Una decisión sin precedentes
Julián Ariza analiza la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con el 'decretazo'. Para el autor, el nuevo escenario es bueno no sólo para trabajadores y sindicatos, sino también para la economía y las relaciones laborales
Cabría pensar que, si en nuestro país existieran hábitos democráticos mucho más dilatados y sedimentados en el tiempo, habría tenido menor eco mediático que el Gobierno, tras constatar el amplio rechazo social que había provocado el decretazo, rectificara y en buena medida restableciera la situación anterior. Claro es que, con más cuajo democrático, lo probable es que no se hubieran puesto en marcha tan desafortunadas medidas y, menos aún, a través de las toscas maneras utilizadas para ello. Sea como fuere, lo ocurrido aquí la semana pasada, donde apenas ha habido medio de comunicación que no situara en sus portadas y a grandes titulares la noticia de la incompleta rectificación del susodicho decretazo, merece ser comentado.
No cabe duda de que el rebobine del Gobierno es una noticia relevante. Sobre todo si se recuerdan episodios como los protagonizados por Aznar cuando, en relación a la entonces sólo anunciada huelga general del 20 de junio, habló de que podía conformarse con un empate, pero había decidido 'ganar el partido'. También realza lo ahora sucedido el que, en su momento, los portavoces del Gobierno consideraran inexistente aquella huelga e incluso que en respuesta a una reciente pregunta parlamentaria sobre el grado de seguimiento de las manifestaciones en la calle que a lo largo y ancho del país se realizaron aquel mismo día se diera una cifra algo superior a 200.000 personas, es decir, entre cinco y ocho veces inferior a la proporcionada por varios de los medios de comunicación que trataron de informar sobre la verdad de lo que ocurría. Sin embargo, es, quizá, la costumbre de ver a nuestros Gobiernos perseverar en la posición de 'sostenella y no enmendalla' cuando sus medidas devienen en confrontación social, uno de los motivos de la sorpresa con que la ciudadanía, en general, y las fuerzas políticas, económicas y sociales, en particular, han acogido la marcha atrás en una normativa comenzada a aplicar hace sólo tres meses, excepción hecha de la que afecta al subsidio agrario.
Durante este cuarto de siglo de democracia, el país ha vivido cinco huelgas de ámbito general. La hubo en el verano de 1985 con motivo de la reforma de las pensiones, vino después la de diciembre de 1988 en demanda de un giro social a la política del Gobierno, volvió a repetirse en la primavera de 1992 contra la reforma de las prestaciones por desempleo; siguió la de enero de 1994 contra la reforma laboral y, por último, la del 20-J.
Si el conflicto provocado por el 'decretazo' hubiera permanecido abierto más tiempo, habría sido un lastre político y electoral para el PP
Pues bien, en ninguna de las cuatro primeras se produjo rectificación por parte de los Gobiernos -entonces presididos por Felipe González-, excepción hecha de la de diciembre de 1988, donde retiró el proyecto de Plan de Inserción Laboral de los Jóvenes, aspecto menor de las reivindicaciones planteadas.
De lo dicho se desprende que lo ahora hecho por el Gobierno no tiene precedentes y que, aun con el rechazo que provoca el trato discriminatorio que, de momento, mantiene hacia los trabajadores del campo, en los sindicatos ha sido recibido con indisimulada satisfacción. Pues a la solvencia de los motivos por los que rechazaron el desdichado decretazo, se suma ahora el plus de legitimidad que proporciona el reconocimiento por parte del contrario de que tenían razón.
Sería equivocado concluir que la conducta del Gobierno responde a su mayor sensibilidad hacia las demandas de los sindicatos. Si fuera así, no habría cometido la torpeza de promulgar por trámite de urgencia unas reformas que, por encima de cualquier otro calificativo, eran injustas socialmente e inoperantes para el supuesto fin con se intentaron justificar, esto es, la mejora del empleo. Tampoco habría hecho tambalear cinco años de fructífera concertación social. De ahí que sea lógico pensar que la causa de la rectificación tenga mucho que ver con la capacidad de respuesta de los sindicatos, bastante superior a la que se les atribuía cuatro meses atrás. Pero no es sólo eso. También en las anteriores huelgas la participación fue considerable. Lo nuevo de la situación es que, al haber demostrado con hechos, un año detrás de otro, su predisposición hacia el diálogo y la solución negociada de los conflictos, así como su decisión de contribuir a la lucha contra el paro subordinando a ella todo lo demás -léase, por ejemplo, moderación salarial en tiempos de fuerte crecimiento económico-, la credibilidad de los sindicatos ha ido en aumento a la par que disminuía la del Gobierno.
Así las cosas, aciertan quienes han dicho que, si el conflicto provocado por el decretazo hubiera permanecido abierto mucho más tiempo, se habría convertido en un enorme lastre político y electoral para el Partido Popular.
En cualquier caso, la decisión del Gobierno debe considerarse un ejercicio de sensatez. Lo congruente es que ayude a resolver cuanto antes el foco de conflicto que representa la extinción del subsidio agrario.
Estamos, pues, ante un escenario que ha cambiado en positivo, no sólo para los trabajadores y para los sindicatos. Le viene bien, entre otros campos, al de la economía y al de las relaciones laborales. Le viene bien al país. Habrá que esperar que las patronales lo entiendan así y no pongan demasiadas piedras en el camino.