Clarificar la rectificación
Si rectificar es de sabios, en general, con los Gobiernos hay que ser más estrictos en el reconocimiento de esa virtud si no rectifican a tiempo, puesto que sus errores dañan a terceros y las rectificaciones tardías no suelen resarcir a los perjudicados. No obstante, es apreciable que admitan la reconsideración de sus decisiones injustas y más constructivo que sostenerlas contra viento y marea.
La gran concentración convocada por los sindicatos cerraba la semana pasada con cientos de miles de trabajadores congregados el sábado ante la Puerta de Alcalá de Madrid y abría ésta con las modificaciones al decretazo anunciadas por el ministro Zaplana a los sindicatos el lunes. Una buena noticia en primer lugar para los trabajadores, que recuperan sus derechos ante eventuales despidos y prestaciones en caso de caer en el desempleo, también lo es para toda la sociedad -incluidos los empresarios-, si ante los tiempos que se avecinan sirve para recuperar el diálogo social. Y para las centrales sindicales, que han visto reforzada su capacidad de movilización y sobre todo la utilidad de su función al conseguir que se atendieran sus razones, al menos parcialmente.
Se equivocan quienes creen que se puede prescindir del movimiento sindical. Como vino a decir desde la tribuna de oradores el pasado sábado Javier López, secretario general de las Comisiones Obreras de Madrid, se puede gobernar al margen de los trabajadores y se harán malas políticas por debilitar la equidad social (condición necesaria incluso para la eficiencia económica), pero no puede hacerse en su contra y en abierta hostilidad con sus sindicatos representativos y democráticos, porque eso es desgobernar conduciendo al fracaso a todo un país. Ahora es irrelevante que unos ministros nieguen haber rectificado la reforma o que otros caractericen los cambios como simples retoques técnicos, para toda la opinión pública queda claro que el Gobierno ha tenido que volver sobre sus pasos.
Mayor importancia tiene negar que desde la entrada en vigor del decreto no hayan pisado derechos y prestaciones de muchas personas, porque casi 90.000 han perdido los salarios de tramitación, más de 4.000 se han quedado sin el subsidio agrario y alrededor de un centenar han sido sancionadas por el Inem.
También tiene trascendencia que el método empleado para introducir las modificaciones no haya sido el de la negociación con los sindicatos, sino el de transaccionar enmiendas con los grupos parlamentarios. Porque no salda el conflicto plenamente como habría sido deseable y deja algunas zonas confusas en la nueva redacción del texto en tramitación.
El problema con los trabajadores de la agricultura no se limita al acceso de los jornaleros de Andalucía y Extremadura a los subsidios del Plan de Empleo Rural (PER).
Siendo éste un fleco muy importante que queda sin resolver por el momento, lo es aún más el del nuevo sistema contributivo para el desempleo que afecta a los trabajadores y trabajadoras agrícolas de toda España, a quienes se les aplican cotizaciones porcentualmente más elevadas que al resto de los asalariados para obtener prestaciones más bajas, además de exigirles requisitos prácticamente inalcanzables, como el de haber cotizado los 365 días del año y por jornadas completas.
También quedan por aclarar cuestiones como la del cobro de los salarios de tramitación cuando el empresario no reconoce la improcedencia del despido hasta el acto de conciliación (al menos 20 días después del despido y unos meses antes del juicio); si las vacaciones no disfrutadas cotizan además de computar a efectos de Seguridad Social o si los fijos discontinuos que recuperan las prestaciones por desempleo son también los que, a raíz de la reforma laboral de marzo de 2001, pasaron a ser considerados trabajadores a tiempo parcial o quedan excluidos como puede inferirse de la enmienda transaccional que hace referencia a este crucial asunto.
Son cuestiones que conviene resolver en unos casos -subsidios de Andalucía y Extremadura y sistema contributivo del conjunto del sector agrícola- y aclarar en los restantes, para superar cuanto antes el conflicto abierto con el decretazo de mayo y abordar sin demora cuestiones pendientes de tanta gravedad como es la siniestralidad laboral o retos inminentes como la renovación de los acuerdos para la próxima etapa de negociación colectiva, en un marco de menor creación de empleo e inflación creciente.