países de mayor potencial inversor. Aparte del área de apoyo comercial, de los Presupuestos se desgaja otra área, más específica, 'de apoyo a la Pyme', dotada con otros 77,4 millones de euros, con el ánimo de mejorar la competitividad y la creación de empleo. Se trata de dar continuidad en 2003 al Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme (2000-2006), un ambicioso proyecto que, al igual que en ejercicios anteriores, cuenta con una dotación escasa, tal y como reconocen desde el Ministerio de Economía. El Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme (2000-2006) tiene también entre sus funciones la realización de estudios analíticos para mejorar el tejido empresarial. Para 2003, prevé la elaboración de un estudio, a través del Observatorio, sobre la situación económica y financiera de los empresarios autónomos, por su importante peso en la economía de país. Analizará también la carga burocrática que conlleva la creación de nuevas pequeñas empresas, preferentemente en régimen de autoempleo o bajo la forma de persona física.
La ayuda a este colectivo no sólo se circunscribe al ámbito de los Presupuestos. En la nueva Ley del IRPF, que entrará en vigor en enero de 2003, se van a introducir novedades importantes, y con transcendencia presupuestaria. Una de ellas, que ya ha sido introducida en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados (falta el del Senado y la segunda vuelta en la Cámara baja), permite a los autónomos acogidos al régimen fiscal de estimación directa del IRPF deducirse, al igual que sus familiares directos, las primas de seguro de enfermedad hasta un máximo de 500 euros anuales por cada uno de ellos. La iniciativa partió de los nacionalistas catalanes de CiU, y fue secundada por el Partido Popular. Por otra parte, se mantiene la tributación por el sistema de módulos para las pequeñas empresas constituidas como sociedad civil (en régimen de atribución de rentas), algo que se había suprimido en la tramitación inicial del texto, en el Congreso.
Autónomos
Pero la principal novedad que afecta a los autónomos y a las pymes en general, parte de la reforma de la Ley de Haciendas Locales, que el Ejecutivo prevé que entre en vigor también en enero de 2003 y que tendrá incidencia, asimismo, en los Presupuestos Generales del Estado. El proyecto de ley, que fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, diseña un nuevo modelo de financiación local en el que se retocan todos los tributos municipales, entre ellos el impuesto de actividades económicas (IAE), que es objeto de una profunda reforma.
La promesa electoral del PP, realizada hace más de dos años, de suprimir este tributo para el 90% de las pequeñas empresas, se va a hacer realidad, aunque bien es verdad que afectará de forma desigual al colectivo de pymes, que es muy heterogéneo. Dado que el IAE es un tributo de relevancia para los municipios (representa la segunda fuente de financiación vía impositiva), la supresión del impuesto para la mayoría de las pymes provoca la dificultad de compensar a las corporaciones locales por la pérdida de recaudación (por el IAE se recauda cerca de 1.800 millones de euros anuales en todo el territorio nacional) que de ello se deriva.
Al final, el Gobierno ha optado por financiar parte del coste con un crédito presupuestario y parte con un incremento de la recaudación derivado de las empresas que seguirán pagando el IAE, que son las grandes sociedades y las de mayor tamaño dentro de las pymes. De esta forma, el proyecto de ley estipula la exención del pago del impuesto para las personas físicas (autónomos) y las personas jurídicas con una facturación anual inferior a un millón de euros. El Ministerio de Hacienda calcula que, gracias a ello, 2,1 millones de pequeñas empresas dejarán de pagar el tributo el próximo año, con un ahorro medio de 400 euros anuales.
Pero hay una parte pequeña de pymes (las de mayor tamaño) que no sólo no dejarán de pagar el tributo, sino que deberán abonar más. El texto estipula un incremento de gravamen progresivo, en función de su facturación, y que puede alcanzar hasta el 35%.
La voz de la patronal Cepyme ya se ha alzado, descontenta por la decisión, pidiendo que el listón para la no tributación se eleve, al menos, a los dos millones de euros de facturación, para aglutinar a la inmensa mayoría de las pymes.
El Gobierno no está dispuesto a escuchar esta propuesta, al menos de momento. Elevar el listón a dos millones de euros supondría, en la práctica, desplazar a las arcas del Estado la mayor parte de la compensación económica que se debe realizar a los municipios. La tesis de Hacienda parte de la base de no sacar ni un euro más de lo reservado en los Presupuestos Generales para este fin (una partida de 763 millones de euros), máxime si se tiene en cuenta el alto grado de incertidumbre económica que existe y el escaso margen de maniobra con que se cuenta para ajustar los ingresos a los gastos, tal y como obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Mientras el Gobierno ultima con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) las compensaciones finales para las corporaciones locales por la reforma del impuesto, la intención del Ministerio de Hacienda es que las grandes empresas y las pymes de mayor tamaño contribuyan en el nuevo IAE con una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros, más de la mitad de la recaudación del tributo. El nuevo IAE contempla, además, la posibilidad de que los ayuntamientos establezcan una serie de bonificaciones para las nuevas empresas y las que creen empleo. De esta forma, se permite la exención del tributo de las nuevas actividades durante el primer año de actividad y una bonificación del 50% en los cinco años siguientes. Los ayuntamientos podrán bonificar con un 50% de la cuota a las empresas que creen empleo. Además, ésa parece la variable número de empleados para calcular la cuota del impuesto, una vieja reivindicación de la patronal, que considera que penaliza la generación de puestos de trabajo.
El Gobierno confía en que el incremento de actividad derivado de la reforma del IAE y del IRPF sirva de impulso para alcanzar un crecimiento del PIB del 3%, cifra incluida en los Presupuestos Generales, algo que la mayoría de los analistas considera demasiado optimista, dado el actual escenario de incertidumbre económica.
Más de 500 millones en beneficios fiscales
Los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año prevén destinar 3.393 millones de euros a incentivos fiscales a través del impuesto de sociedades, de los que buena parte corresponderá a las pymes. La aplicación del tipo de gravamen reducido del 30% (el general es del 35%) supondrá un ahorro fiscal para las pequeñas y medianas empresas de 530 millones de euros, frente a 404 millones del Presupuesto anterior. Ello se explica por la elevación de tres a cinco millones de euros del límite máximo de facturación anual para que una empresa pueda aplicarse el tipo especial del 30% y ser considerada pyme a efectos fiscales. Plusvalías Aparte de esta cantidad, las pymes se beneficiarán de las deducciones generales en la cuota del impuesto a todas las empresas por inversiones y creación de empleo. En este capítulo destacan los 854 millones de euros (142.000 millones de pesetas) que Hacienda prevé recaudar de menos por los incentivos fiscales (reducción del tipo de gravamen del 35% al 18%) a las empresas que reinviertan beneficios extraordinarios (plusvalías latentes de años anteriores). Otra modificación que tendrá una notable incidencia, según el Gobierno, es la ampliación de la deducción por contribuciones empresariales a planes de pensiones. Hacienda calcula un impacto en la recaudación de otros 120 millones de euros, a los que se suman las deducciones por gastos en I+D (170 millones de euros).